Una nueva investigación ha demostrado empíricamente lo que familiares de las víctimas de la política sanitaria en las residencias de la Comunidad de Madrid llevan denunciando desde hace más de cuatro años: que la exclusión hospitalaria de los mayores enfermos durante la covid –que finalmente terminaron muriendo en los geriátricos sin atención médica– se produjo y que la no derivación comenzó incluso mucho antes de que la orden se diera por escrito. Un descubrimiento que abre todavía más preguntas sobre la gestión de la crisis sanitaria y su impacto en el fallecimiento de miles de personas vulnerables.

Según el estudio, liderado por el profesor François Béland de la Universidad de Montreal y publicado en BMC geriatrics, las derivaciones hospitalarias comenzaron a disminuir significativamente desde el 7 de marzo de 2020, más de una semana antes de que se publicaran los llamados protocolos de la vergüenza.

Estos protocolos, firmados los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, restringieron oficialmente el traslado de residentes con ciertos grados de dependencia o deterioro cognitivo a los hospitales. Sin embargo, los datos del informe –del que se hizo eco InfoLibre este lunes– muestran que el descenso en las derivaciones ya se había producido antes de estas fechas, lo que sugiere que la limitación en el acceso a los hospitales ya estaba en marcha de facto.

El hallazgo es particularmente preocupante porque indica que estas decisiones que afectaron a la salud y la vida de miles de residentes en geriátricos se tomaron sin una justificación pública clara, antes de la formalización de cualquier directriz oficial y, por tanto, sin respaldo científico. De alguna manera, se operó a la inversa de lo que se esperaría en una tesitura así, impidiendo a los mayores que no tenían seguros sanitarios privados ser atendidos ya antes de que se declarara el estado de alarma.

En febrero de 2020, la media diaria de derivaciones era de 120 personas, pero entre el 7 y el 29 de marzo, esa cifra se desplomó a solo 67. Este descenso coincide con el aumento de muertes en las residencias, que alcanzaron su pico a principios de abril, varios días después de que se empezaran a restringir los traslados hospitalarios.

Para Béland y su equipo, esta caída abrupta en las derivaciones no puede ser vista como una simple coincidencia. De hecho, en su análisis subrayan que las decisiones tomadas en esos primeros días de marzo fueron determinantes para el desarrollo de la crisis durante el resto del confinamiento.

En el momento en que se comenzaron a restringir los traslados, la ocupación de camas hospitalarias por pacientes con covid-19 en la Comunidad de Madrid apenas rozaba el 10%, y las unidades de cuidados intensivos no llegaban ni al 5%. Una situación que sugiere que las decisiones de limitar el acceso hospitalario no respondían a un colapso inminente del sistema sanitario, sino posiblemente a otros criterios no explícitos.

Además, el estudio critica la falta de medidas adecuadas dentro de las residencias para controlar la propagación del virus. Sin acceso a recursos médicos suficientes ni a pruebas de diagnóstico, las residencias se convirtieron en focos de contagio y en lugares donde el virus pudo propagarse sin freno. El resultado fue una mortalidad devastadora, con un 21,5% de fallecimientos en estos centros durante los meses de marzo y abril de 2020.

De esta forma, las conclusiones de la investigación refuerzan lo que ya han señalado numerosos expertos, colectivos por la Sanidad y familiares de las víctimas: que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue deficiente y que las decisiones de limitar los traslados hospitalarios se tomaron mucho antes de lo que se ha reconocido oficialmente. 

Como ya concluyó la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, el verdadero escándalo no reside solo en los protocolos de la vergüenza, sino en la falta de preparación y recursos para las residencias en un momento tan crítico.

Este estudio pone de manifiesto la necesidad de, al menos, una revisión profunda de las políticas y decisiones adoptadas durante este período, especialmente en lo que respecta al derecho a recibir atención sanitaria. Mientras tanto, las preguntas sobre quién decidió limitar los traslados y por qué, y qué impacto tuvieron estas decisiones, siguen sin una respuesta política y judicial clara.