Refugiados en MadridMadrid, ciudad de los refugiados sin refugio

Sofía Motato no quiere dar su verdadero nombre para que nadie pueda buscarlo en Internet y localizarla. Tiene miedo, pero no le importa mostrar su cara. Ya ha puesto un océano de por medio y cree que está a salvo, pero teme por el único hijo que no ha podido traer con ella. Hace más de 25 días que Sofía llegó a Madrid junto a su marido, Jesús Medina (también nombre ficticio), su otro hijo de 18 años y su hija de 11, de los que prefiere no dar el nombre. Llegaron desde la localidad de Yumbo, muy cerca de Cali, en el colombiano Valle del Cauca. “Es zona roja, que le decimos allá. Hay asesinatos casi cada día. Está lleno de bandas de delincuentes, narcotráfico, paramilitares y guerrilla”, resume la mujer mientras descansa en uno de los bancos de la iglesia de la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, en el distrito de Vallecas.

Hace semanas que los asientos de esta parroquia han dejado de servir para sentarse a escuchar misa. Ahora son unas improvisadas paredes que delimitan en cuadriláteros el espacio donde duermen cada noche varias familias de solicitantes de asilo como la de Sofía y Jesús. Sin intimidad, sin más equipaje que lo puesto y lo que cabe en la maleta que hace las veces de mesilla de noche. Y un colchón en el suelo, quizás dos si la familia es numerosa.

Algunas llevan pocos días en la ciudad. Otras, ya varias semanas. Deberían recibir ayuda del sistema de acogida del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Quizás algo de apoyo del Gobierno regional o del Ayuntamiento, pero no está pasando. Tras su huida, están con una mano delante y la otra detrás, dando tumbos por la capital de un país que está obligado a acogerlos, no sólo a dejarles entrar. Van de institución en institución buscando un lugar donde poder pasar los días después de haber formalizado una solicitud de protección internacional en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), pero al final, el único cobijo que han encontrado son los colchones en el suelo de esta iglesia vallecana y la solidaridad de voluntarios que les ayudan en el proceso, que entretienen a sus hijos y que donan algo de comida o dinero.

Sofía friega el suelo de la parroquia mientras su marido da una mano de pintura a las paredes del exterior. “Así agradecemos la ayuda que nos están dando, hacen una gran labor”, sostiene Jesús, el padre de familia. Dice que aterrizaron con 70 euros en el bolsillo, lo único que les quedó después de comprar los pasajes a España, para lo que tuvieron que pedir prestado a mucha gente. “La primera noche la pasamos en un hostal del centro, pero nos costó 60 euros. No teníamos para más”, relata Jesús.

Desde entonces, la familia ha dormido en un parque varios días, en plena ola de calor. Otros los ha pasado en casa de una conocida colombiana, hasta que tuvieron que irse para evitar problemas con el casero. También pasaron una semana en un centro pastoral de Fontarrón, hasta que recalaron en esta parroquia el pasado lunes. “Hemos preguntado en el Samur Social, en la Cruz Roja, en varios sitios… Pero nos dicen que no hay plazas por el momento. Hasta el 19 de julio no tenemos cita con los trabajadores sociales”, explica la mujer. “Hasta entonces no sé qué vamos a hacer”, dice desesperada. “Dormimos aquí los cuatro, sin lamentos”, apunta, señalando con el dedo un colchón donde descansa el hijo.

"Temíamos por nuestra vida, hemos sufrido atentados y estamos vivos de milagro"

“Está muy afectado psicológicamente. Recibía amenazas de muerte a diario, como nosotros, por los grupos de delincuentes. Temíamos por nuestra vida, hemos sufrido atentados y estamos vivos de milagro. En Cali se mata cada día por cualquier cosa, te lanzan una granada a la casa si protestas, por lo mínimo”, describe la mujer, que comenzó a tener problemas cuando un grupo de traficantes de droga se convirtió en inquilino del piso de arriba y comenzó a hostigarles. “No tenemos nada. Sólo miedo a que no nos den protección y nos devuelvan a Colombia”, dice el marido. De momento pueden quedarse seis meses en España, según el único papel que tienen sellado y que les convierte en solicitantes de asilo y no en “inmigrantes irregulares”, susceptibles de ser devueltos a la violencia de la que huyeron.

Refugio en Vallecas

Mientras, Javier Baeza no da abasto. Hace cuentas, coge el teléfono, busca soluciones. Hace lo que puede con lo poco que tiene. Es el párroco de San Carlos Borremo y un conocido activista por los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Uno de esos curas obreros que no cae muy bien en el Obispado. Baeza explica que cada día llegan a su parroquia nuevas familias en un goteo incesante. Un torrente descontrolado a veces. “Estamos algo estrechos”, bromea. Pero no exagera. El jueves durmieron en la iglesia 28 personas. “Ocho familias en total, 12 menores, algunos bebés de varios meses. Llega gente de Venezuela, de Siria, de Nicaragua, El Salvador, también algunos subsaharianos”, enumera, sin contar aquellas familias de las que aún no sabe nada pero que acabarán llegando tarde o temprano.

“El pasado invierno llegamos a acoger 139 personas a las que nadie atendía"

La mayoría, prosigue el sacerdote, han solicitado asilo y han realizado la primera entrevista del proceso. Están a la espera de saber si su solicitud se admite a trámite, pero ninguna institución les da cobijo. Muchos son derivados a albergues para personas sin hogar, pero, apunta Baeza, parece que tampoco hay sitio en ellos por el momento.

No es la primera vez que Baeza abre las puertas para hacer los deberes de las administraciones. El cura recuerda que en su parroquia hay refugiados todo el año, pero que el pasado invierno ocurrió lo mismo. “Llegamos a acoger 139 personas a las que nadie atendía. La diferencia es que entonces se iban buscando pensiones, hostales y pisos de emergencia por parte del Ayuntamiento y de ONG. Al final iban saliendo de aquí, sobre todo los más vulnerables. Ahora no está pasando”, lamenta el párroco, que apunta que hay familias que llevan viviendo en su parroquia desde principios del pasado mes. “Tienen la solicitud registrada, el primer paso. Esperan la protección del Estado y la competencia es del Ministerio de Trabajo pero dicen que no hay plazas”, sostiene Baeza.

El pasado miércoles, decenas de solicitantes de asilo desamparados se concentraron frente a la Secretaría de Estado de Migraciones para registrar por escrito su queja. Iban acompañados de Baeza y de la abogada de la Coordinadora de Barrios Patricia Fernández. “No se trataba sólo de hacer ruido”, prosigue Baeza. “Registramos reclamaciones por vulneración de derechos fundamentales y, si en el plazo de diez días no reciben una respuesta como marca la ley, tendremos que rascarnos el bolsillo pero pensamos acudir a los tribunales”, advierte el párroco.

Desde la Secretaria de Estado para las Migraciones tan sólo han dado una escueta y genérica respuesta a las preguntas de Público. “Se estudiará cada una de las reclamaciones y se intentará dar una solución teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad. Dentro del Sistema Nacional de Acogida se trata de optimizar los recursos de la mejor manera posible para dar solución a los casos más vulnerables”, explican por correo electrónico. Optimizar recursos que, al parecer, brillan por su ausencia.

La Iglesia madrileña pide “intervención legal”

Mientras tanto, cada vez son más las voces que piden tanto al Gobierno central como al autonómico y al Ayuntamiento que no haga dejación en sus funciones. El jueves, la Mesa por la Hospitalidad, nacida en 2015 ante la llamada crisis de refugiados y compuesta por organizaciones de la Iglesia católica madrileña, solicitó formalmente a la Fiscalía una "intervención legal" ante la "falta de respuesta" de las tres administraciones. Ya había puesto el caso en manos del Defensor del Pueblo, pero la imagen de familias de solicitantes de asilo durmiendo en los bancos de las oficinas del Samur de Madrid o en parques ha llevado a la Archidiócesis de Madrid a criticar la "inexplicable falta de previsión y descoordinación”.

"Las tres administraciones se lavan las manos, se desentienden"

“Las tres administraciones se lavan las manos, se desentienden. Están derivando a la gente a instituciones de Iglesia. Nosotros ayudamos encantados pero hay situaciones muy delicadas, familias con bebés, mujeres embarazadas, familias con ocho hijos…”, relatan a Público fuentes del Obispado madrileño. Piden al Ministerio Público que visite las colapsadas sedes del Samur Social y que conozca de primera mano la situación de desamparo que atraviesan los solicitantes de asilo. Incluso se ofrecen para acompañar a los fiscales en esta tarea.

También han protestado los trabajadores del Samur Social, que el pasado lunes durmieron en las oficinas centrales, en el barrio de La Latina, para visibilizar el colapso diario y su falta de recursos para personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países. “En otro momento mi función como trabajador social sería facilitarles un alojamiento temporal y cubrir sus necesidades básicas, especialmente por la presencia de menores, es decir, tener algo que comer, un lugar donde asearse, un espacio donde jugar y un techo bajo el que dormir, pero hoy, como ayer, está todo completo, no hay ninguna plaza libre. De producirse esta situación debo decirles que se marchen y duerman en la calle”, explicaba en una carta abierta a El País un trabajador social. Según ellos, han dejado en la calle a 200 personas en una semana. Muchas, denuncian, tienen cita para presentar su solicitud de asilo para dentro de meses. Es decir, que ni siquiera están registrados en un sistema ya de por sí desbordado.

El número de solicitantes de asilo en España no ha dejado de crecer de forma exponencial desde 2012. Entonces fueron 2.588 personas las que pidieron refugio, muy lejos de las 54.065 registradas en 2018, según datos del Ministerio del Interior. Una cifra récord, aunque muy lejos de las de otros países de la Unión Europa. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) contabilizó hasta finales de mayo 46.596 peticiones, por lo que el 2019 superará la cifra de 2018, espoleada por el incesante éxodo venezolano. Las solicitudes no dejan de acumularse desde hace años en una oficina “obsoleta” y sin recursos humanos suficientes, según denunció CCOO hace meses. A día de hoy, hay más de 100.000 peticiones en un cajón, muchas con varios años de retraso.

Obligados a volver a España

Pero las razones de la saturación que deja desprotegidos a los que ya huyen de la desprotección de sus países tiene tantas patas que es difícil esbozarlas. Las organizaciones sociales hablan de falta de previsión. Algunas, de falta de interés. Ni siquiera se cumplió con la cuota de acogida de refugiados que la UE impuso a los Estados miembro en 2015, algo por lo que España ha sido condenada, aunque sin consecuencias. También fue condenada recientemente por dejar fuera del sistema de acogida a refugiados que ya estaban en otros países de Europa y se les obligó a volver a España siguiendo el Reglamento de Dublín, que establece que las personas susceptibles de recibir protección internacional sólo pueden solicitarla en el primer país europeo al que acceden.

Mahmud Mohamed, de 37 años, y su mujer, Muna Alahmed, de 31, descubrieron hace un mes en qué consistía ese reglamento. Llevan un mes viviendo en la parroquia junto a sus dos hijos pequeños, que se entretienen como pueden correteando por los pasillos, y su hija, aún más pequeña, que pasa las mañanas durmiendo porque "está muy débil", dice su padre mientras la sostiene en brazos.

La mujer, embarazada de ocho meses y medio, no entiende por qué les han obligado a volver desde Alemania, donde llevaban un año y tres meses instalados, con vivienda, atención sanitaria, colegio para los niños y algunos familiares suyos que lograron llegar hace tiempo al país. En el comedor de la parroquia, esta familia de refugiados sirios relata su periplo. Él huyó de la guerra en su país en 2013. Era de un pueblo cercano a la ciudad de Alepo y no quería que lo reclutasen en el Ejército Sirio, así que se marchó a Libia, donde pasó varios años trabajando para poder traer a su familia. Su mujer y sus hijos resistieron los peores años de la guerra hasta que pudieron reunirse en Libia en 2013. Desde allí atravesaron Argelia y Marruecos hasta que lograron entrar en Melilla y pedir asilo.

"Cuando llegamos aquí nadie nos esperaba. Ni siquiera había un traductor en la Oficina de Asilo"

“No era buenas condiciones. Teníamos que comprar hasta el agua para beber y no había mucha higiene. Nuestros hijos enfermaron y no había buena atención sanitaria en la ciudad”, recuerda Mahmud. En diciembre de 2017 lograron su traslado a la Península y la Cruz Roja les facilitó un billete de autobús hasta Bilbao. “Pero no sabíamos dónde teníamos que ir y el conductor no nos avisó, nos pasamos y no sabíamos qué hacer”, explican. Perdieron la única asistencia que tenían porque no pudieron acudir a la Cruz Roja. “Pensaron que no queríamos ayuda porque no habíamos llegado a Bilbao”, relatan, así que decidieron reunirse con familiares suyos en Alemania.

"Estábamos bien allí, pero nos obligaron a regresar porque ya habíamos pedido asilo en España. Cuando llegamos aquí nadie nos esperaba. Ni siquiera había un traductor en la Oficina de Asilo”, lamenta el padre, que recuerda que pasaron varias noches durmiendo en el suelo de la oficina del Samur Social de Madrid hasta que la Policía desalojó el lugar. “Menos mal que algunos voluntarios nos trajeron aquí. Pero tenemos permiso de residencia por cinco años y ninguna ayuda de momento. ¿Hasta cuándo tendremos que estar así? ¿Un mes? ¿Un año? Tenemos hijos pequeños y estamos a punto de tener otro. Necesitamos estabilidad, no podemos estar pensando siempre en qué va a pasar al día siguiente”, lamenta la mujer. “No entiendo que nos obliguen a volver y no hagan nada por nosotros”, se queja el padre, que ya se llevó una "imagen muy mala" de la acogida en España ante de marcharse a Alemania.

Trabajadores del sistema de acogida, despedidos

Tampoco ha ayudado a acelerar estos procesos el cese de alrededor de 200 funcionarios interinos de la Oficina de Asilo y del Ministerio de Trabajo y Migraciones el pasado diciembre. “Éramos los que tramitábamos las solicitudes, estudiábamos casos, pedíamos fondos y cumplimentábamos la enorme burocracia de los programas europeos de asilo, acogida e integración”, explica una de las funcionarias cesadas. Ella estaba al cargo de solicitar y gestionar el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), dinero de Bruselas ya comprometido. 6.888 millones de euros de los que España tiene derecho a casi 430 millones, según explica el Ministerio.

"Dinero hay, lo que falta es gente que lo gestione desde que fuimos cesados"

"Dinero hay. De hecho, los fondos han aumentado muchísimo ahora. Lo que no hay es gente que los solicite, que sepa gestionarlos y elaborar programas para que se ejecuten de forma efectiva. Porque ese dinero requiere de mucha preparación para solicitarlo y ejecutarlo”, explica  a Público esta exfuncionaria, que señala que tanto ella como sus compañeros interinos fueron sustituidos por personal genérico, sin preparación específica en este ámbito, cuando podían haber sido prorrogados sus contratos.

"Fue una locura innecesaria, una idiotez en cadena que nos ha dejado sin trabajo a nosotros y con el 70% del personal de Migraciones y Asilo dedicado a esto sustituido por otros nuevos que serán sustituidos por otros en unos años. Todo se ha paralizado y esto que estamos viendo también es consecuencia de esta decisión”, critica.

Según explica, al menos 90 de estos interinos han presentado una demanda contra el Ministerio por lo que consideran un cese irregular. Mientras las denuncias se acumulan junto a las solicitudes de asilo, los refugiados que llegan a Madrid siguen sin refugio.