La vida de los menores tutelados conlleva una enorme cantidad de dificultades añadidas. Al no poder vivir en sus hogares, la comunidad autónoma de turno se convierte en su familia, en su lugar de amparo. Crecen bajo su protección, pero en el momento en el que cumplen la mayoría de edad la Administración deja de tener la obligación legal de atenderlos y, de un día para otro, muchos se ven en la calle.

Así sucede en la Comunidad de Madrid. Pese a que los sucesivos gobiernos del Partido Popular vienen observando que el número de plazas para acoger a los jóvenes extutelados −que acaban de cumplir los 18 años− son claramente insuficientes, la situación no se ha revertido. En concreto, en torno a la mitad de estos chicos y chicas se quedan desamparados al día siguiente de soplar las dieciocho velas.

La Consejería de Política Social ofrece, a través del Programa Tránsito, la posibilidad de que algunos de estos jóvenes vivan en pisos supervisados en los que reciben el apoyo de educadores y otros profesionales, hasta los 21 años. Un servicio, "absolutamente necesario", tal y como ha reivindicado la diputada socialista Lorena Morales, que, sin embargo, solo dispone de 144 plazas para los más de 300 tutelados que alcanzan la mayoría de edad cada año.

De acuerdo con los datos oficiales de la Administración madrileña, un total de 1.421 menores tutelados cumplieron la mayoría de edad entre 2016 y 2021 en la región. Solo hasta junio del año pasado, ya eran 188 jóvenes los que habían hecho 18 años, mientras que el año anterior (2022) cerró con 355. 

"No son suficientes y no es de recibo que se desentiendan de estos chicos porque a esa edad nadie se puede considerar adulto", critica Morales. La diputada en la Asamblea de Madrid recrimina al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su "falta de voluntad política y presupuestaria" y exige un plan para emprender "proyectos comprometidos y serios con la vida de los jóvenes extutelados", que les permitan "emanciparse" e "integrarse en la sociedad".

Morales recuerda, asimismo, las carencias que padecen buena parte de los centros de menores madrileños y la situación de precariedad en la que viven los jóvenes extutelados cuando se mudan a los pisos supervisados. La Consejería apenas invierte 15 euros diarios por plaza por acogerlos en estos apartamentos, un coste muy inferior al que, por ejemplo, paga por los presos en las cárceles (70 euros). Tal y como explica la propia Administración en respuesta a una pregunta de la diputada del PSOE en la Asamblea, "los convenios se firmaron en 2016 y desde entonces no hay modificación del coste/plaza", pese a la inflación generalizada. 

La vida de estos jóvenes depende del voluntariado

La sensación de orfandad y abandono se agrava en el caso de los menores migrantes no acompañados. Emilia Lozano, fundadora de la asociación Somos Acogida, explica en una conversación con Público que "los chavales no tienen mucha esperanza en los centros". Si bien se sienten agradecidos porque les garantiza una cama y comida diaria, "salen muy perdidos, al no tener formación para acceder al mundo laboral o tan siquiera papeles".

Durante su estancia en los centros de menores, explica Lozano, al menos en el caso de los migrantes sin papeles, no van al colegio, solo se limitan a enseñarles una hora de español. He ahí el origen de la asociación. Con su apoyo, Somos Acogida trata de "proporcionar a los chicos los medios necesarios para que puedan ser parte de la sociedad en su vida adulta". El objetivo es que puedan vivir como cualquier otro ciudadano.

Antes de constituir la ONG, Lozano empezó ofreciendo un techo bajo el que dormir a los jóvenes que eran expulsados del centro de Hortaleza al cumplir 18 años. Pero enseguida pudo comprobar que se trataba de un problema inabarcable para una sola familia. Por lo que, junto a otros vecinos de su mismo edificio, creó la organización en el barrio. 

Allí les ayudan y enseñan todo a lo que la Comunidad de Madrid es incapaz de dar respuesta. Desde aprender a cocinar a gestionar la petición del permiso de residencia y trabajo, son múltiples las áreas a las que las voluntarias y trabajadoras sociales de Somos Acogida llegan para ayudarles. Una tarea, no obstante, que surge de las carencias evidentes de lo público, explica Lozano, y que deberían "mejorar urgentemente". A falta de ello, las iniciativas privadas y el voluntariado son lo único que les abre una pequeña luz al final del túnel.