Año tras año sigue aumentando el número niños y niñas migrantes que han llegado a España sin compañía de un adulto que responda por ellos. El 2018 ha sido un año especialmente destacado, ya que se ha duplicado el número de llegadas hasta superar los 13.000 menores acogidos, según el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados del Ministerio del Interior. Sin embargo, estos no son los números reales. Se trata de un registro con “serias limitaciones” que además deja fuera a los menores migrantes que acceden al país por la vía terrestre, apunta Unicef en su informe “Los derechos de los niñas y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española”.

El departamento para la infancia de las Naciones Unidas pone en valor que España esté abordando este fenómeno “desde la óptica de la protección de la infancia” frente a otros países en los que impera la “lógica migratoria”. No debieran olvidarse las consecuencias de políticas como las de Donald Trump, en EEUU, donde muchos de estos niños acaban en centros de detención junto a adultos migrantes durante largos periodos de tiempo. Tan prolongados que han llegado a producirse muertes por deshidratación durante la custodia.

Pero aquí se acaban las buenas palabras de Unicef para el sistema español de protección a estos hijos e hijas de nadie. “El caso español podría considerarse un buena práctica. Sin embargo, la situación es paradójica porque la realidad observada en el terreno muestra que existen problemas, contradicciones y déficits, en ocasiones muy relevantes, que conducen a la desprotección de los derechos de estos niños y niñas”, explica el informe que ha presentado este miércoles en Madrid el Comité Español de Unicef. Situaciones que Público ha documentado recientemente en el especial Radiografía de los menores migrantes.

Plan de acción

Unicef ha exigido al Gobierno un “Plan Nacional de Acción” que cuente con apoyo político y presupuestario estatal y autonómico a largo plazo para garantizar una “protección efectiva e integral” y la “plena integración social” de estos niños y niñas difíciles de agrupar bajo ningún perfil. Menores que, ante la falta de recursos, muchos optan por abandonar los centros y desaparecer del radar de la Administración, con los riesgos que ello implica para un perfil tan vulnerable como el de los menores en desamparo.

Esta conclusión es el resultado de un trabajo de campo de un mes en Andalucía, Ceuta y Melilla que ha incluido visitas a 20 centros de los sistemas de protección y acogida a migrantes, entrevistas con niños y niñas tutelados, con trabajadores de los centros, con jóvenes extutelados, con actores políticos, judiciales, de la sociedad civil, el Defensor del Pueblo y otras agencias de la ONU. "Dos preguntas se me quedaron grabadas de mis entrevistas con algunos de los niños", ha enfatizado durante la presentación Sara Collantes, experta en infancia y migraciones de Unicef. "Uno de ellos me preguntó si todo iba a salir bien. Otro, procedente de Mali y acogido en Granada, me preguntó si era verdad eso que decían en la tele sobre que en España no nos quieren. Fue muy difícil responderles", ha reconocido la experta.

“Normas y políticas desfasadas y descoordinadas”, ausencia de solidaridad entre comunidades autónomas, falta de recursos y graves carencias, unido a un aumento sin precedentes en el número de menores migrantes, advierte Unicef, no hacen más que agravar un problema que ningún Gobierno central ha querido abordar de forma integral. De hecho, la reacción del actual Gobierno ante el S.O.S. de las regiones donde más menores migrantes llegan ha sido un fondo adicional de 40 millones de euros que no se ha traducido en nada concreto y el globo sonda de posibles devoluciones a Marruecos (principal país de origen) de gran parte de estos chicos. Eso sí, siempre “respetando el interés superior del menor”, aseguró el martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita a Ceuta.

Sobre esta asunto, a preguntas de los periodistas, los portavoces de Unicef han recordado que "no hay soluciones únicas ni mágicas" para este fenómeno, aunque han mostrado su preocupación ante estas intenciones de repatriación de menores si no se respeta la Convención de los Derechos del Niño, que establece que para llevarlo a cabo, el Estado español debe cerciorarse de que la familia esté de acuerdo en el regreso del menor, que no existan riesgos de vulneración de derechos en su país y que el Estado de origen esté en condiciones de garantizar derechos básicos como la atención sanitaria o la educación, entre otros. También han alertado ante la posibilidad de las devoluciones automáticas de migrantes rescatados por Salvamento Marítimo a Marruecos y han recordado que, recientemente, la ONU ha reprendido a España por la devolución en caliente de un menor migrante a través de la valla de Melilla en 2014, por lo que no deberían producirse devoluciones exprés de menores migrantes sin antes cercionarse de su situación.

Alerta sobre las pruebas de determinación de la edad

Precisamente es ese interés superior el que no parece respetarse a lo largo y ancho de la frontera sur española, donde Unicef ha podido comprobar la masificación de la mayoría de centros públicos, decisiones cruciales que se toman sin consultar a los menores y que no respetan su interés, total falta de asistencia jurídica gratuita, escasez de profesionales formados para esta tarea y altos niveles de desinformación sobre sus derechos, su situación y sus posibilidades.

El documento critica también la práctica sistemática de las pruebas de determinación de la edad a las que se somete a estos chicos. Unos procedimientos que ya han despertado la preocupación del Comité de Derechos del Niño de la ONU ya que “cualquier error tiene consecuencias devastadoras para los niños”. El margen de error de estas pruebas es de cuatro de años, generalmente son radiografías óseas, aunque también son frecuentes exploraciones de la maduración de los genitales, prácticas invasivas en las que no intervienen ni psicólogos ni trabajadores sociales. Muchas veces sin presencia de un médico forense y sin un encuentro directo entre el menor y el fiscal, que es quien toma la decisión sobre si ese niño debe ser considerado un adulto y, por tanto, debe quedarse sin alojamiento, comida, protección, permiso de residencia, educación o posibilidad de reagrupación familiar, advierte Unicef.

La organización también hace hincapié en las “importantes demoras” y “retrasos en la tramitación” de los documentos de residencia y trabajo de estos chicos una vez que van a alcanzan la mayoría de edad. “Es prácticamente la meta de toda su odisea” aunque pocos lo logran por dejadez de la administración o saturación del escaso personal dedicado a ello, puntualiza el documento, que también denuncia las dificultades para pedir asilo en los centros de protección que ha visitado.

Hacinamiento en los centros

Especial atención dedica el informe a la situación en los centros de acogida. Destaca la presencia cada vez mayor de centros gestionados por empresas privadas en detrimento de los públicos o de ONG, pero también la saturación y, en varios casos, hacinamiento en los de titularidad pública. El documento menciona el caso de La Purísima, en Melilla, con capacidad para 180 menores pero en el que malviven 630 y acumula un amplio historial de denuncias. También destaca las improvisadas medidas en Ceuta, donde se han instalado iglús prefabricados; o en Andalucía, donde se ha añadido la categoría de “Centro de primerísima acogida” o “dispositivos de emergencia” a los ya normalizados centros de primera acogida y residenciales. Tal es la situación de hacinamiento en algunos de estos lugares que, según describe el informe, los niños han decidido ducharse con la ropa puesta ante la falta de intimidad de las duchas.

Por otra parte, en algunas ciudades, los centros se ubican lejos de los centros formativos o en lugares con “particulares condiciones de inseguridad en los alrededores”. Por no hablar de la falta de mediadores culturales, psicólogos, trabajadores sociales, atención sanitaria y abogados en la mayoría de recursos.

“El abandono de los centros por los menores es un hecho cotidiano en casi todos los centros de Andalucía, Melilla y Ceuta”, especifica Unicef, y entre las razones que alegan los menores para esta decisión están las relacionadas con su proyecto migratorio, que no suele tener como destino la frontera sur española; la incertidumbre sobre su futuro por la escasa información y la lenta tramitación de sus documentos; las malas condiciones de los centros y la falta de acceso a actividades educativas. Según denuncia el informe, apenas hay iniciativas formativas en los propios centros, ni siquiera para aprender nociones básicas del idioma. Esto conduce “al fracaso y abandono escolar” pero también a unos sentimientos de “humillación, frustración o tristeza”, como ilustra uno de los menores entrevistados, que aseguró que sentía que iba a “explotar” después de seis horas sentado en una clase en la que no entendía absolutamente nada.

Unicef considera “imprescindible” un Plan Nacional tras esta investigación que, asegura, “pone de manifiesto la necesidad de una serie de medidas” por parte de todas las administraciones competentes. Entre ellas, adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales, una política integral y coordinada en todas las regiones, estándares comunes para determinar el interés superior del menor, para su recepción, tutela y tramitación de documentos, para determinar la edad y para su acogida residencial a nivel estatal. Pero también aboga por promocionar su acogida en familias, en lugar de primar los centros, medida para garantizar el derecho a una escolarización ágil y flexible, establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas y promover un plan contra el racismo y la xenofobia que se ceba con estos menores, entre otras.