El Gobierno navega contradicciones. El deseo de Pedro Sánchez de convertirse en el referente europeo en la transición ecológica choca de lleno con las inversiones que, en menos de un año de legislatura, ha anunciado. A la polémica extensión del Puerto de València, se suma ahora la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que contará con una dotación de 2.400 millones de euros, la mayor para una infraestructura de este tipo en la última década. 

El anuncio, en el marco de Fitur, no fue una sorpresa como tal, ya que AENA arrancó el proyecto de ampliación en septiembre de 2023. Lo que sí han sido una novedad son las cifras a las que el Ejecutivo pretende llegar, ya que Sánchez anunció unas obras destinadas a ampliar la capacidad de acogida hasta los 90 millones de viajeros.

En los datos presentados por AENA en 2023, en cambio, se fijaba una un máximo de 80 millones de pasajeros. Actualmente, según los últimos registros oficiales, Barajas acoge 60 millones de personas, por lo que en pocos meses se ha pasado de un incremento del 33% de la capacidad operativa a un incremento del 50%.

España busca, de esta forma ampliar los destinos internacionales, con más vuelos hacia América Latina y hacia el continente asiático, lo que supondrá más aviones y más emisiones, algo que ha sido denunciado por los colectivos ecologistas españoles.

Un informe publicado por Ecologistas en Acción en 2023, estimaba que las emisiones de CO2 por pasajero podrían aumentar hasta un 34% de aquí a 2030 y las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y de material particulado (PM) lo harían en un 30%. Estas proyecciones se calcularon con la previsión de crecimiento de pasajeros del 33%, por lo que el anuncio de Sánchez de alcanzar los 90 millones de viajeros anuales podrían disparar aún más las emisiones contaminantes y de efecto invernadero. 

Barajas ya es el quinto aeropuerto más contaminante de Europa, según los datos de Open Data Institute, el Consejo Internacional de Transporte Limpio y la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente. Con estas previsiones de crecimiento, España pretende escalar posiciones e igualar los datos de otras infraestructuras como el Charles De Gaulle (París) o Schipol (Ámsterdam).

"Es una falta de responsabilidad anunciar esto así; a las bravas y sin tener en cuenta las repercusiones que va a tener en la vida de las personas. Dentro del contexto de crisis climática en el que estamos, este modelo de desarrollo tan agresivo no tiene sentido", opina MªÁngeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. "Los impactos directos más evidentes, son la contaminación y el ruido, pero luego hay más que pasan desapercibidos y que tienen que ver con la saturación que tiene ya la ciudad", agrega. 

De prohibir vuelos cortos a ampliar aeropuertos

El plan anunciado contrasta con el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, ya que ambas formaciones, a petición del partido de Yolanda Díaz, incluyeron un punto para prohibir los vuelos nacionales cortos que puedan ser sustituidos por trayectos en tren, mucho menos contaminantes. De hecho, los socios de coalición ya han mostrado su desaprobación, al igual que los partidos ecologistas Equo-Los Verdes y Alianza Verde.

Más allá de las contradicciones, Nieto considera que la ampliación de Barajas no choca con ese deseo de limitar los vuelos nacionales, sino que esta medida podría "pervertirse" de tal forma que, el espacio libre en las pistas de aterrizaje y despegue sea ocupado por nuevas rutas internacionales.

"La propuesta de reducir viajes cortos, que es muy interesante desde el punto de vista ambiental, queda en nada, porque ocupas ese espacio, más el que se pretende ampliar, para crear nuevas conexiones con América Latina y con Asia. Este proyecto no va en contra de reducir los vuelos cortos, al revés, se vale de ellos para crear más viajes de larga distancia, lo que supone un balance de emisiones mucho mayor", sostiene.

Para compensar las críticas desde sectores ecologistas, Pedro Sánchez anunció un plan basado de la "sostenibilidad ambiental" para crear "la mayor planta solar en un aeropuerto europeo" con una capacidad de 140 MWh. "Queremos seguir siendo pioneros y estando a la vanguardia de este tipo de instalaciones", dijo el presidente del Gobierno. 

"Lo que habría que mirar no es a la fuente de energía, sino lo que significa ampliar infraestructuras para la movilidad, que es algo en sí mismo insostenible. La industria turística es una de las que más contribuyen a la crisis climática y lo hace fundamentalmente a través de la movilidad internacional. Decir que esta planta solar contribuye a la sostenibilidad es mirar el problema desde el final", valora Ernest Cañada, investigador especializado en turismo de la Universidad de Illes Balears y fundador del centro de investigación Alba Sud.

Suelo público al servicio de lo privado

La propuesta para incrementar el espacio de las terminales de Barajas nace vinculada a una gran operación urbanística de AENA. El ente público quiere crear un polo logístico cercano a la infraestructura, una suerte de ciudad aeroportuaria con hangares, pero también edificios hoteleros y residenciales, locales de ocio, restaurantes y establecimientos del sector terciario. En total, se pretenden ocupar 323 hectáreas de suelo público y edificar dos millones de metros cuadrados.

"Volvemos al modelo de la operación Chamartín, con un proyecto al servicio de una inversión privada que no arriesga nada. Ese suelo debería destinarse a otras necesidades, se debería analizar a qué se puede destinar ese terreno, qué dotaciones o servicios se requieren y no regalarlo", denuncia Nieto.

Cañada, por su parte, pone el foco en los problemas que genera el desarrollo de infraestructuras de este tipo "en un contexto de policrisis". "Un país con tal cantidad de llegadas internacionales, lo que debería hacer es apostar por contener la movilidad. Somos un país que depende en exceso del turismo y tenemos que rebajar eso, porque distorsiona el funcionamiento de nuestra economía", defiende el investigador, que recuerda que además de los problemas ambientales, la presión de esas infraestructuras contribuye a la turistificación de las ciudades, con problemas sociales asociados al precio de la vivienda a la gentrificación.