Los menores extranjeros no acompañados, los MENA, que se fugan de los centros de acogida han disparado los índices de personas desaparecidas en España y se han convertido en el grupo más destacado en el último informe anual elaborado con datos de las Fuerzas de Seguridad y las Comunidades Autónomas.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) es quien publica ese estudio y un diputado en el Parlament por Girona, Rafel Bruguera, trabajó para la constitución de este organismo desde la Comisión Especial para estudiar la problemática de las personas desaparecidas del Senado, de la que fue vocal.

La implicación de Bruguera comenzó hace catorce años cuando se acercó a la problemática a raíz de la desaparición de la madre de un amigo, a la que todavía no se ha localizado.

Bruguera, que defiende una causa que describe en muchos casos como "invisible", enarbola cifras casi inverosímiles como que, en España, cada año se denuncian entre 20.000 y 30.000 casos y que, en ese último informe del CNDES, se especifica que, a 31 de diciembre de 2018, a 12.330 personas se las buscaba todavía.

La situación de los MENA ha puesto el foco en esta situación, ya que, de las 9.737 denuncias activas sobre menores si se contabiliza la edad en la fecha de desaparición, al menos 5.084 corresponden a fugados de centros de acogida.

Además, el 85% de estas denuncias se interpusieron entre 2017 y 2018, especialmente en este último año, en el que este colectivo vulnerable ha copado titulares, el último por el reciente ataque a un albergue de Castelldefels (Barcelona) que alojaba a 35 de ellos.

La gravedad del problema lo confirma en el informe que el 95,75% de los casos que permanecen activos y que tienen que ver con menores se refieren a ciudadanos extranjeros.

La mayoría de ellos proceden de Marruecos y el grupo de edad de más peso es el que oscila entre los 13 y los 17 años, aunque los datos demuestran también que muchos de ellos regresan en un breve plazo de tiempo a los centros de acogida y que su retorno no siempre se notifica, lo que complica la labor del CNDES.

Andalucía, Valencia y Cataluña acumulan la mayor cantidad de denuncias activas relativas a menores de edad y, por provincias, lideran esta estadística Cádiz, Granada, Almería y Málaga.

Sin excluir al grupo de quienes todavía no han alcanzado la mayoría de edad, el colectivo en mayor riesgo de desaparición es el de personas de género masculino y nacionalidad extranjera.

De las 12.330 denuncias activas en España, 9.202 responden a estas dos condiciones y 9.032 concretan además que se trata de menores. Del total, 6.192 tienen que ver con ciudadanos marroquíes.

Rafel Bruguera, ante la magnitud de los datos, se plantea preguntas como si la desaparición de MENA fugados de centros debe considerarse de alto riesgo, como así se hace en la actualidad, por el hecho de ser menores.

Este veterano socialista cree que hay que convertir el asunto en "un tema de Estado como el terrorismo, la violencia machista o los accidentes de tráfico" y cita otros colectivos de riesgo como los que padecen enfermedades neurodegenerativas o el de los ancianos y apela a medidas de prevención del siglo XXI como la geolocalización.

"Hay que actualizar las bases de datos, digitalizarlas todas y que se crucen las fichas de desaparecidos con las de cadáveres y restos humanos sin identificar y hay que agilizar el proceso para que se declare a alguien fallecido, porque ahora son diez años, pero para todo eso es clave un compromiso político", añade.

Entre sus reivindicaciones, la necesidad de ayuda a familiares, que se les declare víctimas y dispongan de derechos o que se les preste apoyo en ámbitos como el jurídico, sociológico o psicológico.