Las dificultades de Alcoa en San Cibrao (Lugo) comenzaron mucho antes de la covid-19. La multinacional anunció este jueves en un comunicado de prensa un despido colectivo que afectaría a 534 empleados , lo que puede suponer un cierre total de la planta de aluminio. Alcoa es la empresa que más puestos de trabajo genera en Lugo y su actividad representa el 30% del PIB de la provincia. En A Mariña Lucense, una mancomunidad, las familias viven de la fábrica y los trabajadores reivindican desde hace años la aprobación del Estatuto Electrointensivo.

El complejo industrial de San Cibrao está conformado por una planta de alúmina, que de momento es rentable y no le afecta esta decisión, y otra de aluminio, en donde trabajan 1143 empleados en total, según datos de la propia empresa. Además, genera 700 puestos a través de empresas auxiliares. Al ser la compañía que más trabajo crea en la provincia las consecuencias pueden ser muy duras y recaerán directamente en la población lucense.

El presidente del Grupo Alcoa en España, Álvaro Dorado, se dirigió a los trabajadores en este contexto límite. La compañía inició un período de consultas con la plantilla ante la situación "insostenible" pero la directiva asegura que no tomará ninguna decisión hasta dentro de tres semanas, para "explicar la situación de planta, los retos que enfrenta y discutir las opciones y medidas". Fue la producción externa y el mercado internacional los causantes de que la producción no sea competitiva. Además, los elevados costes de la energía y el bajo precio del aluminio primario han provocado pérdidas que se prevé que continúen. En 2018 la compañía ya contempló cerrar el año con números rojos con pérdidas de hasta 20 millones.

La historia se repite

El año pasado, Alcoa tomó la decisión de cerrar completamente las plantas de A Coruña y de Avilés (Asturias) y se basaron en las mismas razones. En octubre de 2018, la entidad anunció que dejaban de producir. Las causas, las mismas que la fábrica de San Cibrao: altos costes de la electricidad y el bajo precio del aluminio primario. Sin embargo, Alcoa consiguió vender las fábricas. Primero a Parter Capital, un fondo suizo en 2019, que en abril de este mismo año fue vendida a Grupo Riesgo. Con la intervención del Ministerio de Industria las plantas pudieron continuar su actividad sin graves consecuencias para los empleados ya que mantuvieron los mismos puestos.

De esta manera, en el caso de que la compañía decida terminar con la producción en Lugo, distaría mucho del final que lograron las plantas de A Coruña y de Avilés. La tensión en la plantilla ya ha desembocado en varias protestas este jueves: "Alcoa despidos non". Reclaman la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, medidas para abaratar el coste eléctrico y eludir deslocalizaciones. Los trabajadores ya demostraron su preocupación desde hace semanas cuando la multinacional adoptó la decisión de apagar cubas, lo que supondría reducir la mitad la producción y prescindir de trabajadores.

La política local pide sacar adelante el estatuto

El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Mariña Lucense y alcalde socialista de Foz, Francisco Cajoto, convocó de forma urgente este viernes a todos los alcaldes de la comarca para abordar la situación de la planta de San Cibrao. El alcalde popular de Cervo, Alfonso Villares, sostuvo que es el Gobierno Central el que tiene la solución para Alcoa si aprueba el Estatuto. Por su parte Cajoto defendió la aprobación del decreto, pero también reprochó la responsabilidad a la Xunta al tener las competencias en industria.

Desde Madrid, la Ministra de Industria, Reyes Maroto, ha manifestado este jueves en La Sexta que Alcoa ha recibido "muchas ayudas públicas" y que ha de ser "corresponsable" con la crisis de la covid-19 que azota el país. "Conocemos los problemas estructurales que tiene Alcoa" ha añadido, "el contexto actual de importante caída de la demanda de aluminio primario hace que la empresa tome decisiones".

Las posiciones de los partidos autonómicos se enmarcan en un escenario similar. El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, urgió "máxima implicación al Gobierno de España" pero recordó a Feijóo que" no es un mero observador" y que "trabaje en las soluciones". Por su parte, la Xunta señaló con el dedo al Gobierno de Pedro Sánchez. El Conselleiro de Industria, Francisco Conde, sostiene que fue la "inacción del Gobierno" la que ha provocado la crisis porque del Ejecutivo depende "un precio eléctrico" que tenga fuerza. La semana pasada, el comité de la empresa y la Xunta instaron al Gobierno medidas para lograr precios competitivos, pero según los trabajadores, no han obtenido respuesta.

En cuanto a las fuerzas políticas parlamentarias, la oposición echa en cara el artículo 30 al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que radica que una de las competencias exclusivas de la Administración gallega es la industria. El portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, sostiene que "es imprescindible mantener el empleo en San Cibrao" y que "todas las administraciones tienen que trabajar conjuntamente". Desde En Marea proponen que el Estado, con el apoyo de la Unión Europea, garantice la "supervivencia de la producción de aluminio primario" en España. Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, propuso la "nacionalización" de Alcoa, la puesta en marcha de la tarifa eléctrica gallega y una "comparecencia inmediata de Feijóo en el Parlamento", de la que de momento no hay noticias.