El plan del Ayuntamiento de Valencia de destinar 350.000 € a un programa para maltratadores indigna a las feministas

Entre el estupor, la indignación y la desolación. Así se sienten las cerca de 60 entidades, asociaciones y organizaciones feministas ante la contratación del Ayuntamiento de Valencia de un programa de intervención psicosocial con hombres condenados por violencia de género y que les ha hecho firmar un manifiesto con el que quieren que el consistorio cambie de parecer. Exigen “la retirada inmediata de la licitación de este contrato y que el dinero recibido se destine a cubrir las necesidades de las víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos”, tal y como reza en el documento.

La rabia del colectivo feminista se explica por la decisión del consistorio valenciano de no haberle consultado para poner en marcha una medida cuyo objeto es “desarrollar, implementar y evaluar” un programa de intervención psicosocial con hombres condenados por violencia de género, derivados por el Sistema Penitenciario y con aquellos hombres que decidan acudir de forma voluntaria, basado en el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas (PRI-AMA).

Dicha acción se financia con la cantidad íntegra proveniente de los fondos estatales del Pacto de Estado, más un 20% de la aportación económica del Ayuntamiento con la que cubrir una parte y el IVA. El valor estimado del contrato es de 346.072, 52 euros y dos años su plazo de ejecución. Una decisión que para Chelo Alvarez Sanchis, presidenta Alanna (una de las asociaciones firmantes) representa dos cosas. En primer lugar “un mazazo” para la lucha de todas las asociaciones feministas de Valencia. “Cada una de las entidades hemos luchado por el Pacto de Estado y para que este se dotase de fondos que llegasen a cada municipio. Cuando esos fondos se han demandado es porque queda muchísimo por hacer en materia de violencia de género. El camino es aún tanto y tan largo que las mujeres y sus hijos e hijas que han atravesado o están atravesando un proceso así no están recibiendo los apoyos necesarios para poder cerrar mínimamente esa etapa y abrir una salida real a la violencia de género”, explica apesadumbrada a Público.

Y en segundo lugar el tener la sensación de que importan más los maltratadores que las víctimas. “En estos momentos esa es la sensación que nos embarga. Es triste que se pretenda hacer experimentos que ni siquiera tienen aval científico. La cultura patriarcal no se cura, los maltratadores no son enfermos y deben ser trabajados desde las instituciones penitenciarias, cómo cualquier delincuente. Poner el foco y anteponer una vez más en ellos, es perpetuar ese sistema patriarcal”, recalca.

La medida 127

Un “experimento” que no es tal para Isabel Lozano Lázaro, concejala delegada de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento. “Las investigaciones indican que frente a un 30% de reincidencia en agresores que no realizan ningún programa o medida comunitaria, el porcentaje baja hasta un 8,7% (Tutty y BabinsWagner, 2016, Canadá) o un 8,8 % (Pérez y Martínez, 2011, España) entre aquellos que finalizaban el tratamiento”, comenta por teléfono a este diario.

Datos que junto a la puesta en marcha con anterioridad de otro programa igual han hecho que el Consistorio, amparado en la medida 127 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, opte por la realización de este programa de Reeducación en Violencia de Género y delitos sexuales. “El contrato se enmarca en el Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Valencia y servirá para que 90 hombres cada uno de los dos años que dura se reeduquen y no reincidan en la violencia de género. En ellos está el origen de la violencia y es con ellos con los que también tenemos que atajar el problema con estas medidas”, describe Lozano.

Actuación que desde Alanna no dudan en calificar de “fuego amigo” para la moral de las asociaciones y de la que hacen responsable en última instancia a la concejala. “A las mujeres resilientes de la violencia de género no se nos ha escuchado. Hemos llamado a la puerta, expuesto nuestras necesidades y nuestros proyectos pero sinceramente no se nos ha tenido en cuenta. Triste pero real”, explica su presidenta. “Estamos más que hartas de que hablen por nosotras, tenemos voz y tenemos una mochila llena de experiencias, y muchas tenemos formación en diversas profesiones cómo letradas psicólogas o integradoras sociales y en intervención. Conocemos los recursos y dónde fallan y dónde se nos revictimiza una y otra vez. Es triste y lamentable que no se nos haya escuchado y preguntado. Previa a la protesta iniciada públicamente la coordinadora feminista se sentó a hablar con la concejala. No cedió. Emitió un comunicado lamentable y lleno de enredos por no decir otra cosa”, añade.

Unas acusaciones que para Isabel Lozano Lázaro son infundadas, responden “a la crispación del momento político de las elecciones” y no muestran la otra parte del trabajo que se hace continuamente con las asociaciones. “Entiendo el enfado que pueden tener las asociaciones, pero lo que hay que transmitir es que no las hemos abandonado y no hemos dejado de darles fondos a las víctimas para dárselos a los victimarios”, comenta. “Continuamente invertimos en todo tipo de acciones que van desde la puesta en marcha de formación y sensibilización en los centros educativos de la ciudad, también para todo el personal municipal o para profesionales de cualquier ámbito que lo pidan; la licitación del nuevo programa de atención psicológica para mujeres víctimas y sus hijos e hijas que se desarrolla desde el Espacio Mujeres e Igualdad o de vivienda social para víctimas de violencia de género”, especifica.

También añade la concejala otras acciones como la detección “de casos de violencia de género des del Espacio Mujeres e Igualdad, desde la Unidad Igualdad Marítimo y en los 11 Centros de Servicios Sociales Municipales (campaña de cribado), el refuerzo el Grupo Gama de la Policía Local de Valencia para la protección y acompañamiento a víctimas (48 agentes) o la modalidad de Renta complementaria de ingresos por prestaciones de la Renta Valenciana de Inclusión, complementará la RAI que cobran las víctimas por violencia machista y que se han instaurado a partir de hoy mismo”, añade.

Medidas basadas en el Estado de Derecho

Por su parte desde la Generalitat, Alberto Ibáñez i Mezquita, secretario autonómico de inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad de la Generalitat Valenciana, no entiende la polémica de una medida que ya se ha realizado con anterioridad que establece la realización de Programas de Reeducación en Violencia de Género y delitos sexuales. Para dicho político, la puesta en marcha de este contrato es una acción buena, valiente y necesaria.

“Los poderes públicos tenemos que implementar medidas basadas en el Estado de Derecho y eso significa que cuando se priva de libertad a alguien es para reinsertarlo después. Poner en marcha un nuevo proyecto como este significa reeducar a estos hombres para que cuando salgan de prisión no agredan a nuevas víctimas y también a otros hombres que sin estar penados son conscientes de las relaciones de violencia y que pueden ser derivados desde Servicios Sociales, desde Juventud o venir de motu proprio. Son medidas que a se llevan a cabo en Barcelona y que por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid también acaba de poner en marcha. Trabajar con los agresores es hacer prevención de la violencia de género”, cuenta a este medio. “Es compatible la ayuda a las víctimas con la reeducación a los hombres de la masculinidad tóxica. Se trata de tener una visión a largo plazo y un debate sosegado”.

Así las cosas las asociaciones, entidades y personas físicas que se han adherido al manifiesto esperan que con su presión la concejalía cambie de opinión y destine a acciones para las víctimas dicho presupuesto. “Es triste y lamentable que no se nos haya escuchado y preguntado. De sabías es rectificar”, dice la presidenta de Alana. Sin embargo, Lozano preguntada si cambiará de parecer da el no por respuesta. “Todo lo que puede suceder es que si se interpone algún recurso se pierda el dinero si no se destina en el plazo estipulado”, finaliza.