Nuevo GobiernoDel 'solo sí es sí' a los vientres de alquiler: los retos del nuevo ministerio de Igualdad

La nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, asumió su cargo este lunes. En su discurso al recibir la cartera de manos de su antecesora en el cargo, Carmen Calvo, anunció que "nos vamos a dejar la piel para poner la vida en el centro". Afirmó que "este ministerio de Igualdad será un ministerio feminista, igual que este Gobierno" y estará "cargado de memoria".

Se trata de la segunda vez en la que el Ministerio de Igualdad es un ente independiente. Si bien en la pasada legislatura ya tenía la calificación de Ministerio de Igualdad, estaba englobado bajo la Vicepresidencia del Gobierno con Carmen Calvo a la cabeza, que además ostentaba la titularidad de dicho ministerio y lo compatibilizaba con el de relaciones con las Cortes.

Igualdad adquirió el rango de Ministerio en el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, que en 2008 nombró a Bibiana Aido para dirigirlo. Con 31 años Aído se convirtió en la ministra más joven de la democracia, edad que iguala Irene Montero. Dos años después, en 2010, lo eliminó debido al la crisis económica. 

El hecho de que Igualdad tenga rango de ministerio, afirman muchas expertas, tiene repercusión en su capacidad de decidir y marcar agenda, incluso a los otros ministerios. Una capacidad clave, puesto que gran parte los cambios y retos que tiene Montero por delante dependen de la acción de otras carteras, como las de Educación o Justicia. 

El hecho de que Igualdad pase a ser ahora un ente independiente de vicepresidencia puede restarle algo de peso a la hora de implementar medidas transversales, según varias personas asistentes al acto de entrega de cartera este lunes, pero puede darle, en cambio, mayor dinamismo a la hora de activar medidas, comunicar mejor los logros y las metas y, en definitiva, hacer de este ministerio un instrumento más ágil para asumir los retos que tiene por delante. Y estos no son pocos.  Aquí listamos algunos de ellos.

Desarrollar el pacto de Estado

El pacto de Estado contra las violencias machistas, aprobado en el Congreso en septiembre de 2017, necesita un serio empujón. Su aprobación contó con los votos favorables de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, excepto los de Unidas Podemos, que tras un largo debate decidió abstenerse por encontrar el plan poco ambicioso. Entonces, su diputada Ángela Rodríguez (hoy asesora de Irene Montero en el ministerio) afirmó que "este pacto no nos vale aunque las medidas sean buenas, entre otras cosas porque no hay garantías para su aplicación ni de cuándo se van a poner en marcha. Se trata de un pacto de mínimos que no soluciona el problema de la violencia que sufren las mujeres". 

Según fuentes de la Delegación del Gobierno recabadas por Europa Press, en algo más de dos años sólo se han ejecutado el 25% de las más de 200 medidas que contiene, y otro 57% está en proceso de implementación, aunque es difícil definir el estado real de los avances. Un ritmo que no parece adecuado para un pacto que tendrá una duración total de cinco años y que ya ha alcanzado la mitad de su vida. 

Otro de los problemas que tendrá que abordar el nuevo equipo es la evaluación la aplicación de estas medidas. La comisión de seguimiento de los acuerdos apenas se ha reunido. Los partidos acordaron que ésta fuera una comisión parlamentaria, por lo que las reiteradas convocatorias electorales y la falta de un mecanismos de seguimiento han mantenido a este órgano inactivo. Poner en marcha este mecanismo y dar un nuevo impulso a las medidas será clave en los próximos meses. 

Solo un 'sí es un sí', y lo demás es violación

Al final de la pasada legislatura, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez afirmó tener una propuesta de modificación de los delitos contra la libertad sexual contenidos en el Código Penal. Sin embargo ésta nunca llegó a aprobarse por la convocatoria de elecciones.

La reforma fue espoleada por las masivas manifestaciones que estallaron durante el juicio de La Manada y que se intensificaron al conocerse la sentencia, que condenaba a los cinco acusados a penas de nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no por violación. Los magistrados interpretaron que la víctima no había sido sometida a violencia ni intimidación.

El entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó a un grupo de expertos estudiar un cambio en la ley. Tras la moción de censura de Sánchez, este proyecto se profundizó y llevó al Gobierno a afirmar que el Código Penal cambiaría la consideración del uso de la violencia por el del consentimiento expreso. 'Sólo un sí es un sí', y todo lo demás, violación. El ministerio que preside Montero deberá ahora asegurar que estos cambios se producen. El Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, establece que los países firmantes deben poner el consentimiento en el centro a la hora de juzgar los delitos sexuales.

Todas las violencias

Otro de los mandatos del Convenio de Estambul (que tras ser ratificado ha pasado a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico) es que todas las violencias que se ejerzan contra las mujeres por el hecho de serlo deben ser consideradas violencia de género. Nuestro país solo contempla legalmente como violencia de género la que ejercen las parejas o exparejas de las víctimas hacia ellas o hacia sus hijos, tal como está contenido en la ley contra este tipo de violencias, de 2004. 

Para ellas existe toda una batería de medidas de prevención y de apoyo material y psicológico a las que no tienen derecho las víctimas cuando la violencia la ejerce un desconocido o alguien con quien no tengan una relación sentimental. 

Hacia finales del año pasado, la delegación del Gobierno distribuyó una instrucción en la que pedía a las diversas administraciones públicas autonómicas que recabaran y trasladaran a ese organismo los datos de otras violencias que se ejercen contra las mujeres, como la sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio y esterilización forzosos, la trata, la explotación sexual o las agresiones sexuales.

El conocimiento de estos datos repercutirá en las estadísticas anuales que contabilizan a las mujeres víctimas de violencia de género, pero además deberá aportar luz sobre ese tipo de violencias para poder crear políticas públicas de prevención, sistemas de asistencia y protección hacia las víctimas.

Durante esta legislatura, además, deberán implantarse otras medidas relevantes que afectan a varios ámbitos y administraciones. Por ejemplo, la suspensión del régimen de visitas de los hijos e hijas de padres maltratadores "en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia", o la prohibición de visitas cuando el padre ha sido condenado y está en prisión.

Formación en perspectiva de género

La formación en perspectiva de género en las administraciones públicas y especialmente en los operadores jurídicos es otra de las medidas que el Gobierno deberá seguir desarrollando. El acuerdo de los dos partidos para la formación del Gobierno incluye este apartado. Una medida que ya estaba contenida en la ley de violencia de género de 2004, que sin embargo nunca llegó a desarrollarse. El Consejo General del Poder Judicial puso en marcha hace unos meses un curso obligatorio para aquellos jueces, juezas y fiscales que quisieran acceder a una especialidad. Sin embargo, diversas expertas en derecho y movimientos feministas reclaman desde hace décadas una formación más amplia y específica en perspectiva de género, que se imparta en las universidades y que sea parte de los currículos.

Ley contra la trata con fines de explotación sexuales

El Gobierno anterior dejó pendiente la Ley contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual para impulsar medidas de prevención, de persecución de redes criminales y de protección a las víctimas.

Ahora el nuevo equipo, formado por Irene Montero y Noelia Vera (secretaria de Estado de Igualdad), tendrá que garantizar que esta norma consigue el consenso necesario y se convierte en una realidad a lo largo de esta legislatura.

Otro tema espinoso que tiene la nueva ministra de Igualdad sobre la mesa es el debate sobre la abolición o no de la prostitución, un tema candente y uno de los principales caballos de batalla del feminismo. Si bien Unidas Podemos no tiene una posición definida como partido sobre este asunto, el PSOE -que sí considera que se debería abolir-, nunca ha presentado una ley en este sentido en las diferentes legislaturas en la que ha tenido responsabilidades de gobierno.

Prohibir los vientres de alquiler

Otro de los puntos de acuerdo alcanzados entre PSOE y UP para el Gobierno de coalición fue la prohibición de los vientres de alquiler. Si bien esta práctica ya es ilegal en nuestro país, de facto las empresas que ofertan este servicio siguen funcionando legalmente y muchas parejas siguen viajando a países como Estados Unidos o del Este de Europa para conseguir ser padres por este método. Ahora el Ministerio de Montero deberá asegurar una forma eficaz para luchar contra las agencias y prohibir esta práctica en nuestro país.

Equiparar los permisos parentales a 16 semanas

Montero y Vera también asumirán la equiparación de los permisos de paternidad a los de maternidad hasta las 16 semanas en 2021, una medida que ya fue aprobada por el anterior Ejecutivo. Si bien, deberán modificar aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos, tal y como ambos partidos han prometido en su programa común.