El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha abierto diligencias por la denuncia presentada por la víctima de La Manada tras la publicación de sus datos personales y amenazas contra ella y ha pedido a la Policía que identifique a los autores de esos mensajes.

Fuentes jurídicas han informado de que esta medida ha sido acordada por el Juzgado al que ha tocado por reparto el estudio de la denuncia presentada el pasado día 5 por la joven por los mensajes amenazantes, insultos y datos personales suyos que se publicaron en foros, páginas web y perfiles en redes sociales.

El juzgado ha oficiado a la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional para que proceda a la identificación de los autores de los mensajes y a la verificación de la retirada de los mensajes, porque lo solicita la denunciante como medida cautelar.

Los abogados de la víctima de La Manada presentaron la denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña en medios de comunicación digitales y redes sociales.

El pasado día 26 se envió por correo electrónico a los medios de comunicación la sentencia que condenó a nueve años de cárcel a los miembros de La Manada, en la que se habían borrado los datos personales de la víctima, pero no se eliminó en el margen del documento un código que permitió acceder al documento original en la web del Gobierno de Navarra.

Estos datos personales de la joven madrileña, como su nombre y apellidos o su dirección, fueron publicados en algunos medios digitales y en las redes sociales, donde además se han podido ver fotos de la chica, una imagen de su DNI e incluso capturas del vídeo grabado durante los hechos.

El abogado Miguel Ángel Morán ha comentado que, además, cuando reciban de la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional el informe sobre las páginas y redes sociales en los que se ha publicado esta información, se presentará una ampliación a la denuncia.

La Audiencia Provincial de Navarra condenó a cada uno de los cinco acusados de La Manada a nueve años de cárcel por delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, al no apreciar violencia contra la joven, unos hechos por los que la Fiscalía pidió que fueran condenados a veintidós años de cárcel.