Ley mordazaUn reportero denuncia que ha sido multado por la ley mordaza sin conocer el motivo

El fotoperiodista Juan Carlos Mohr denuncia que sido multado, en aplicación de la ley mordaza, por la Delegación del Gobierno en Madrid, lo que entiende como una “persecución” más a sus compañeros de profesión y a los ciudadanos que graban protestas. El objetivo, según él, es que desistan de su intento de registrar tanto las movilizaciones como las cargas policiales que pudieran producir durante su desarrollo.

Mohr desconoce por qué le han puesto una multa de 120 euros, cuya cuantía respondería a una infracción leve, cuya sanción oscila entre los 100 y los 600 euros. No recuerda haber quebrantado ley alguna durante el ejercicio de su trabajo, consistente en la cobertura de movilizaciones, protestas y desahucios. “Siempre cubro temas sociales, que afectan desde a los refugiados y hasta a las víctimas de la crisis”, explica.

Al reportero se le ha aplicado el artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza después de que activistas, abogados, políticos y medios criticasen que implicaba un freno al libre ejercicio de los derechos y libertades, desde el de manifestación hasta el de libertad de expresión.

El grado de represión puede ser traducida en euros. Según la Plataforma contra la Criminalización Social, en Euskadi se han recaudado 1.200.000 euros desde su entrada en vigor, un monto que no difiere de las cifra oficial aportada por el Gobierno vasco: desde 2016 hasta el pasado octubre, recaudó 1.193.426 euros.

Amnistía Internacional también ha puesto el foco sobre la polémica ley, objeto de ochenta multas diarias desde su aplicación en julio de 2015 hasta diciembre de 2017 por dos causas: por un lado, desobediencia o resistencia a la autoridad; por otro, falta de respeto o consideración a las fuerzas de seguridad del Estado, según datos de la ONG, que calcula que las multas ascienden a unos veinticinco millones, sin contar lo recaudado en Catalunya, Navarra y Euskadi. El Ministerio del Interior calcula que la cifra recaudada por faltar el respeto a la policía, que no contempla el presente año, asciende a 24,6 millones de euros.

En el caso de @juancarlosmohr, la retención —según indica su entidad bancaria en un comunicado fechado el pasado 5 de noviembre y que él no vio hasta este fin de semana— fue "originada por deudas administrativas o fiscales en vía de apremio" y ordenada por una delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria —o sea, de Hacienda—, sin que el perjudicado conociese el motivo ni pudiese reaccionar antes de que le quitasen el dinero.

"Le aconsejamos que se dirija al organismo que ha ordenado el embargo para tratar el asunto", recomienda la misiva, que subraya que el afectado, si procediese, podría presentar un recurso "para obtener la oportuna suspensión del acto administrativo".

Cuando llamó a Hacienda, le explicaron que le habían embargado los 120 euros en aplicación de la del artículo 37.4 de la ley mordaza por “faltas de respeto a las autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad". En un Twitter, se quejaba por desayunarse una multa sin “tener ni puta idea de por qué” ni tampoco haber recibido ninguna notificación previa.

“Llamé a Hacienda y me comentaron que se debía a la aplicación de la ley mordaza, aunque me especificaron que tenían que habérmelo notificado dos veces”, añade el cámara. “Sin embargo, no recibí aviso y me enteré por el banco por casualidad”. La Agencia Tributaria, según su testimonio, le ha remitido a la Delegación del Gobierno para obtener más información.

Rebusca en su memoria y tampoco vislumbra un motivo para que le impusiesen un castigo económico. “La policía sólo me ha identificado cuando he cubierto protestas, manifestaciones y desahucios. Ahora bien, siempre he llevado conmigo un carné de prensa o una acreditación de periodista. Nunca he asistido a una movilización como manifestante, sino con mi cámara”, deja claro Mohr, quien achaca la represión que sufre el gremio a “la política del miedo” diseminada a través de las leyes y su posterior aplicación.

“Esto sólo tiene un nombre: acoso. No sólo por esta multa, sino por la persecución continua que hemos sufrido tanto yo como otros compañeros. Esto es un granito de arena en un desierto, porque la policía también me ha dado algún palo. El problema es que ahora ya no sólo te pegan con porras, sino también con multas, lo que genera que la población se achante y a veces evite protestar en las calles contra las políticas antisociales”, critica.

El reportero recuerda que, antes de la ley mordaza, ya había sido demandado por un miembro de la Unidades de Intervención Policial —UIP, antes conocidos como antidisturbios— por hacer fotos durante el juicio a las 21 del Sareb, encausadas por encerrarse en el banco malo en 2013.

“Un mando me demandó, fui juzgado y, obviamente, luego absuelto, puesto que sólo estaba cubriendo el suceso”, concluye el fotoperiodista, no sin antes recordar las advertencias que le han hecho mientras cubría protestas. “Sí, me han llamado por mi nombre. ¡Juan Carlos Mohr, ten cuidado!, me ha insinuado algún policía durante las cargas”. La supuesta amenaza se ha materializado ahora en una real multa de 120 euros.