"La paciente habla en valenciano", reza el informe de antecedentes clínicos que le fue entregado a la reconocida periodista y escritora Núria Cadenes hace unos días después de negársele la atención en una cita que había estado concertada en el Centro de Especialidades de Torrent. De hecho, la visita tan solo duró dos minutos. Tras el “Bon dia” de la paciente, la doctora respondió un cortante "En castellano" y, ante el esfuerzo de Cadenes por continuar ejerciendo su derecho a expresarse en valenciano, la sanitaria dio por finalizado el encuentro aduciendo que no entendía a la paciente, emplazándola a una nueva cita para más adelante con algún médico que entendiera el valenciano. "Nunca me he encontrado ante un problema así; yo a ella no le pedía que cambiara de lengua, simplemente espero que cuando voy al médico se me entienda y se me atienda. Es su obligación y mi derecho", explica la escritora.

Justo un mes y medio antes de este episodio, la paciente Lorena Fababú acudió al Centro de Especialidades de Joan Llorenç, en València, para realizar una ecografía morfológica de la semana 30 de embarazo. "Hable en castellano", le espetó sin más la ginecóloga al comienzo de la visita. Y, una vez más, la doctora devolvió los documentos a la paciente y le dijo que tenía que buscar otra cita y otro médico. Sin embargo, la usuaria se plantó e insistió en ser atendida más aún cuando se trataba de una fase avanzada del embarazo. La doctora realizó la visita pero, según denuncia la paciente, no hubo comunicación en ningún momento y la actitud por parte de la trabajadora del sistema público valenciano no estuvo exenta de malas formas. De nuevo, en el informe posterior se señalaba que la paciente no quería hablar en castellano y se comunicaba en valenciano. Detrás de este episodio, se encontraba precisamente la misma doctora que unas semanas después protagonizaría el suceso con Cadenes. "Estamos sorprendidos de que en tan poco tiempo lo haya vuelto a hacer, sin ninguna reflexión previa, y se haya vuelto negado a atender con prepotencia y supremacía lingüística. Alguien tiene que tomar medidas con esta mujer", expresa Fababú.

Un derecho elemental

De hecho, tanto Cadenes como Fababú han emprendido acciones administrativas ante la vulneración de sus derechos lingüísticos. Sus reclamaciones han ido dirigidas a los centros sanitarios en cuestión, a la Conselleria de Sanidad, a la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana y al Síndic de Greuges. “Poner las quejas y las reclamaciones requiere una inversión de tiempo, es como una gincana. Pero tiene que haber una solución de base, un sistema que proteja los derechos de los usuarios. No es un caso único, ya se han denunciado otros, y sabemos que las quejas que finalmente llegan a las instancias oficiales son la punta del iceberg, porque no todo el mundo sabe que tiene estos derechos”, sostiene Cadenes.

Según la Plataforma per la Llengua, en el último año y medio se han denunciado cinco casos de discriminación lingüística por el uso del valenciano en el ámbito sanitario. Además de estos dos casos recientes, se han tramitado otros tres que tienen su origen en los centros de salud de Guardamar del Segura, Castelló de la Ribera y Benimaclet, en València. Del caso de Guardamar se ha recibido respuesta favorable para la persona denunciante y, por lo que respecta a Castelló de la Ribera, hubo un expediente sancionador a la sanitaria implicada por discriminación lingüística y fue apartada un tiempo de su servicio.

"Una persona que trata con pacientes valencianos en territorio valenciano tiene que entender el valenciano, que es lengua oficial, y eso no tiene ninguna dificultad", sostiene Manel Carceller, miembro de la ejecutiva de Plataforma per la Llengua. La ONG del valenciano ha reclamado la expulsión de la ginecóloga que ha reincidido en su actitud discriminatoria al considerar que se han vulnerado derechos lingüísticos reconocidos y que ha actuado contra diversas normativas autonómicas y estatales, como el Estatut d’Autonomia, la ley de uso y enseñanza del valenciano, la ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana, la ley estatal del Estatuto Básico del Empleado Público y la Constitución española.

"Son derechos elementales que hay que hacer cumplir. Una discriminación por razón lingüística es tan grave como una por razón de raza o religión. Además, no es verdad que los casos de discriminación lingüística se basen en el desconocimiento del valenciano. En todos los casos que hemos señalado, los médicos o enfermeros entendían perfectamente el valenciano. Es un tema ideológico y por aquí no podemos pasar", concluye Carceller.

Servicio de menor calidad

Las muestras de apoyo a las personas que han denunciado estos nuevos casos han circulado con efervescencia por las redes sociales estos días. También los medios de comunicación se han hecho eco. "Ha habido una evolución en positivo. Dejamos de encontrar normal que estas cosas pasen. No es una cruz que tengamos que arrastrar los valencianoparlantes. Estamos pasando de tomárnoslo como una fatalidad a exigir el respeto por nuestros derechos", dice Cadenes.

Sin duda, al cambio de percepción han ayudado las instituciones públicas encargadas de recoger y mediar asuntos relacionados con la vulneración de los derechos lingüísticos. De reciente creación por el gobierno valenciano, la Oficina de Derechos Lingüísticos estudia todos los casos que llegan y que afectan tanto a la administración pública como al ámbito de lo privado. En abril de este año, el organismo había recibido un total de cinco reclamaciones y una sugerencia mayoritariamente referidas a entidades de carácter público. El número de casos ha subido hasta hoy; sin embargo, la actualización de estos datos se desconoce porque la Oficina ha decidido no hacerlos públicos hasta que se elabore el informe anual que se tiene que presentar en Les Corts.

"Cualquier medida que no garantice la atención a los ciudadanos en la lengua que ellos deseen significa ofrecer un servicio de menor calidad", afirma Rubén Trenzano, director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat. Con la Oficina recurrida por el PP valenciano, Trenzano y su equipo esperan pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la misma sala que hace unos días anuló la rebaja de la ratio de Infantil a 23 alumnos y anteriormente tumbó parte del decreto que priorizaba el uso del valenciano en la administración y el decreto de plurilingüismo para la educación valenciana.

La polémica por el requisito

En medio de estos sucesos, la polémica ha estallado esta semana. Un cambio perpetrado de manera unilateral por parte de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en el borrador de la esperada Ley de la Función Pública valenciana ha hecho saltar las alarmas entre diferentes entidades. La modificación afecta al texto que hace referencia a la incorporación del requisito lingüístico en el sector de la sanidad, pactado y acordado por diferentes actores sociales a principio de la legislatura, que contemplaba excepciones muy concretas y puntuales en la habilitación de este requisito. Pero con la decisión de reformular el texto, la Conselleria encabezada por Gabriela Bravo abre la puerta a la generalización de la excepción y a convertirla en norma vía reglamento. En resumen, el requisito de la capacitación lingüística peligra en uno de los ámbitos, dicen algunos sindicatos, donde más necesario se hace.

“La única fórmula para poder garantizar que todos los usuarios de la sanidad pública sean asistidos en su lengua es que todos los trabajadores de la sanidad estén capacitados en las dos lenguas oficiales”, argumenta Rafa Reig, miembro de la secretaría de la Intersindical Valenciana. Para este sindicato participante en el acuerdo base de la ley, si este cambio se lleva a cabo supondrá un retroceso en el ámbito sanitario ya que, si la Administración pública no pone todos los medios para facilitar la formación lingüística de los profesionales, ésto dejará de ser un incentivo para obtener la capacitación. “Si lo que queremos es normalizar el valenciano en las instituciones sanitarias, con el mérito no es suficiente. Tenemos que dar un paso más, y éste pasa por el requisito”, expresa Reig. Para la Intersindical, de nada sirven las lamentaciones de los miembros del Consell ante las agresiones lingüísticas de estos días si no se actúa en consonancia para garantizar un marco normativo que impida estos hechos.

Con el prácticamente total convencimiento de que esta ley no llegará a aprobarse esta legislatura, la polémica y la división de opiniones están servidas. Algunas fuerzas sindicales como FSES abogan por seguir suavizando la exigencia del requisito, otros como el CSIF van más allá y piden su supresión, y algunos otros como CCOO y la Intersindical siguen defendiendo la redacción original. El 9 de noviembre, el día acordado para aprobar el anteproyecto, se prevé conflictivo.