Solicitantes de asilo en MadridLa pelea entre Migraciones y Ayuntamiento deja durmiendo en la calle a niños refugiados

La temperatura no subió de los cuatro grados la noche del pasado lunes en la puerta del Samur Social de Madrid. Allí, en plena calle, bien pegados a las rejas que impiden el acceso al interior desde hace meses, durmieron seis niños de corta edad. Son hijos de varias familias de solicitantes de protección internacional recién llegados a España, a los que ninguna institución madrileña ni gubernamental dio cobijo. El martes se repetía la misma situación, la misma temperatura y la misma falta de respuesta por parte de las instituciones encargadas. Fue la parroquia vallecana de San Carlos Borromeo la que acudió hasta la Carrera de San Francisco para llevarse a tres de estas familias con cinco niños. Durmieron en la iglesia, que ya acoge a 25 personas, entre ellas, nueve menores, confirma a Público Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo. Este miércoles, además del frío invernal, hay lluvia. La situación será la misma.

A Baeza se le quiebra la voz, aunque no sabe cuándo es por rabia, cuándo es por frustración, cuándo por impotencia o cuándo por todas a la vez. “Hasta hace poco, al menos el Ayuntamiento estaba acogiendo en albergues, hostales u otros sitios a las familias con niños. Ya ni siquiera eso”, lamenta el párroco. Los bancos de su iglesia llevan dos años haciendo de tabiques que dividen su capilla en espacios donde apenas cabe un colchón y las maletas de los solicitantes de asilo que no tienen otro hogar después de huir de la violencia en sus países. Los hay de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, de Siria… "Una familia lleva cuatro meses durmiendo aquí. Hace cuatro meses que registró su solicitud de asilo", apunta. Pero siguen llegando a Madrid, donde solicitan protección internacional para quedar totalmente desprotegidos. Al menos, durante meses.

"Una familia lleva cuatro meses durmiendo en la parroquia. Hace cuatro meses que pidió asilo", lamenta Baeza

Los vecinos de la zona suelen bajar mantas y ropa de abrigo. Activistas de la Red Solidaria de Acogida y de la Red de Solidaridad Popular —la mayoría, personas migrantes, con difíciles situaciones económicas— acuden a las puertas del Samur Social cada día desde hace más de un mes para llevar comida, café caliente y ropa a los que duermen a la intemperie. Algunos ponen sus propias casas a disposición de los más vulnerables, mientras el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social continúan enzarzados en una pelea para dilucidar quién tiene la responsabilidad de su acogida. “Las dos instituciones son responsables. Al Gobierno le corresponde dar acogida a los solicitantes de asilo y a los servicios sociales del Ayuntamientos les toca hacerse cargo de cualquier situación de emergencia que suceda en la ciudad”, expone Baeza.

La Coordinadora de Barrios llevó ante el Defensor del Pueblo el caso de las familias que durmieron al raso el pasado lunes. Este miércoles, la institución ha respondido exhortando a la Secretaria de Estado de Migraciones a dar “acceso inmediato al sistema de acogida” a cada una de estas familias, “asignándole un recurso adecuado a sus necesidades así como las ayudas a las que tienen derecho” en virtud de la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, que aprueba normas para la acogida de solicitantes de protección internacional, a las que España está obligada a responder.

Baeza también ha acompañado a varias decenas de familias desamparadas a interponer una queja en el Ayuntamiento por la falta de recursos, que ahora, con la activación de la campaña de frío, son aún menos para los solicitantes de asilo.

Faltan plazas desde hace años

El problema, explican desde el Ministerio y desde el Consistorio madrileño, es que no hay plazas suficientes para tantas personas. Llevan dos años sin ser suficientes, apostilla el párroco. Demasiado tiempo.

"Es una improvisación constante con las vidas de esta gente"

Fue el delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, José Aniorte (Ciudadanos) el que comenzó la pelea institucional de este año, harto de que la sede del Samur Social estuviera cada día llena de solicitantes de asilo y de las críticas a la gestión del Consistorio. Criticó la inacción de Migraciones, a quien corresponde hacerse cargo, y ofreció siete espacios municipales para que el Ministerio los convirtiera en centros de refugio temporales. La pasada semana comenzó a funcionar el único de estos siete lugares que está acogiendo a gente. Un centro en Cercedilla con capacidad para 130 personas bajo la atención de la Cruz Roja, detalla Migraciones. Ya está lleno. “Desbordado”, dice Baeza, a quien la ONG le ha pedido mantas porque se han acabado. “Es una improvisación constante con las vidas de esta gente”, lamenta el sacerdote.

La Secretaría de Estado de Migraciones insiste en que hace lo que puede. “Desde que abrimos ese centro, hemos derivado a 812 solicitantes de asilo desde Madrid ciudad a plazas gestionadas por el Ministerio en todo el territorio del Estado”, apuntan fuentes del Ministerio, que cifran en 10.000 las plazas que tiene habilitadas en todo el país para los solicitantes de protección internacional, incluyendo las gestionadas por ONG con financiación del Gobierno. Migraciones tira de datos: en estos recursos han sido atendidas casi 18.000 personas en el primer semestre de 2019. “Además, el Samur Social remite semanalmente a la Secretaría de Estado de Migraciones un listado de las personas que tiene alojadas en recursos de acogida del Ayuntamiento y que son solicitantes de asilo. A estas personas se les da cita directamente en la sede de la Unidad de Trabajo Social (UTS), para asignarles plaza en el Sistema de Acogida en todo el territorio nacional”, apuntan. Pero sigue durmiendo gente en la calle.

“El papel del Ayuntamiento es apoyar al Ministerio para que cumpla con su papel y su obligación en asilo y refugio, y eso es lo que estamos haciendo", matizó el concejal Aniorte la pasada semana. No es lo que opina la Secretaría de Estado para las Migraciones, que insiste en que dos de los lugares ofrecidos por el Consistorio —dos antiguos colegios públicos— no están en condiciones para albergar a nadie y que le corresponde al Ayuntamiento hacer las obras pertinentes. Otros no se contempla que puedan empezar a funcionar en el corto plazo, y otros está a la espera de informes técnicos de Cruz Roja. Es la misma respuesta que dieron hace dos semanas, cuando se improvisó esta solución temporal. 15 días después, ni Ayuntamiento ni Ministerio pueden dar una fecha aproximada para que estos lugares acojan a las familias sin recursos.

El Ministerio tampoco sabe responder si, tras dos años de colapso del sistema, se ha planteado ampliar las plazas de su red de acogida para asilo y refugio. Aunque sí sabe qué responder al Consistorio. “Desde que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento tomó posesión, el sistema de acogida estatal ha asignado en Madrid un total de 2.365 plazas, 1.413 de las cuales habían acudido inicialmente al Consistorio”, aseguran.

Aniorte, por su parte, insiste en el desborde. “Ahora mismo estamos recibiendo a 68 familias semanales de refugiados y piden ayuda a las puertas del Samur Social cuando lo tienen que hacer frente al Ministerio. Es una situación desbordante”, dijo el pasado miércoles en un acto público.

Lo cierto es que el número de solicitantes de asilo que llegan a España lleva aumentando desde 2013. Entonces pidieron protección internacional una 4.500. En 2018, fueron más de 54.000, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En lo que va de año ya son más de 80.000 las solicitudes registradas. Mientras el número seguía aumentando debido a las crisis humanitarias y diferentes conflictos en América Latina, la Oficina de Asilo y Refugio, dependientes del Ministerio del Interior, y la Secretaría de Estado de Migraciones cesaron a unos 200 trabajadores interinos, que fueron remplazados por personal sin la experiencia y formación adecuada, según denunciaron estos profesionales el pasado año. Hay más de 100.000 solicitudes de asilo esperando en los cajones a que sean resueltas, algunas llevan años paralizadas por la falta de recursos humanos.