Pacto de EstadoMiles de mujeres piden en toda España los 200 millones del pacto de Estado contra la violencia machista

Más de 300 organizaciones y plataformas feministas se movilizan este miércoles en más de 70 ciudades a lo largo y ancho de toda España para exigir que se cumpla el pacto de Estado contra la violencia machista, aprobado el pasado mes de septiembre en el Congreso pero cuyos fondos no están incluidos en los presupuestos generales del estado para este año.

Fue uno de los acuerdos clave, negociado cuerpo a cuerpo durante semanas. El compromiso de invertir 1.000 millones de euros en cinco años para financiar las más de 200 medidas del pacto, fue el motivo por que muchos partidos políticos se adhirieron a él. Todos los partidos de la oposición manifestaron durante la negociación que uno de los puntos clave era el de los presupuestos y que sin un acuerdo en este punto, el pacto no se habría alcanzado.

Es el caso de Compromis, cuyas representantes han manifestado que firmaron el pacto “con la nariz tapada” porque comprometer al Gobierno a destinar fondos a las Cominidades Autónomas (100 millones anuales) y a los Ayuntamientos(20 millones por año), suponía un paso adelante.

También el PSOE y Unidos Podemos manifestaron que la pelea por los fondos en la comisión creada para debatir este pacto había sido dura, y aunque lo acordado no era lo ideal, suponía un paso en la buena dirección.

Ocho meses después de la aprobación de este pacto en el pleno del Congreso, los fondos comprometidos por el Gobierno para financiarlo no están en los Presupuestos Generales del Estado, cuyas emniendas parciales comienzan a debatirse este miércoles en la Comisión de Presupuestos del Congreso y que el próximo día 24 se votarán en el pleno.

Según el Gobierno, los PGE de 2018 incluyen los 80 millones que, según lo acordado, deben financiar a la administración central (ministerios), pero ni rastro de los otro 120 millones con los que Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y administraciones locales debían hacer frente al grueso de las medidas.

"Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’ (sin tener competencia para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema general de financiación", afirman en un manifiesto las organizaciones consonantes. Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta "a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos" y aborta, además,"la aplicación del Convenio de Estambul, de cuya aplicación debe informar este año España al Consejo de Europa, que exige reforzar la atención social y policial sin supeditarla a la presentación de denuncia judicial, y extender la prevención y la protección a la violencia fuera de la pareja", afirman.

"Los 100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto", reza el manifiesto.

La redacción del documento del pacto de Estado es muy clara a ese respecto y la mayoría de grupos que participaron en su redacción fueron muy cuidadosos en poner negro sobre blanco este compromiso económico. El punto 207 refleja muy claramente la necesidad de que los fondos destinados a financiar las medidas del acuerdo debían ser "finalistas" y acordadas con las Comunidades Autónomas y los entes locales. De hecho, el pacto carga sobre las espaldas de estas entidades la mayor parte de las medidas de acompañamiento y prevención de la violencia machista.

En al menos tres ocasiones el documento detalla específicamente, que su financiación deberá estar reflejada como una partida especial de los PGE.

El Gobierno, sin embargo, ha afirmado tras la presentación de los presupuetos para este año, que los 120 millones que faltan deberán ser asumidos por comunidades autónomas y ayuntamientos sacándola de sus fondos de financiación, cosa que, tal como manifiestan diversos representantes locales, es ilegal.

Compromiso = presupuesto

Con el lema "Compromiso = Presupuesto. Contra las violencias machistas" cientos de organizaciones vuelven a las calles. Será la enésima vez para reclamar que la violencia machista sea cuestión de Estado, pero afirman que seguirán hasta que sea necesario.

Desde hace años las organizaciones feministas vienen reclamando que la violencia machista sea cuestión de Estado. De hecho, el pacto alcanzado entre todas las fuerzas políticas del Congreso fue una reivindicación largamente exigida desde la sociedad civil, desde abajo. Hoy esas organizaciones se sienten estafadas por partida doble y llaman a "contestar a este gobierno machista, indolente y que nos engaña" y recalcan que sin el dinero prometido "no se podrá hacer política feminista".

Las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT han hecho un manifiesto de apoyo sumándose a estas movilizaciones, al igual que lo han hecho varios partidos políticos en distintas comunidades autónomas.