Más de 20 organizaciones sociales especializadas en migraciones y protección internacional han presentado una queja ante la Comisión Europea por las "graves deficiencias para acceder al procedimiento de asilo" en España, donde conseguir una cita para el trámite cuesta más de seis meses.

Mientras que la normativa europea establece que toda solicitud de asilo debe registrarse en un plazo de entre tres y seis días, en España miles de migrantes "se encuentran con que no hay citas disponibles para poder solicitar protección internacional" y, en caso de que logren acceder a una, lo hacen en un plazo mínimo de seis meses, han denunciado a los medios tres abogados de las organizaciones que han presentado el escrito ante la Unión Europea (UE). 

Con esta iniciativa, la coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Elena Muñoz, espera que la UE "valore si se está dando una infracción del derecho europeo", pues considera que las trabas para los migrantes se deben a que España no ha adaptado su normativa mediante la transposición de varias directivas europeas que establecen obligaciones legales a los Estados miembros.

En concreto, las organizaciones alegan que se están infringiendo, entre otras cuestiones, el derecho a solicitar asilo y la aplicación del principio de no devolución, recogidos en el Artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

El problema, que varias entidades llevan denunciando desde 2018, se agravó durante la pandemia, cuando se implantó el actual sistema de citas, ha explicado la responsable del servicio jurídico de Andalucía Acoge, Elvira Pérez.

La capacidad de respuesta varía mucho, pues en cada provincia o ciudad autónoma se ha establecido un sistema distinto de citas, ya sea telefónica, por correo o mediante la sede electrónica, aunque Las Palmas de Gran Canaria, Ceuta y Melilla son los lugares en los que se está accediendo a ellas más ágilmente.

En los últimos años, las organizaciones han intentado por varios cauces llegar a una solución con el Ministerio del Interior, han presentado quejas al Defensor del Pueblo y también han iniciado alguna demanda judicial, ha recordado Pérez, quien ha señalado que, durante su espera, "muchas personas se ven abocadas incluso a vivir en la calle".

Esta situación tiene "consecuencias directas" en las vidas de miles de personas que, "al no poder tener una cita, no tienen ningún resguardo que acredite que pueden solicitar protección internacional y no tienen todos los derechos inherentes a ser solicitantes de protección internacional, entre ellos, la posibilidad de acceder al sistema de acogida", ha denunciado el responsable del área jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Diego Fernández Maldonado.

"Son personas invisibles que no tienen acceso a derechos (...). Cuando pasa el tiempo de estancia en nuestro país pasan a estar en situación irregular, sin ninguna acreditación de que pueden ser solicitantes de asilo", ha abundado.

En ese momento deja de imperar el principio de no devolución y los migrantes viven "con el miedo y la angustia de qué puede pasar" con ellos y su futuro.

Este lunes, CEAR denunció que entre 70.000 y 80.000 personas "se quedaron fuera del sistema esperando una cita" para poder formalizar su solicitud de protección internacional en 2022, aunque Muñoz ha precisado que se trata de una estimación, ya que no se puede "cuantificar realmente cuántas personas se encuentran en esta situación (...) porque no están registradas en ningún lado".

En cualquier caso, los expertos coinciden en que la solución pasa por dedicar recursos humanos y económicos para poder dar una respuesta al incremento continuado de solicitantes de asilo en los últimos años.

Al hilo, Fernández Maldonado ha valorado que el régimen de acogida de refugiados ucranianos es "muy distinto y se puede considerar una práctica ágil" que demuestra que cuando "hay voluntad política, se puede dar respuesta" a las peticiones de protección internacional.