Ni siquiera ha llegado a tramitarse. La Asamblea de Madrid ha tumbado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la vivienda por un escaso margen. Por 57 votos a favor (PSOE y Podemos) y 65 en contra (votos de PP y Ciudadanos), la iniciativa ciudadana contra los desahucios y la pobreza energética, que había recogido más de 70.000 firmas durante los últimos meses, no ha sido tomada en consideración, por lo que no se tramitará.

La medida, que proponía una ley urgente en materia de vivienda para facilitar el acceso de los madrileños a vivienda pública y alquileres sociales, además de impedir que se ejecutaran desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y sanciones económicas a los grandes tenedores de viviendas vacías, fue promovida y desarrollada durante el año pasado por la Coordinadora de Vivienda de Madrid ─en la que se integran la PAH y los grupos de vivienda surgidos del 15-M─, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas (ALA).

Los promotores contaban con el apoyo del PSOE y Podemos para que, al menos, fuera admitida a trámite este miércoles y pudiera debatirse y enmendarse por los partidos en la Asamblea. Tras reunirse con PP y Ciudadanos, los promotores no consiguieron el compromiso de estos partidos si tan siquiera para que fuera tomada en consideración y debatida en la Cámara regional, aunque tampoco se habían mostrado públicamente contrarios a su trámite parlamentario.

Sesión interrumpida y activistas expulsados

Tras la votación, un grupo de activistas por el derecho a la vivienda, que asistían como invitados desde la tribuna, han interrumpido la sesión gritando el lema "Sí se puede pero no quieren", que popularizó la PAH en 2013, durante su campaña por la ILP contra los desahucios, por la dación en pago y el alquiler social que el PP también tumbó en el Congreso de los Diputados. Alrededor de las 13.00 se han levantado y también han comenzado a gritar a los diputados del PP "vergüenza", "ladrones" o "corruptos", y han lanzado octavillas. También han lanzado críticas contra los diputados de Ciudadanos, a quienes no descartan realizar eschraches.

La presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, ha pedido que fueran desalojados de la tribuna de invitados, pero el personal de la Cámara ha tardado en llegar hasta el hemiciclo y la presidenta ha optado por la suspensión del Pleno durante un cuarto de hora aproximadamente, hasta que la tribuna ha sido desalojada.

Mientras PP y Ciudadanos daban al traste con muchos meses de trabajo del grupo promotor, en la puerta de la Asamblea se habían concentrado decenas de activistas, que ha recibido a sus compañeros expulsados de la tribuna entre la frustración y la rabia. "Sentimos mucha indignación, mucha tristeza e impotencia", ha declarado a Público Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma que se encargó de defender hace pocos días la ILP en la Comisión de Vivienda de la Asamblea.

"Una vez más hemos visto como al PP y a Ciudadanos les importan un bledo los desahucios y las personas que se quedan sin casa y sin suministro eléctrico. Sólo quieren que la especulación inmobiliaria siga campando a su anchas en Madrid", ha lamentado la letrada. "Es increíble que ni siquiera han votado a favor de tomar en consideración una ley que ha implicado muchos meses de esfuerzo humano y económico y que tenía el apoyo de 77.000 personas que firmaron para que la medida llegara y se debatiera en la Asamblea", ha destacado en la puerta de la cámara, donde permanecen concentrados aún.

"Habíamos apostado por la ILP como la fórmula para cambiar las leyes o para crear las que nuestros políticos no han creado en 38 años de democracia, pero esta tampoco es la forma, al parecer. Vamos a seguir luchando y autotutelando nuestro derecho a una vivienda, eso está claro porque no nos queda más remedio", ha añadido Jacinto.

Problemas de inconstitucinoalidad

Pese a que la ILP hubiera sido tramitada y aprobada en su totalidad, lo más probable es que hubiera corrido la misma suerte que otra leyes o decretos autonómicos que iban en la misma línea. El Gobierno del PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional cada intento regional por paliar el drama de los desahucios y por impedir que las entidades financieras acumulen miles y miles de viviendas vacías mientras cada vez más familias han perdido sus hogares. Pese a que el derecho a la vivienda está recogido en el artículo 47 de la Constitución, el propio Tribunal Constitucional, a instancias de recursos del Ejecutivo, ha suspendido todas las leyes regionales contra los desahucios desde que entró en vigor la de Andalucía. Las últimas, las leyes catalana y valenciana. 

Precisamente, el pasado lunes, el Ministerio de Justicia advirtió en un informe técnico que seis de los artículos de la ILP madrileña eran potencialmente inconstitucionales. En concreto, los referidos a las expropiaciones de uso y sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía, que invadiría las competencias del Gobierno central, como ya ha sentenciado en repetidas ocasiones el TC. También advertía de la probable inconstitucionalidad de otros artículos que invadían el derecho a la propiedad.