Ministerio de UniversidadesLas universidades estarán obligadas a tener un registro salarial para garantizar la igualdad de género

El Ministerio de Universidades ha diseñado su estrategia programática durante el mes de enero tras hablar con "distintos agentes". Un documento que es un "diagnóstico" de la situación al mismo tiempo que "un marco político sobre el que mirar al sistema universitario", según explican desde el equipo del ministro Manuel Castells. El documento recoge novedades como la futura obligatoriedad de las universidades de contar un registro salarial para corregir la brecha de género o protocolos contra el acoso sexual así como una reducción gradual de los precios públicos hasta llegar a la gratuidad de las matrículas.

Para cumplir con todos los objetivos, se destaca que es imprescindible incrementar la financiación del sistema universitario con el objetivo de que a corto plazo se compense "la pérdida de recursos de las universidades en la última década, cifrada en más de un 20%". Público ha tenido acceso al documento completo del Ministerio de Universidades y estas son las claves de las líneas maestras.

Paquete de medidas para una Universidad equitativa

Varias medidas están destinadas a conseguir una "Universidad equitativa". Para ello, se avanza la "obligatoriedad de las universidades de disponer un registro salarial y de llevar a cabo medidas de corrección para la posible brecha salarial por razón de género" así como la "promoción de políticas activas y obligatoriedad de contar con protocolos de actuación contra cualquier forma de acoso por parte de las universidades".

También se promueve la dotación de suficientes recursos humanos y económicos a las Unidades de igualdad de género y Unidades antidiscriminación, la implantación de medidas que favorezcan la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de decisión, figuras de contratación del personal docente e investigador o del personal de administración y servicios y medidas para impulsar la corresponsabilidad de los cuidados de los familiares para los trabajadores de la universidad.

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, en el curso 2017 - 2018 había 51.331 mujeres docentes en las universidades españolas, un 41,85% del profesorado total. Esta presencia ha ido aumentando con los años ya que en 2007 suponían el 36,4%.

Universidad gratuita

El objetivo es que el acceso a las Universidades sea completamente gratuito. Para ello, se quiere reducir los precios públicos de forma gradual "en función de los recursos que se pongan a disposición de las Universidades públicas". Al mismo tiempo, se quiere proseguir con las mejoras respecto al acceso a becas. "Es necesario que el Estado proporcione becas suficientes en número y cuantía, considerando la obtención de una beca como derecho subjetivo para que cualquier persona pueda acceder a la Universidad con independencia de sus recursos económicos", reza el texto.

Los mayores cambios del Ministerio de Universidades en el tiempo que va de legislatura han tenido que ver con esto. En julio el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el que incrementaba en un 22%, hasta los 1.900 millones, las partidas dedicadas a becas y ayudas al estudio para el curso 2020-2021. Además, se eliminó el requisito académico para tener acceso a las becas. Castells y las comunidades también aprobaron en mayo poner un límite máximo a los precios universitarios en 2022, lo que implica que las primeras matrículas en la mayoría de las comunidades tendrán que bajar.

Promoción de la investigación

"Sin investigación no hay Universidad, hay centro de estudios superiores", dice el texto para argumentar un paquete de medidas que tienen como objetivo promover la investigación científica "en todas sus ramas". Para esto, el Ministerio de Universidades se compromete con la "promoción del profesorado en función de su investigación, además de la evaluación en base a su docencia" y que el profesorado debe disponer "de tiempo suficiente para la investigación en el marco de su jornada laboral".

También se quiere fortalecer los programas de doctorado con "integración de los doctorandos y las doctorando en proyectos de investigación junto con su profesorado, dotación presupuestaria a la investigación  mediante programas de becas predoctorales y postdoctorales así como becas de movilidad nacional e internacional y de infraestructura científica y tecnológica constantemente renovada, incluyendo laboratorios, bibliotecas, bases de datos y redes de conectividad".

Implantación de "universidades virtuales"

En el apartado de "Universidad al servicio de la sociedad" se hace un repaso de claves que se quieren incorporar como un compromiso con la transición ecológica con el objetivo de que los campus sean "prototipos de sostenibilidad", fomento de la "cohesión social con el territorio" o fomento de la "salud pública" favoreciendo la "práctica del deporte y la educación física como actividad troncal en todas las áreas de conocimiento.

También se quiere que la Universidad sea "motor de la transición digital" y esto pasa por la "digitalización en todas las enseñanzas", la "implantación de universidades virtuales y/o basadas en un modelo híbrido o semipresencial" y "formación de profesorado y estudiantado en competencias digitales".

Desarrollo económico y especialización de campus

Por otro lado, se quiere contribuir al desarrollo económico y a la creación de empleo de calidad desde la Universidad a través de la colaboración con empresas con proyectos de investigación –asegurando la independencia académica de la colaboración y la distribución equitativa de patentes y beneficios resultantes de la colaboración–, mediante colaboración en prácticas de enseñanza con la participación de profesionales en la enseñanza como el profesorado asociado, programas conjuntos de especialización profesional según la evolución del mercado laboral y programas de becas financiados por empresas bajo estricto control académico por parte de las universidades.

En este sentido, también se quiere fomentar una "cierta especialización en aquellos estudios o campos científicos en que cada universidad concentre recursos académicos que respondan a las necesidades económicas, sociales y formativas del territorio". El objetivo es que se se consiga alcanzar niveles de excelencia internacionalmente homologables.

Reforzar la figura del Defensor Universitario

Otra clave es reforzar la figura del Defensor Universitario "dotando a su oficina de medios suficientes" para su labor y asegurar el cumplimiento de principios de las instituciones como la libertad de expresión. Además, se indica que "la convivencia deberá ser objeto de regulación específica" y que "las actividades culturales públicas, abiertas a todos, deben considerarse como parte esencial del programa de las universidades".

Sistema de participación plasmado en los estatutos propios

Por último, se quiere promover un "sistema de participación del profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios (PAS)" como "principio básico" de la gobernanza autónoma de cada universidad. Esos sistemas y principios se tendrán que plasmar en Estatutos propios de cada Universidad.