La PAH consigue parar un desahucio en Guadalajara mientras el Supremo estudia si la vivienda pertenece al afectado

Decenas de activistas antidesahucios han conseguido parar el alzamiento de la vivienda de Diego Catriel Herchhoren, tras haber pasado la noche con él y concentrarse, más tarde y durante horas, en el portal de su bloque. "Lo que no hemos conseguido en los juzgados lo hemos conseguido en la calle", dice el propio afectado. Este era el único desahucio que tenía fecha concreta de los seis procesos abiertos al respecto por parte de la Sociedad católica de San Vicente de Paúl (SSVP), dueña de las viviendas ubicadas en Guadalajara capital.

El afectado ha estado acompañado durante toda la noche, hasta que los primeros rayos de luz del día han dejado ver que en su portal también se empezaban a congregar en torno a siete decenas de activistas. Casi cuatro horas después de la llegada prevista de la comitiva judicial, fuentes internas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la localidad han informado que, debido al horario, siendo casi la una y media del medio día, el alzamiento estaba paralizado.

El dispositivo policial ha sido totalmente nulo, incluso estando comunicada a Subdelegación del Gobierno la concentración de apoyo a Herchhoren, que ha empezado en torno a las siete de la mañana. La comisión judicial que debía efectuar el desahucio no se ha presentado en el lugar en ningún momento.

Herchhoren gana un tiempo que oxigena su situación, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legitimidad que ostenta la SSVP en cuanto a la propiedad de su domicilio, algo que serviría de precedente para el total de las 96 casas que gestionan en el barrio de Alamín.

Este conflicto, que viene de lejos y debido al cuál Herchhoren se niega a pagar las cuotas a los dueños, aclarará si las viviendas pertenecen a la congregación religiosa o, tal y como la PAH y el propio afectado defienden, deberían haberse cedido a los inquilinos una vez que estos terminaran de pagar las cuotas hasta llegar a cubrir el coste de los inmuebles. Cuestionado por su futuro, el afectado comenta que "seguro que la SSVP mete prisa para que la próxima fecha de desahucio sea antes del fallo del Tribunal Supremo", declara Herchhoren a Público.

En el caso concreto del afectado, un abogado de 33 años que lleva viviendo en ese inmueble desde 2001, se niega a pagar un alquiler reducido a la SSVP porque considera que la titularidad del domicilio le pertenece, ya que fue su abuela quien terminó de abonar las cuotas correspondientes a la sociedad católica. Una máxima que choca frontalmente con la posición de la SSVP al respecto, que defiende que no hay constancia en ningún escrito o documento de que la propiedad del inmueble debería cederse al inquilino una vez superada cierta cuantía abonada a lo largo de años en diferentes mensualidades.

El apoyo popular ante este desahucio ha sido imprescindible para que la comitiva judicial no pudiera ni siquiera dejarse ver. En los propios términos del vecino del Alamín: "No podríamos entender una victoria social como esta sin la solidaridad del pueblo". Varias personas comenzaron un acompañamiento pasando la noche con el afectado desde la madrugada, unos activistas que han sido respaldados por las decenas de personas de la PAH que desde las nueve de la mañana se concentraban a las puertas del edificio en cuestión para solidarizarse con Herchhoren.  

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