El negacionismo climático mata: cuando la derecha antepone su ideología a la protección de la ciudadanía
Los últimos análisis determinan que la DANA que ha dejado más de 150 fallecidos en València fue más fuerte y el doble de probable debido a la emergencia climática. Sin embargo, expertos alertan de las políticas "suicidas" de la derecha.
Madrid-
La comunidad científica alerta desde hace décadas sobre el peligro de la crisis climática. Los datos, las investigaciones y los informes confirman esta indiscutible realidad. Sin embargo, el tándem PP-Vox niega la mayor, menguando los recursos dirigidos a políticas medioambientales. ¿El resultado? Unos servicios públicos incapaces de prevenir y afrontar desastres como la DANA de València –que ha dejado más de 150 muertos en el momento de publicación de esta pieza–, según denuncian expertos, activistas y políticos.
Los investigadores de World Weather Attribution han concluido en un análisis que la emergencia climática ha duplicado las probabilidades de que suceda esta DANA y ha hecho que las precipitaciones sean un 12% más fuertes. Si bien no es un estudio completo como el que suele realizar la organización, apoya las tesis de los científicos que señalan cómo el calentamiento de la atmósfera aumenta la humedad, lo cual deriva en lluvias más intensas.
Además, otro estudio de la misma organización publicado este jueves concluye que la crisis climática intensificó los diez fenómenos meteorológicos extremos más mortíferos de los últimos 20 años –entre 2004 y 2023– y contribuyó a más de 570.000 muertes.
"La catástrofe de València es un caso de estudio modélico de desmantelamiento de las políticas públicas ambientales", declara a Público Agnès Delage, catedrática de ciencias sociales en la Universidad de Aix-Marsella y miembro de Rebelión Científica.
La experta lamenta que el tándem PP-Vox emprendió una "contrarreforma ecológica" al llegar al Botànic. En este sentido, "el cierre de la Unidad Valenciana de Emergencia (UVE) va a pasar a la historia como un símbolo de la criminal responsabilidad de Carlos Mazón", critica.
"La gente se está dando cuenta de lo bien que nos habría venido todo esto", señala Juan Bordera, experto en clima y diputado independiente en les Corts designado por Compromís. La Conselleria de Justicia desmanteló la UVE bajo el mandato de Elisa Núñez, de Vox. Esta iniciativa, promovida por el Ejecutivo del PSPV, Compromís y Unidas Podemos, contemplaba la puesta en marcha de una unidad de gestión de carácter operativo y de coordinación de las emergencias de la Generalitat.
Mazón presumió en su momento del recorte que llevó a cabo Núñez, al considerar que este proyecto era "otro chiringuito más". Una actitud que Delage califica de "trágica". Además, la Generalitat se vio este martes en la obligación de pedir al Gobierno central la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente a la situación provocada por la DANA, lo cual revela la necesidad de esta clase de recursos.
Bordera también lamenta que la dupla del PP y la extrema derecha ha sido la que "se ha cargado la Agencia Valenciana de Gestión de Residuos o la Agencia Valenciana para el Cambio Climático". En el caso de esta última agencia, creada también durante el Govern de Ximo Puig, pasó de contar con un presupuesto de 400.000 euros en 2023 a apenas 2.000 euros en 2024, un recorte del 99,5%. En el momento de su puesta en marcha en febrero de 2023, la oposición –que entonces formaban PP, Ciudadanos y Vox– consideró que se trataba de "un nuevo chiringuito".
Bajo esta premisa, la extrema derecha desahucia los recursos que favorecen la protección ciudadana frente a la emergencia medioambiental y fomentan, en su lugar, inversiones en otras áreas como, por ejemplo, las corridas de toros. Así, en junio de este año, la Conselleria de Cultura y Deporte del País Valencià, que entonces corría a cargo del torero retirado de Vox, Vicente Barrera, aprobó una ayuda directa a la Fundación Toro de Lidia de 300.000 euros para la promoción y realización de actividades y festejos taurinos.
El físico y exdelegado de la Aemet en Navarra, Peio Oria, indica a este diario una reducción de efectivos en los servicios meteorológicos del Estado en los últimos diez o 15 años. "Otros países europeos cuentan con 3.000 trabajadores en estas áreas, mientras que aquí hablamos de apenas mil personas", lamenta. Aunque se tratan de perfiles de alto nivel, Oria insiste en que "la emergencia climática requiere más recursos, no menos".
"El colapso climático es ahora mismo un problema exclusivamente político", remarca Delage. La responsabilidad de los parlamentos y los actores económicos es desarrollar todas las actividades humanas dentro de los límites del planeta y de manera justa. El business as usual nos lleva a amenazar ahora mismo la supervivencia de nuestra especie".
Por su parte, Bordera denuncia que "los políticos están legislando a golpe de talonario de las grandes empresas con solo el beneficio a corto plazo en la mirada". Una práctica que viene legitimada por la desinformación y los bulos, los cuales considera "absolutamente cruciales" para entender el panorama actual con los servicios diezmados.
El diputado de les Corts identifica un nexo "entre las malas decisiones que se han tomado y la poca información que tienen los cargos de máxima responsabilidad sobre la emergencia climática". En la misma línea, la catedrática y activista de Rebelión Científica defiende que "el negacionismo de extrema derecha es la tendencia más suicida y radical" de desinformación.
El exdelegado de la AEMET en Navarra considera que la desinformación desvía el foco y resta el nivel de conciencia que la ciudadanía puede tener sobre la emergencia medioambiental. No obstante, Oria concluye con una esperanza: confía en que los estudios de atribuciones, como el realizado por la World Weather Attribution, sirvan para sensibilizar a la población y combatir el negacionismo.
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