Maltrato animalEspaña, el país donde las peleas de gallos se siguen practicando con impunidad

"Adictos a la violencia y la sangre con animales". Así califica Aïda Gascón, directora general de la organización Anima Naturalis, a Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Alberto López Simón, tres toreros que se han convertido en noticia tras salir a la luz unas imágenes de ellos participando en una riña de gallos, una práctica que consiste en poner a pelear hasta la muerte a dos de estas aves. 

Esta práctica, tildada de "anacrónica" por Gascón, supone un ejercicio de maltrato animal que está prohibido en prácticamente toda Europa. Sin embargo, tal y como ocurre con la tauromaquia, en España se encuentran las únicas excepciones legales que permiten que las batallas de gallos se desarrollen con impunidad y dentro de la legalidad. Si bien es cierto que en la mayoría del Estado, estos combates están vetados por las legislaciones autonómicas, en Andalucía y en Canarias existen excepciones que permiten que la sangre de las aves corra sin ningún tipo de repercusión.

Lola García, jurista de la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, explica que en Andalucía y Canarias hay algunas zonas donde existe una "gran afición" a estás prácticas, por lo que incluyeron excepciones al maltrato para permitir que se produzcan. En el caso Andaluz –que es donde se desarrolló la riña de gallos en la que participaron los tres famosos toreros– la Ley 11/2003 de protección de los animales permite estas peleas por motivos de cría y mejora de la especie del gallo combatiente, una raza autóctona que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca define como "animal de pelea, muy conocido por su bravura".

Como ocurre con la tauromaquia, "el argumento es la tradición", lamenta Gascón. "Según los argumentos que dan, esto es un evento en el que se ponen a competir a dos animales para garantizar la supervivencia de esta raza", agrega. Tanto es así, que tal y como señala el Ministerio de Agricultura, en el método para la crianza "el macho no suele elegirse en base al parentesco, sino que éste es elegido entre los mejores clasificados". Es decir, los gallos que salen con vida son los que terminan criando y, según la lógica de estos espectáculos, transmiten su genética agresiva a sus descendientes. 

En cualquier caso, las propias excepciones abren la puerta a que las peleas de gallos se desarrollen en unas condiciones de semiclandestinidad, ya que no puede asistir cualquier persona, sino que son las peñas inscritas en la Federación del Gallo Combatiente las que se encargan de organizar y decidir quien puede acudir a los eventos. "No es como en los toros, que al menos tu puedes comprar tu entrada y constatar el maltrato", denuncia la abogada, haciendo hincapié en cómo esto hace que ni siquiera se respeten algunas de las excepciones que permiten el maltrato.

Buen ejemplo de ello es el caso denunciado por Telecinco, donde junto a los toreros participaron, según la cadena de Mediaset, menores de edad y se realizaron apuestas, algo que está claramente impedido por la normativa andaluza. Tanto es así, que desde Anima Naturalis anuncian que están estudiando presentar una querella basada en estos dos argumentos.

García explica que, en el caso de que se demuestre que hubo apuestas ilegales y presencia de niños, los implicados podrían enfrentarse hasta a 18 meses de cárcel. Sin embargo, la jurista señala que es muy difícil determinar una pena, ya que se deben estudiar muchas aristas, como quién es el propietario de los gallos, si estos han sido adquiridos de manera ilegal en tráfico de animales, además de la presencia de menores y las apuestas, todo ello agravantes que podrían condicionar las penas.

Este medio se ha tratado de poner en contacto con la Federación Andaluza de Defensores del Gallo Combatiente Español para conocer con detalle su versión de los hechos sobre las imágenes publicadas por Telecinco. Sin embargo, en el momento de esta publicación todavía no ha obtenido respuesta.

Sergio Torres, al frente de la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, explica a Público que la Fiscalía está dirimiendo si realmente se incumplió la ley en este acontecimiento concreto, pero pone el foco en la necesidad de iniciar un "debate social" para que la futura Ley Nacional de Protección Animal aborde el problema de las "denominadas riñas de gallos", ya que hasta ahora dependen de la legislación autonómica. 

Esta Ley pionera, que podría ver la luz a finales de año, es un reclamo tradicional animalista que debería, según defiende García, poner fin a todas las excepciones legales que permiten el maltrato animal; bien sean riñas de gallos, espectáculos taurinos o el acoso y derribo de reses.