Hasan tiene 14 años y se ha roto el fémur al tratar de colarse en el ferry que zarpa de Melilla con destino a Málaga. Avanza despacio con la ayuda de dos muletas mientras sube la cuesta que va hasta el Centro de Menores de La Purísima, su hogar actual, situado a las afueras de la Ciudad Autónoma. En esa misma cuesta se situaba el pedófilo detenido a principios de 2018 por ofrecer a los niños cinco euros a cambio de sexo. Hasan –nombre ficticio para preservar la identidad del menor– está bajo tutela del Gobierno local. En La Purísima disponen de cinco vehículos supuestamente adquiridos para transportar a los chavales cuando es necesario, pero nadie ha pasado a recogerle por el hospital, situado a aproximadamente 40 minutos a pie –si no se tiene una pierna rota–.

En sentido contrario a Hasan, desciende por la cuesta un reguero de aguas fecales. Proceden de la tubería situada a la izquierda de la entrada principal del centro. En verano el hedor resulta insoportable y proliferan los insectos. Ese río de aguas fecales lleva intacto desde que La Purísima abrió sus puertas hace 18 años. Ni las quejas del Defensor del Pueblo, ni el trabajo de los periodistas, ni los más de cinco millones de euros que el Estado dedica cada año al centro han sido suficientes para que el Gobierno de Juan José Imbroda (PP) ponga fin a ese problema.

La Purísima, antaño un fuerte militar, es hoy uno de los ejemplos más ilustrativos de la situación que viven en España los llamados menas (menores extranjeros no acompañados), uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. En sus inicios, el centro tenía capacidad para 180 personas, un cupo que después se amplió hasta 350. El consejero melillense de Bienestar Social, Daniel Ventura, confirma a Público que actualmente hay 660 niños y jóvenes menores de 18 años en el centro. Sólo en el módulo de primera acogida, donde se da más hacinamiento, duermen 400. Los periodistas no están autorizados a entrar en el lugar, pero abundan las imágenes y vídeos que muestran a sus pequeños inquilinos durmiendo de tres en tres en colchones individuales sobre el suelo.

El activista melillense José Palazón calcula que entre 20 y 50 niños pernoctan en las calles de Melilla, mientras que desde Harraga señalan que la cifra podría superar el centenar, a pesar de que en España los menores de edad deben estar bajo tutela y tienen derecho a una plaza en un centro de menores como el de La Purísima. En 2019, el Gobierno melillense cuenta con un presupuesto de 14,5 millones de euros para atender a este colectivo, además una partida extraordinaria del Gobierno central de 1,3 millones, detalla la periodista e investigadora Sabela González en su investigación Buscar la vida: niños marroquíes en las calles de Melilla (Universidad Autónoma de Madrid). Muchos niños “prefieren vivir en la calle y poner en riesgo sus vidas tratando de colarse en un barco, antes que quedarse en un centro de acogida como La Purísima, donde las condiciones de vida no son dignas”, explica González, quien además señala que por la Ciudad Autónoma transitan niños menores de 15 años que todavía no han sido identificados y que, en muchos casos, sufren problemas de adicción.

La legislación española estipula que la educación es al mismo tiempo un derecho y una obligación hasta los 16 años, pero muchos niños de La Purísima no van al instituto, aunque algunos sí reciben cursos de formación profesional y clases de español. La mayoría de los chicos son de origen magrebí y no hablan español, pero La Purísima no cuenta con un intérprete y a sus profesionales no se les exigen conocimientos básicos de árabe o francés.

A pesar de las dificultades, de La Purísima han salido historias de autosuperación y éxito personal que bien podrían inspirar una película de Roberto Benigni. Sin embargo, la tónica habitual del centro desde su apertura son los problemas: consumo de drogas, hacinamiento, baños insalubres, carencias alimenticias y de abrigo y agua caliente, malos tratos e incluso agresiones sexuales. La Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein) y Harraga, dos organizaciones sin ánimo de lucro, llevan tiempo documentando estos problemas y asumiendo el riesgo que supone cuestionar a la autoridad en Melilla. Sin embargo, la Justicia en la ciudad fronteriza no siempre es ágil y eficaz.

Denuncias contra trabajadores

A mediados de 2018, uno de los cuidadores del centro fue detenido tras apuñalar a un menor, un episodio que desató un motín por parte de sus residentes. En un primer momento, los trabajadores de La Purísma mintieron y dijeron a la Guardia Civil que la agresión había tenido lugar fuera del recinto. El agresor pasó una noche en el calabozo y fue liberado previo pago de una fianza de 6.000 euros. La empresa lo despidió y el caso se encuentra actualmente en fase de instrucción en un juzgado de Melilla.

Este y otros incidentes contrastan con el contrato para la gestión de La Purísima otorgado a la empresa zaragozana Arquisocial, que exige que la “calidez humana concebida como una atención a menores (...) sea reflejo de los estilos y características generales de una familia común”.

Fuentes jurídicas y judiciales aseguran que la empresa “jamás” ha sido condenada por maltrato a menores. El abogado que la representa, Antonio Zapata, rehúsa hacer declaraciones sobre los numerosos procedimientos que tienen que ver con La Purísima. Lo cierto es que, desde que el centro comenzó a funcionar, se han interpuesto decenas de denuncias que afectan a los trabajadores del mismo, si bien, hasta el momento, todas han terminado siendo archivadas.

Según ha podido saber Público, hay un procedimiento que está pendiente de sentencia, la cual tendrá que ser dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla. Un menor denunció que dos trabajadores le golpearon con un palo en una oreja y le pegaron patadas mientras permanecía tumbado en el suelo. De acuerdo con la versión del chico, habría recibido la paliza en noviembre de 2015, después de causar jaleo en la habitación en la que dormía.

Entre las numerosas acusaciones vertidas contra el personal, varias de ellas salpican a una misma persona, uno de los empleados más veteranos de La Purísima, que trabaja allí desde que se inauguró el centro. Esta persona es la encargada de mantener contacto con el Ministerio de Justicia, Fiscalía y Policía, además de acompañar a los menores cuando tienen que someterse a la prueba de la determinación de la edad. Así lo ha expuesto el propio trabajador cuando ha comparecido en los juzgados en más de una ocasión. Entre otras causas, le han achacado lesiones a menores o delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, aunque todas terminaron sobreseídas por falta de pruebas.

Investigaciones al director del centro y a su hermano

Hubo un caso que resultó especialmente espinoso para el entorno de La Purísima porque implicaba al hermano del actual director del centro, quien trabajaba como cuidador y fue despedido después de ser acusado como supuesto autor de un delito de abusos sexuales y corrupción de menores. Un chaval del centro denunció que había accedido a mantener relaciones sexuales con él a cambio de que le comprase un teléfono móvil y le facilitara dinero con el que pudiera marcharse de Melilla. El menor llegó incluso a describir cómo era la casa del trabajador. La Audiencia Provincial concluyó en junio de 2018 que se debía dictar el sobreseimiento.

El propio director del centro también fue investigado por la Fiscalía de Menores junto a otros dos trabajadores después de que trascendiera que un curandero había accedido a La Purísima, donde habría quemado los pies a un menor que padecía problemas de salud mental, como parte de un ritual para “expulsarle los demonios” que el niño decía tener en su interior. Los hechos se corresponden a septiembre de 2011, pero cuando comenzaron a investigarse, desapareció el informe diario de incidencias correspondientes a ese día. Aunque el chico admitió que un hombre acudió a su habitación a leerle versículos del Corán para sacarle los demonios, el caso se zanjó después de que manifestara que se había quemado los pies jugando a fútbol.

Recientemente tuvieron lugar otros sucesos que tampoco son propios de un lugar en el que se alojan menores de edad no acompañados. En octubre de 2018, las fuerzas de seguridad acudieron a La Purísima después de que un intento de asalto por la fuerza que estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, según explicó la Guardia Civil. “Los sujetos pegaron un tiro al aire y, al ver que llegaban los agentes, se quitaron de en medio”, explicó Daniel Ventura, consejero de Bienestar Social. Un día después de este episodio, tuvo lugar otro asalto que, una vez más, se frustró después de que el Instituto Armado se desplazara al lugar. Por esas fechas, los responsables del centro aumentaron a cuatro el número de vigilantes permanentes en el centro.

Un negocio con poca supervisión

La gestión de La Purísima ha pasado por diferentes manos, desde la organización islámica VIAS hasta la propia UNESCO. En este centro también han desarrollado actividades y cursos compañías como Eulen o Clece, propiedad del Grupo ACS, que impartían talleres en los que en varias ocasiones se contrató a personal sin cualificación, como el marido de Paz Velázquez, vicepresidenta segunda de Melilla Paz. Durante sus 18 años de funcionamiento, la plantilla se ha mantenido relativamente estable ante los cambios de gestión.

En 2018, la gestión de La Purísima fue adjudicada a la Arquisocial SL, en un concurso público en el que no tuvo rivales. El contrato está valorado en 9,8 millones de euros y tiene dos años de duración, además de una partida complementaria para dietas que varía en función del número de niños y jóvenes a razón de 13,88 euros diarios por cabeza. La empresa no presenta sus cuentas en el registro mercantil al menos desde 2017 (ese año facturó 43,8 millones de euros), incumpliendo el requisito para presentarse a licitaciones públicas según la Ley de Contratos del Sector Público.

Los pliegos con los que se comprometió Arquisocial señalan que “cada menor acogido debe llevar una vida lo más parecida posible a cualquier otra persona de su edad” y subraya la necesidad de integrar a este colectivo también fuera del centro “evitando de este modo la estigmatización”. Entre trabajadores sociales, coordinadores, educadores, limpiadores, cocineros e intendentes, la empresa debería tener supuestamente una plantilla de 113 personas en La Purísima, varios de ellos con titulación universitaria. Según el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, hay 127 profesionales contratados. Arquisocial declina responder a las preguntas de este medio, mientras que varios informes técnicos señalan posibles irregularidades y falta de información incluso en asuntos cotidianos como, por ejemplo, el suministro de comidas o la presencia a jornada completa de un profesional sanitario.

En las cárceles españolas, los internos pueden verse sometidos a condiciones más estrictas si su comportamiento es problemático. En La Purísima sucede al revés: los niños pasan de un “ambiente muy estructurado y con indicaciones muy claras y normativas” a “un ambiente menos estructurado y de normas más flexibles” en función de su evolución, según señala el contrato rubricado por la Consejería de Bienestar Social y Arquisocial.

Una fuente cercana a La Purísima asegura que la situación del centro ha mejorado mucho, a pesar de los problemas que persisten. Según su experiencia, La Purísima “ha pasado de tener gorilas y matones a tener educadores, pero educadores sin formación de menores”.

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* Este reportaje forma parte de la serie Radiografía de los menores migrantes, elaborada por Público en colaboración con PorCausa.