Miles de personas, entre ellas multitud de trabajadores de Alcoa, han protagonizado este domingo una protesta, con corte de la Autovía del Cantábrico incluido, como muestra de su rechazo al anuncio de la multinacional del aluminio de que iniciará un período de consultas para un despido colectivo de un máximo de 534 empleados, al alegar una situación insostenible en esa factoría.

"Ha sido una protesta sorpresa. La gente se está empezando a calentar", ha indicado a Efe el presidente del comité, José Antonio Zan. En esta acción reivindicativa que ha tenido a la A-8, a la altura de Ribadeo (Lugo), como una protagonista clave; también hubo en esta jornada quema de neumáticos.

"Madrid, escoita: Alcoa está en loita", "Energía, solución" y "Pedrito, échale güevos", en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, han sido algunas de las proclamas.

La dirección de Alcoa propuso al comité de empresa abrir consultas durante tres semanas para analizar el futuro de la planta, los retos y las opciones, así como las medidas a adoptar con la representación de los trabajadores.

La aluminera apunta que el propósito de esta consulta informal es poder avanzar con los representantes de los trabajadores antes de iniciar un período formal de consultas, que tiene unos plazos concretos. Precisan asimismo su intención de no tomar decisión alguna hasta que el periodo de consultas haya concluido.

El motivo que ha llevado a la multinacional a tomar esta decisión es básicamente uno, al menos es el que alegan: la serie de problemas externos de producción y de mercado que han hecho que la producción de aluminio primario sea ineficiente y la operación de la planta no sea competitiva.

Entre esos problemas estructurales estarían los altos costes de energía y el bajo precio del aluminio que, junto con el exceso de capacidad global, "han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen" en los próximos meses, expone el equipo directivo.

El Ministerio de Industria, después de conocer las intenciones de la dirección de Alcoa, ha invitado a reconsiderar tal decisión. Así las cosas, en un comunicado, el Gobierno reclama corresponsabilidad a la multinacional en un momento en el que "es más necesario que nunca mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo", y puntualiza que la empresa "ha tenido y sigue teniendo importantes ayudas públicas, condicionadas al mantenimiento del empleo".

El departamento de Industria dice ser "conocedor tanto de la difícil situación financiera" de la multinacional a nivel internacional como de los "problemas estructurales que tiene la planta, sobre todo en el contexto actual, con una importante caída de la demanda" de aluminio primario; pero no ve que la propuesta sea la salida. De ahí su solicitud de repensar.

El presidente del comité de empresa en San Cibrao, en Lugo, José Antonio Zan, considera, a su vez, que, en las actuales circunstancias, el Gobierno central debería estudiar una nacionalización como "primera opción" para salvaguardar los intereses de la fábrica y esos 534 empleos, porque el futuro de la planta es "factible, es viable" y "es algo que repetimos desde hace años".

Zan expresa abiertamente sus discrepancias con el planteamiento de Alcoa sobre esa planta y pide a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que se "involucren".

El Gobierno central "tiene un mecanismo que antes no tenía, que cuenta con la autorización de la Unión Europea, y que se llama intervención de empresas en riesgo de crisis", observa el presidente del comité de empresa.

El complejo industrial de San Cibrao incluye una planta de aluminio y una de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas, respectivamente. Según Alcoa, la reestructuración prevista en la planta de aluminio prevé operar "solo sobre una parte de la fundición", de modo que la producción de la planta de alúmina no se verá afectada por este periodo informal de consultas.