La localidad pontevedresa de Nigrán se ha puesto en pie para impedir el desahucio de una familia en situación de grave vulnerabilidad que podría quedarse en la calle si las administraciones no lo remedian.

Se trata de Arturo y de Blanca, que viven con el hijo menor del primero en una casa de la aldea de Chandebrito, que fue arrasada hace tres años por la oleada de incendios que asoló el sur de Galicia en el 2017.

A ellos tampoco les queda nada. La crisis se llevó por delante hace un año la empresa de importación y exportación de productos pesqueros de la que vivían y desde entonces sólo cuentan para subsistir con los 508 euros mensuales de pensión que él recibe por una discapacidad y con los alimentos que les proporcionan los vecinos.

Eso es todo de lo que disponen para subsistir y para sacar adelante al otro Andrés, un chaval de catorce años que no entiende muy bien lo que le está pasando, y al que le da miedo que le reconozcan en las fotos cuando le dicen que su historia va a salir en el periódico. Por eso pide no aparecer en la fotografía que ilustra este artículo, y por eso sus padres posan en ella con mascarilla. Para que no se les reconozca demasiado y él se quede tranquilo.

"Está destrozado psicológicamente", explica Arturo, de nacionalidad argentina y separado de la madre de Andrés. Se le quiebra la voz cuando cuenta que hace tres meses un vigilante de seguridad le llamó para decirle que había encontrado a su hijo vagando solo, descalzo y semidesnudo por una gran superficie de Benidorm. El niño le contó que la pareja de su madre lo maltrataba, que se había escapado y que no quería volver con ella.

Arturo cuenta que cogió el coche y se fue a buscarlo "con cincuenta euros en el bolsillo". Acordó con la madre hacerse con la custodia del pequeño y se lo trajo a Galicia. La Xunta contactó con él para, dada su situación, proponerles que el menor se fuera a un centro de acogida. Blanca y él se negaron.

A principios de este año, con Andrés ya en casa, dejaron de pagar los 400 euros del alquiler de su casa porque no podían afrontarlo con los 500 euros de su jubilación. Blanca, brasileña, también sufre una discapacidad derivada de una lesión de espalda, pero el Gobierno de su país aún no le ha concedido la pensión a la que tiene derecho.

Ellos pagaban un seguro de impago de alquiler a nombre de su casero a la compañía Arag, que instó el desahucio tras hacer "las primeras reclamaciones por vía amistosa sin conseguir contactar con el inquilino" y tras hablar con el avalista que señalaron como garantía. "Arag está está cumpliendo con la obligación contractual que tiene con su cliente", señalan fuentes la aseguradora, que cerró el último ejercicio anterior a la epidemia de covid-19 con una facturación de 150 millones de euros. Añaden que será el juzgado el que "resolverá si procede dar intervención a servicios sociales para atender la situación de la familia".

Lo cierto es que el juzgado ordenó el desahucio, que debía haberse hecho efectivo el pasado 18 de octubre. No ocurrió porque el juez les concedió una prórroga que expiró el pasado sábado, por lo que podía volver a ordenarlo en cualquier momento.

Arturo explica que acudieron a los servicios sociales del Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, pero se queja de que no les trataron como debieran. "Nos dieron cita para el día después de la fecha de ejecución del desahucio porque la funcionaria estaba de vacaciones", asegura.

La solución que les da ahora el Concello es pagarles una pensión durante quince días. "¿Y qué hacemos con nuestras cosas? ¿Dónde las llevamos? ¿De verdad creen que lo mejor para un niño es vivir en una pensión? ¿Y qué pasará si pasadas dos semanas seguimos sin encontrar una alternativa?", se pregunta.

Arturo explica que el Ayuntamiento tramitó ante la Xunta la petición de la ayuda de integración social autonómica para Blanca, pero que cuando se la denegaron por superar en 17 euros el baremo de ingresos por su declaración de la renta del año pasado, cuando aún disponían de algo de dinero, el Concello ni siquiera les informó de que tenían derecho a recurrir la decisión.

Ese es otro de sus problemas, que no pueden pagarse un abogado que les asesore. Cuando se instalaron en Chandebrito hace tres años intentaron recuperar algo de su antiguo negocio y pusieron la vivienda a nombre de su empresa, razón por la que, dice Arturo, el Colegio de Abogados de Vigo les denegó un defensor de oficio. La mayoría de las plataformas antidesahucio de Galicia están inactivas, y tampoco han podido ponerles en contacto con un experto que quiera ayudarles.

Arturo y Blanca entienden que no pueden seguir ocupando una vivienda sin pagar y aseguran que están dispuestos a irse a otro lugar. De hecho han buscado en otras localidades donde los alquileres están más baratos, como en algunas de la provincia de Ourense. La Xunta les ha concedido un bono de alquiler social para sufragar el arrendamiento, pero, según Arturo, en cuanto se lo dicen a los propietarios éstos responden que entonces no les alquilan. "Identifican el bono con situaciones de necesidad, alegan que la Xunta paga tarde y nos cierran la puerta", lamenta.

Los vecinos de su pueblo, que acudieron con pancartas al pleno del pasado 25 de octubre y que planean más movilizaciones, han constituido la Plataforma de Afectadas por Servicios Sociales de Nigrán. Fuentes del colectivo aseguran que la familia "no está siendo bien atendida por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento" y advierten de que el Concello, pese a tener constancia de la fecha del desahucio, ni siquiera notificó al juzgado "la situación de extrema vulnerabilidad" que sufre la familia.

"Como viene siendo una tónica habitual en este departamento, la falta de información sobre los procesos abiertos y el deficiente asesoramiento y gestión de las ayudas y prestaciones empeora gravemente la situación de las familias", añaden esas fuentes.

Por su parte, el alcalde de Nigrán, Juan González, responde que el Concello les está "echando una mano" y asegura que "no se van a quedar en la calle" porque les pagarán una pensión si el desahucio se hace efectivo. También se muestra dispuesto a extender el pago si la familia no encuentra vivienda en quince días.

Nigrán, con una población de 17.000 personas, es el tercer municipio de Galicia con mayor renta por habitante de Galicia. Tiene un presupuesto de 14 milllones de euros y en los últimos tiempos ha experimentado un notable crecimiento urbanístico. Pero sólo dispone de una vivienda social, que en la actualidad está cedida a una ONG. El alcalde recuerda que el Ayuntamiento lleva cinco años reclamando sin éxito a la Xunta la desafección de otro inmueble de titularidad autonómica, una "casa de maestro" adscrita a la directora de un colegio que no la habita, para destinarla "a casos de emergencia social" como del Blanca, Arturo y Andrés.

Mientras tanto, ellos siguen viviendo con la angustia de no saber si hoy mismo les echarán de su casa, que sigue siéndola aunque no puedan pagarla; sin atreverse a explicarle a Andrés que salen antes tan pronto para llevarle al instituto conduciendo a paso de tortuga porque no pueden pagarse la gasolina; pidiéndoles ayuda a los conocidos para que no les corten la luz y el teléfono; agradeciendo a los vecinos que les llevan fruta, carne y verduras frescas para poder cocinarle a su hijo algo más que las pastas, arroces y productos envasados, muchos a punto de caducar, que obtienen en el banco de alimentos; y rezando, porque son creyentes, para que algún abogado se anime a ayudarles si lee este artículo, en el que piden aparecer con nombres ficticios.

Como si fueran ellos quienes tuvieran que avergonzarse de su situación, y no las instituciones que tienen la obligación de ayudarles.