El Gobierno y las comunidades autónomas han decidido este miércoles posponer la votación del Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a la espera de cerrar los últimos detalles.

Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Euskadi, Murcia, Catalunya, Andalucía, Galicia y Ceuta habrían mostrado su rechazo al plan; mientras que Navarra, Baleares, Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla estarían a favor del mismo. Castilla y León y Asturias se habrían situado en una posición de abstención en caso de haberse producido una votación.

Se trata, en definitiva, del rediseño de las residencias de mayores y de los servicios de atención a estas personas. La propuesta que maneja el departamento dirigido por Ione Belarra se estructura en tres ejes fundamentales: un mayor refuerzo de la asistencia en el domicilio (o teleasistencia), mayor ratio de profesionales de los cuidados por ciudadano, y un nuevo modelo de los centros residenciales para que se asemejen todo lo posible a un hogar.

El objetivo en la teleasistencia es que las personas que reciban cuidados en sus hogares puedan tener un servicio integral a través de la coordinación de equipos de proximidad que permitan una asistencia integral. La propuesta recoge que el plan de atención y apoyos deberá diseñarse, ejecutarse y evaluarse de forma coordinada entre los equipos de los distintos servicios, de forma que la persona atendida tenga un único plan.

Además, en la ayuda a domicilio el trabajo deberá organizarse preferentemente, según la propuesta, en pequeños equipos de profesionales cercanos que atenderán a las personas de una misma área territorial, minimizando los tiempos de desplazamiento; trabajando con una lógica y enfoque comunitario; compartiendo la información relevante y promoviendo un enfoque de intervención personalizado.

En el caso de la atención en centros residenciales, el plan de Derechos Sociales establece que se debe avanzar en la creación de un "ambiente hogareño" a través de un proceso en el que participen tanto los usuarios de las residencias como sus familias. Para avanzar en esta cuestión, la propuesta es la de reducir los aforos en los centros para crear pequeñas unidades de convivencia que permitan una mayor integración y comodidad de las personas mayores.

La vida de las residencias se organizaría en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas, y estas unidades tendrán sala de estar, comedor y un espacio para la preparación de comidas. También dispondrían de forma gratuita de conexión y dispositivos para el acceso a Internet, tanto en espacios comunes como privados.

Atención "libre de sujeciones"

Para garantizar el derecho a la intimidad la propuesta establece un 65% de habitaciones de uso individual en las plazas públicas de los centros de nueva construcción y, además, todas las habitaciones tendrán acceso a baño adaptado.

Tanto en las residencias como en los centros de día, este plan contempla como objetivo avanzar hacia una atención "libre de sujeciones" físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas. La máxima será la de no utilizar este tipo de métodos en ningún caso, salvo que sea estrictamente necesario (en el caso de que la integridad física de la persona atendida, de sus cuidadores o de su entorno esté en peligro).

Antes de aplicar sujeciones, la propuesta obliga a demostrar que se han intentado emplear otro tipo de recursos (basados, sobre todo, en la prevención) para tratar de evitar situaciones de riesgo, y se presentarán informes previos para evaluar si realmente es necesario algún tipo de contención física o farmacológica. El plan se fija un periodo de tres años para implementar completamente los planes de atención libre de sujeciones y coerciones en los centros de día y residenciales.

Con el objetivo de acompañar todas estas transformaciones, se propone mejorar las ratios de personal tanto en centros residenciales como en centros de día, respecto a las establecidas en el anterior acuerdo de 2008. 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta 1 trabajador/a por cada 2 residentes.

Algunos territorios, como Castilla-La Mancha, ponían en duda que el Ejecutivo acompañara de suficiente financiación para las autonomías la modernización del modelo asistencial y de atención a la dependencia. Finalmente, este miércoles no se ha producido una votación, y tanto el Gobierno como las comunidades esperan poder alcanzar un consenso próximamente.