Llegó la hora. La subcomisión creada en el Congreso para analizar las experiencias de otros países con la regulación del cannabis medicinal echa a andar este miércoles con la aprobación de su plan de trabajo, que deberá estar
concluido el 20 de mayo. Queda por determinar quiénes comparecerán y qué aspectos se abordarán para una posible regulación en España. Y sus beneficiarios, miles de personas que ya lo utilizan para tratar sus dolencias, están expectantes: "Los pacientes están muy expectantes, muy nerviosos por lo que se decidirá, deseando que esto salga", dice la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, Carola Pérez.

La subcomisión se constituyó el pasado 14 de octubre en el seno de la Comisión de Sanidad y Consumo a raíz de una propuesta del Grupo Vasco, pero hasta este miércoles 16 de febrero no se ha convocado la primera sesión para poner en marcha los trabajos que determinarán si se regula el uso del cannabis medicinal en España, como ya lo han hecho, con diferentes encajes, la mayoría de los países de la UE y potencias económicas mundiales como Canadá, EEUU, Australia o Israel. Presidida por la parlamentaria del PP Rosa María Romero Sánchez, 14 vocales (3 del PSOE, 2 del PP, 2 de Unidas Podemos, 2 de Vox, uno de PNV, uno del grupo Plural, uno de Ciudadanos, uno de ERC y otro de Bildu), deberán acordar, en primer lugar, la ordenación de los trabajos, el calendario, el número de comparecientes y sus nombres, y dilucidar qué aspectos del uso terapéutico de la marihuana se debatirán.

Entre los pacientes, las miles de personas que para conseguir su medicina deben acudir ahora al mercado negro o a las asociaciones de usuarios que se mueven en un incierto limbo legal o al autocultivo, arriesgándose así a la aplicación de sanciones de la Ley Mordaza por tenencia de droga, la expectación es máxima en torno a lo que se pueda decidir en la subcomisión del Congreso. Se trata, fundamentalmente, de personas enfermas de cáncer, esclerosis múltiple, dolor crónico, algunos tipos de epilepsia y artritis que han encontrado en el cannabis el remedio o el alivio que no habían hallado en los medicamentos que se dispensan en las farmacias.

Responsables del Observatorio Español del Cannabis Medicinal, organización integrada por científicos y pacientes, se han reunido varias veces con diputados del grupo socialista y de otros grupos parlamentarios que forman parte de la subcomisión, pero todavía no saben qué derroteros van a tomar los trabajos, a qué expertos van a llamar para que hablen sobre el uso terapéutico de la marihuana, de qué países vendrán, qué experiencias se primarán en un campo donde las posibilidades regulatorias son muy variadas... "La evidencia científica está clara. Ahora lo que hay que discutir es el cómo, qué tipo de pacientes pueden ser incluidos, qué dolencias, qué enfermedades. Por eso es
tan importante que escuchen a los pacientes, que sepan lo que les sienta bien, qué necesitan, para que así el programa que se apruebe sea lo más honesto posible e incluya al mayor número de pacientes posible", explica Carola Pérez.

Por eso, a juicio de la presidenta del Observatorio Español, son los pacientes quienes deben estar en el centro de la subcomisión, porque, a diferencia de otros casos, son quienes mejor conocen los beneficios del uso de una planta, los que están en contacto con los médicos y expertos que la han estudiado, y, por tanto, van muy por delante de la política. "Esperamos — dice — que esto acabe en una ley que luego se vote en el pleno del Congreso. Y que si fuera posible, se votase antes del verano. Una ley que regule a qué pacientes se puede administrar el cannabis, en qué formatos y dónde se puede obtener,
de manera gratuita y por prescripción médica de la Seguridad Social”.

La prescripción gratuita o el copago supondría un notable ahorro para los enfermos que utilizan el cannabis como medicina, que pueden gastar ahora en torno a 250 euros al mes para adquirir productos con CBD y THC para el tratamiento de un dolor crónico, aunque ese gasto sigue estando muy por debajo de lo que cuestan fármacos como el fentanilo, un potente opioide sintético, según señala Carola Pérez.

"Lo que queremos evitar también es que el paciente se vuelva al mercado ilícito, como ha ocurrido en Portugal o Gran Bretaña, por no tener dinero para pagar los productos de cannabis regulados. Si lo hacemos es para proteger al paciente, no para dejarlo desatendido, y que se queden unas empresas haciendo el negocio", subraya la responsable del Observatorio.

La regulación no contemplará el autocultivo

Lo que sí le han dejado muy claro al Observatorio Español del Cannabis Medicinal desde el grupo socialista es que en la subcomisión no se contemplará de ningún modo el autocultivo de plantas de marihuana como debate para su inclusión en una posible regulación. Ese sistema de suministro, sin embargo, está incluido en procesos regulatorios que han emprendido otros países de Europa y América, en los que se ha establecido un número máximo de ejemplares permitidos por domicilio y un sistema oficial de registro, y es una práctica también muy extendida en España entre usuarios de uso medicinal y recreativo que se abastecen con las plantas que cultivan en su casa.

En cuanto a los ponentes que comparecerán en el Congreso, los socialistas, según Carola Pérez, se decantan por que procedan todos de países de la UE donde se haya llevado a cabo algún programa regulatorio con el uso medicinal del cannabis, mientras que su organización defiende que se debería contar también con expertos de otras partes del mundo con importantes experiencias en este campo, como Canadá o Israel. En concreto, el Observatorio ha propuesto que comparezcan Franjo Grotenhermen, experto alemán y director de la Asociación Internacional de Medicamentos Cannabinoides (IACM), Raphael Mechoulam, profesor israelí de química médica célebre por haber aislado la molécula del THC, Jordi Pérez, doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona que trabaja en un programa de cáncer en Canadá y conoce muy de cerca el programa canadiense de cannabis medicinal, y Kirsten Müller, catedrática de Psiquiatría de Hannover experta en la investigación del síndrome de Tourette.

El grupo socialista quiere "una respuesta consensuada"

El socialista, como grupo mayoritario, es el que ha hecho al resto de formaciones parlamentarias la primera propuesta de organización del trabajo y funcionamiento de la subcomisión, a la que le han respondido afirmativamente al menos Unidas Podemos y PNV.  "Nuestra voluntad es tener los trabajos terminados durante el siguiente periodo de sesiones (de febrero a junio). Desde el grupo socialista deseamos que los trabajos permitan dar una respuesta consensuada con el máximo número de grupos parlamentario", dijo a Público en enero su portavoz en la subcomisión, Daniel Viondi.

Las intenciones del PSOE en esta subcomisión quedaron muy claras en la Ponencia Marco de su 40 Congreso Federal, celebrado el pasado mes de octubre. En ella, los socialistas afirman: "promoveremos la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del SNS (Servicio Nacional de Salud) y con prescripción médica". Y para defender esa propuesta, argumentan que los organismos internacionales han avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al suavizar su catalogación en las listas de fiscalización de los estupefacientes, que la evidencia científica ha dado pasos adelante con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos en algunas enfermedades crónicas y que, además, diversos países de la UE, como Portugal, Francia o Alemania, ya han aprobado su regulación.

El acuerdo de la Cámara para la constitución de la subcomisión dispone que deberá escuchar a expertos y representantes de programas de regulación del cannabis medicinal que han puesto en marcha otros países, para, en el plazo máximo de seis meses, emitir un informe con una perspectiva de comparativa internacional sobre "la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas". Ese informe tendrá que ser luego remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español.

La experiencia científica sobre el uso terapéutico de la marihuana se cimenta,
fundamentalmente, en un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, que en 2017 se basó en la existencia de "evidencias concluyentes o substanciales" para afirmar que los cannabinoides (compuestos del cannabis) son efectivos en el tratamiento del dolor crónico en adultos, como antieméticos para paliar los efectos de la quimioterapia y para mejorar los síntomas de espasticidad muscular de la esclerosis múltiple. En otras enfermedades, el estudio de la Academia norteamericana concluye que la fortaleza de la evidencia obtenida hasta ese momento había sido menor, entre ellos el uso del cannabis para favorecer el aumento del apetito, impedir el síndrome del desgaste en enfermedades como el cáncer o mejorar el sueño en casos de insomnio.

El uso medicinal del cannabis recibió en diciembre de 2020 un espaldarazo con la decisión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) de suavizar la fiscalización internacional de la marihuana para facilitar su utilización médica y científica en los países miembros. Con el voto a favor de España, la Comisión sacó al cannabis de la Lista IV, donde se encuentran las drogas consideradas peligrosas como la heroína, y la dejó únicamente en la Lista I, tal como había recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), asesorada por el Comité de Expertos en Farmacodependencia. En España, hay una opinión ampliamente mayoritaria a favor de la regulación del cannabis medicinal. El último Barómetro del CIS el que se preguntó por este tema, el de abril de 2021, revela que el 90,1% de la población española está a favor de regularizar el uso médico del cannabis, una mayoría que aumentó en seis puntos con respecto a la que reflejaba la anterior encuesta de este organismo estatal que preguntó por este tema, la de abril de 2018.

La opinión favorable a la regulación del cannabis medicinal duplica, además, a la que apoya la legalización  de la marihuana para uso adulto o recreativo, que, no obstante, se acerca ya a la mitad de la población española, el 49,7%, dos puntos y medio más que en 2018.