Los diez Defensores y Defensoras del Pueblo de España firman este miércoles una declaración conjunta en la que exigen a los poderes públicos la puesta en marcha de un plan estratégico nacional de atención a menores migrantes, denominados por la administración como menores extranjeros no acompañados (MENA).

El documento, aprobado en Tarifa tras meses de trabajo conjunto por las Defensorías del Pueblo, trata de poner de relieve la “infancia frente a la inmigración” y de asegurar la protección de estos niños y adolescentes que migran sin la compañía de familiares o responsables mayores de edad. Un plan en el que prime la atención de una manera coordinada, solidaria, ordenada y responsable entre los territorios del país.

En el primer punto de la declaración, los defensores han exigido que todas las decisiones que se adopten con los menores migrantes respondan al interés superior de los mismos, primando “la condición de niños frente a la condición de extranjeros”. “Un niño nunca es un inmigrante”, ha declarado el Defensor del Pueblo andaluz , Jesús Maeztu, durante las jornadas que se celebran en Andalucía estos 15 y 16 de octubre, donde ha destacado que “un niño es una persona que por su situación tiene derecho a una especial protección y tutela de los poderes públicos. A un niño no se le pueden ni se le deben añadir apellidos como inmigrante o refugiado. Su estatuto jurídico debe ser siempre y en todos los casos el de menor de edad por encima del estatuto de persona extranjera”.

En España se estima que hay 12.300 menores extranjeros que migran solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior. La principal puerta de entrada de estos chavales es Andalucía, donde están inscritos 5.183 niños; seguida de Catalunya, con 1.938, y Melilla, con 1.067 niños, según los últimos datos del Registro MENA, a 30 de abril de 2019.

Reparto equitativo entre regiones

El reparto y la apuesta de cada comunidad para hacer frente al fenómeno migratorio ha hecho que los los defensores apuesten por un "reparto" más equitativo entre las regiones españolas que garantice “la integración” y han pedido a las Comunidades Autónomas la elaboración de planes de atención a jóvenes extutelados para evitar que su protección quede interrumpida automáticamente al alcanzar la mayoría de edad.

Entre los diez puntos del documento, los defensores han recordado la “responsabilidad de la Unión Europea y de todas las administraciones públicas nacionales de establecer un sistema de protección garantista" ante una política migratoria cuyo “objetivo” según los defensores es “limitar el número de llegadas de personas”. Maeztu ha señalado que “nos jugamos mucho” en esta acogida y que se debe entender que la migración “no es una carga” sino “un beneficio a la sociedad”.

La declaración de Tarifa pretende además ser un documento pionero firmado por los nueve Defensores del Pueblo autonómicos y el estatal en el que se garanticen la acogida, la integración y cooperación frente a la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados. Además los responsables de las Defensorías han asumido en el texto que corresponde a estas “garantizar las actuaciones” de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad y exigen que “estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con independencia del grado de autonomía personal que hayan alcanzado”.