Acoso escolarLa madre de una víctima de acoso escolar denuncia el desamparo institucional

Los hechos se produjeron en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Profesor Pablo del Saz de Marbella (Málaga). Peral es tajante: "mi hija sufrió acoso en su instituto y éste fue conocido, consentido y promovido por todo aquel que entró en escena (niños, padres, profesores, Inspección Educativa...) y no lo digo yo, lo dice un expediente administrativo de 130 páginas del instituto donde ocurrió".

La madre subraya que "lo difícil en este tipo de situaciones es que los responsables docentes admitan que existe una situación de acoso y que reconozcan, además, que han hecho las cosas mal". En este sentido, Peral recuerda cómo "tras infinitas reuniones y mi insistencia, se abrió un protocolo de acoso, que no sirvió para nada puesto que se incumplió desde el principio". Entre estos incumplimientos, destaca que no se aplicara ninguna medida de protección para su hija o medidas cautelares contra la supuesta agresora.

"El acoso se extendió al resto de la clase, siendo partícipe buena parte del alumnado", explica la madre

La consecuencia, tal y como explica, fue que el acoso se extendió al resto de la clase, siendo partícipe buena parte del alumnado, según explica la madre, lo que llevó a la víctima a remitir a Dirección un escrito "de su puño y letra pidiendo ayuda desesperada".

El temor por parte del profesorado a involucrarse "y verse salpicado" es, desde la óptica de la madre, una de las causas de la connivencia del cuerpo docente. "Una profesora me llegó a decir que no quería remover nada porque en manos de un buen abogado el asunto podría traerles muchos problemas", apunta Peral.

Se equivocaba, puesto que cerca de 5 años después, esta familia continúa su batalla legal sin que haya obtenido hasta la fecha ningún resultado. Peral no puede estar más decepcionada con la Justicia, pues pese a denunciar el acoso tras el segundo intento de suicidio de su hija, implicando a la supuesta acosadora y a algunos de los responsables docentes, la causa únicamente se trasladó al Juzgado de Menores, sin contemplarse un Juzgado de Instrucción. Desde su punto de vista, "se prejuzgó que no había adultos implicados sin abrir investigación policial".

Público ha intentado en varias ocasiones contactar con la dirección del centro, sin que ésta haya estado en disposición de atender al medio.

Sin consecuencias judiciales

Durante el calvario judicial vivido, Peral recuerda cómo el juzgado llamó a declarar a las dos menores el mismo día y a la misma hora, avisando de ello únicamente a la supuesta agresora, lo que tuvo "consecuencias terribles", explica.

Pruebas como los informes médicos, el reconocimiento en un acta del consejo escolar de que, efectivamente, se produjo una situación de "acoso escolar en su modalidad de agresión social", o diversos tuits de la supuesta acosadora en la que se dirige a la víctima diciendo "qué asco de tía, más mala que un cáncer", "me hierve la sangre sólo de verla" o "son unas ganas de arrancarle la cabeza", no han tenido ninguna consecuencia judicial.

"Mi hija fue perseguida, acosada, ninguneada, aislada, torturada y rota en lo más profundo de su ser y no por cuatro salvajes, sino por todos y cada uno de los organismos destinados a protegerla", afirma Peral, para concluir que "por eso afirmo que no es acoso escolar, es corrupción".

Peral fue amenazada con perder el trabajo, puesto que por aquel entonces era la responsable de la cafetería del centro 

El testimonio de Peral describe meses en los que la presión fue insoportable. Durante toda la andadura, afirma que ella misma llegó a ser amenazada con perder el trabajo, puesto que por aquel entonces era la responsable de la cafetería del centro, algo que sucedería al finalizar el curso. El hecho añadido, además, el hecho añadido, además, de que la madre de la supuesta agresora fuera hija de una profesora no alivió las tensiones. De hecho, y según expone el propio director del centro, el padre de la agresora, que actuó como letrado de la misma, llegó a dirigirse a él en estos términos: "Le voy a presentar una demanda penal contra su persona, lo que puede suponer un pleito que dure al menos 4 años y que como abogado que soy no me supondrá ningún coste".

Irregularidades de procedimiento

En su última denuncia, Peral expone cómo tiene constancia de que en el procedimiento abierto en el Juzgado de Menores nº1 de Málaga "se han introducido diversos documentos en la instrucción susceptibles de falsedad documental, así como delito de prevaricación por funcionario público".

Para ilustrar tal acusación, Peral expone cómo el 20 de octubre de 2015 la fiscalía solicitó al centro un informe relatando los hechos ocurridos. Sin embargo, dicho informe estaba fechado el 30 de abril de 2015, es decir, un mes antes incluso de que se formulara la primera denuncia.

"El centro fue conocedor, consentidor e, incluso, promotor de la situación de violencia contra su hija", asegura Peral

Peral asegura que, más allá de la controversia de fechas, el informe refleja que el centro fue conocedor, consentidor e, incluso, promotor de la situación de violencia contra su hija. Asimismo, la progenitora indica que en ese informe firmado por el director del centro, "se nos atribuyen situaciones o declaraciones que no son ciertas", lo que podría constituir un presunto delito de prevaricación.

La falsedad documental recogida en esta denuncia también señala a los boletines de notas, en los que se observa "la supuesta manipulación de las fechas donde es obligatorio reflejar las ausencias, con clara intención de encubrir el absentismo que dicha situación provocó" en la menor.

Otras de las irregularidades denunciadas por Peral durante el proceso es la manipulación de uno de los expedientes, omitiendo los fragmentos en los que la madre de la supuesta acosadora reconocía los hechos y entendía que éstos habían de tener consecuencias.

"Mis denuncias nunca han sido investigadas y nunca se ha depurado responsabilidades", lamenta la madre de la víctima

"Mis denuncias nunca han sido investigadas y nunca se ha depurado responsabilidades", lamenta la madre de la víctima, que ya es mayor de edad y hace años que se trasladó a vivir a Madrid sin el alta psicológica, puesto que el día a día en Marbella le resultaba insoportable –"llegaron a esperarla a la salida del nuevo centro al que se trasladó".

Según explica, "la acosadora lo confesó", sin que ello haya tenido ninguna consecuencia judicial, por lo que considera que tanto su hija como ella han sido víctimas de un fraude procesal o, incluso si se demostrara la intencionalidad, de un intento de estafa procesal.

Pasados estos cinco años, Peral no se muestra especialmente optimista: "si te encuentras ante un caso de éstos, da igual a las puertas que llames, no vas a encontrar soluciones. Estamos indefensos y lo que es peor, lo están nuestros hijos". Su propia experiencia le indica que aunque "hay mucha gente buena dentro de esos mismos centros y organismos que denunciamos, queriendo hacer las cosas bien, también sufren acoso por ayudarnos, por ayudar a las familias, por denunciar los trapicheos que se cuecen dentro y por quejarse de sus irregularidades". Peral, que sigue firme en su lucha, concluye que "esto no es una guerra de profes contra padres, sino de los buenos contra los malos".