Los Presupuestos elaborados por el Gobierno ignoran a las mujeres que no reciben la pensión de viudedad por ser parejas de hecho. "Una discriminación que es sinónimo de una violencia institucional por no corregir la situación con la debida diligencia", asegura Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos. Ella, como otros cientos de familias, se ha visto perjudicada por una ley "injusta y mal hecha": perdió el derecho a la prestación por ganar un euro más que su pareja el año previo a su fallecimiento, pese a que luego se quedó en paro y debía mantener a dos menores.

"Hay una falta de voluntad política, por lo que abogo por pasar de las declaraciones a los hechos". Oñate alude a las medidas a favor de estas viudas propuestas por el propio PSOE, cuya moción para equiparar sus requisitos a las de las casadas para acceder a la pensión fue aprobada en el Senado con el voto favorable de todos los grupos, excepto Vox, el pasado octubre. El texto reconocía que se les exigían diferentes condiciones respecto a quienes habían contraído matrimonio, lo que podría provocar una "gran desprotección", mermar sus rentas y penalizar a los hijos menores.

Silvia Oñate califica este agravio como una "feminización de la pobreza", pues a su juicio se produce una clara discriminación por razón de sexo. "Aunque la norma es neutra, afecta más a las mujeres que a los hombres, pues estadísticamente somos alrededor de un 90% de viudas", añade la presidenta de la Asociación Vida, quien recuerda al Gobierno que todavía está a tiempo de rectificar si acepta una enmienda registrada por Más Madrid. "Una fórmula para que las que nos quedamos sin pensión de viudedad tengamos un plazo de doce meses para volver a solicitarla y, así, subsanar el castigo al que nos vemos sometidas".

Lleva años pidiendo la derogación del artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social porque discrimina a las parejas de hecho respecto a las casadas a la hora de acceder a las prestaciones de viudedad y de orfandad, cuyas condiciones son peores. Oñate entiende que, en el fondo, los nuevos modelos de familia son penalizados por una legislación obsoleta. Incluso el PSOE reconocía en el Senado que las parejas de hecho habían disminuido en 2018 debido a que la protección era menor. Entonces, representaban más de un millón y medio, casi el 15% de las uniones.

Precisamente este jueves el Congreso ha votado a favor de las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar las pensiones, que incluyen eliminar la discriminación que sufren las parejas de hecho, una promesa electoral socialista y un medida recogida por el programa de Gobierno de la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, Oñate considera que las viudas no pueden aguardar a que se concrete la citada reforma, pues ya llevan once años esperando: "Mantener el debate implica ser cómplice institucional y marginar a 1.800 familias a causa de una ley discriminatoria, como ya denunció el PNV en el Congreso en 2009".

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dejan claro que la reivindicación figura en sus planes: "No se ha desechado la idea y se seguirán las recomendaciones del Pacto de Toledo. Ahora se trata de poner en marcha el mecanismo y de darle forma, pero no es algo que se haga de una semana para otra". La Asociación Vida entiende, sin embargo, que la enmienda presentada por Íñigo Errejón supone una oportunidad para "corregir" cuanto antes su situación. "Vincular el fin de esta discriminación a la revisión del conjunto de las pensiones es un futurible. Si no se hace ya es por falta de voluntad política y de la debida diligencia", critica Oñate.

Hay que pasar, según ella, de las palabras a los hechos. "Hemos sido castigadas de forma injusta, arbitraria y desproporcionada a causa de una ley mal hecha, considerada discriminatoria por los grupos políticos", añade la presidenta de la entidad, quien transmitirá este viernes a la delegada del Gobierno en Sevilla que hará una huelga de hambre ante su sede mientras duren las negociaciones de los Presupuestos en el Congreso. "Una iniciativa drástica para expresar que esta discriminación provoca que muchas familias pasen hambre, un trance que continuará si se no acepta la moción de Más País", afirma Oñate, quien deberá trasladar su protesta al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, donde reside, si se lo impide el confinamiento perimetral por el coronavirus.

El coste, según la respuesta del Gobierno a una pregunta formulada por el senador socialista Alfonso Muñoz Cuenca, sería de 21,7 millones de euros el primer año de implantación y, a medio plazo, aumentaría hasta los 42,45 millones anuales. "Si la propuesta tuviese efectos retroactivos, el gasto del primer año habría que incrementarlo en 295,29 millones", matiza el Ejecutivo.

Negar toda una vida en común

La presidenta de la Asociación Vida, quien compareció hace un año ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la situación del colectivo, perdió el derecho a la pensión de viudedad por ganar más de un euro que su pareja durante el año previo a su fallecimiento. A otras muchas mujeres les sucedió lo mismo por diferentes motivos. A Mari Ángeles Bollas, cuyo marido viajaba en un avión de Germanwings que se estrelló en 2015, se la cancelaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) revocase la sentencia de un juzgado de Barcelona.

Aunque no estaba registrada como pareja de hecho, Bollas había acreditado diez años de convivencia, una hipoteca, una hija de ambos y una excedencia laboral para cuidar de ella. Tampoco figuraba inscrita como tal Esther Lomas, si bien cinco meses antes de morir su marido había iniciado la tramitación del matrimonio civil. De poco sirvió que demostrase veintisiete años de vida en común, estar empadronados en el mismo domicilio, haber tenido dos hijos o compartir una hipoteca y una cuenta corriente. La Administración le denegó la pensión de viudedad, de ahí la lucha de Silvia Oñate en nombre de todas ellas.