La legislatura que se encamina a su ecuador con una coalición de Gobierno progresista no pasará, casi con total seguridad, de una regulación del uso medicinal del cannabis. La posición del grupo socialista, que con sus votos, unidos a los de PP y Vox, ha tumbado este martes (263 votos en contra, 75 a favor y 9 abstenciones) la proposición de ley de Más País para legalizar el uso integral de la marihuana –terapéutico y recreativo-, parece ya inamovible: cualquier cambio legislativo sobre la marihuana en España se basará en lo que acuerde la subcomisión constituida en el Congreso la semana pasada para estudiar las experiencias normativas de otros países con el cannabis medicinal.

Lo sucedido en el Pleno del Congreso con la toma en consideración de la propuesta de ley defendida por Íñigo Errejón hace prever que, salvo sorpresas o giros inesperados de guion, el PSOE mantendrá la misma posición con las otras dos leyes de regulación, también de carácter integral, que fueron presentadas en la Cámara poco después que la de Más País, una por su grupo socio de Gobierno, Unidas Podemos, y la tercera por Esquerra. El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha dejado muy clara la postura de su formación: todo lo que tenga que ver con el cannabis deberá ser abordado en la subcomisión creada, a propuesta del PNV, para abordar su posible legalización, pero únicamente con fines medicinales.

El portavoz socialista se ha ceñido de esa forma a la Ponencia Marco del 40 Congreso Federal de su partido reunido el pasado fin de semana en València, cuyo punto 1077 reza textualmente: "Promoveremos la aprobación de un marco legal para el uso del cannabis medicinal en España a través del SNS (Servicio Nacional de Salud) y con prescripción médica". Los socialistas alegan que los organismos internacionales han avalado los usos medicinales y terapéuticos del cannabis al suavizar su catalogación en las listas de fiscalización de los estupefacientes, que la evidencia científica ha dado pasos adelante con una valoración positiva de posibles usos beneficiosos en algunas enfermedades crónicas y que, además, diversos países de la UE, como Portugal, Francia o Alemania, ya han aprobado su regulación.

La subcomisión constituida dentro de la Comisión de Sanidad deberá escuchar a expertos y representantes de programas de regulación del cannabis medicinal que han puesto en marcha otros países, para, en el plazo máximo de seis meses, emitir un informe con una perspectiva de comparativa internacional sobre "la evidencia científica existente, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades y resultados de las experiencias analizadas". Ese informe tendrá que ser luego remitido al Gobierno para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado español.

Aprobada su creación en junio, la subcomisión se constituyó formalmente el pasado 14 de octubre. Ahora, sus componentes tienen que determinar el calendario de sesiones, los contenidos y, sobre todo, las personas que comparecerán para exponer las experiencias con el uso terapéutico de la marihuana y los posibles beneficios para los pacientes. La decisión de quiénes hablarán en ese marco será, por tanto, crucial para el resultado de las conclusiones. El PSOE, como grupo mayoritario, tendrá que hacer la primera propuesta para llegar a un consenso con el resto de formaciones, entre ellas la proponente de la subcomisión, el PNV; desde Unidas Podemos ya han adelantado que quieren que participen también organizaciones que llevan años trabajando en este campo en España y el Observatorio Europeo para el Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo español de expertos en diversos aspectos de la marihuana, ha advertido de que el modelo regulatorio elegido deberá tener en cuenta el autocultivo medicinal que miles de personas practican en nuestro país y no limitarse a los productos de la "farmaindustria".

Queda por ver también si habrá tiempo para que los resultados de esta subcomisión tengan un efecto normativo, es decir, si quedará margen en una legislatura que se acerca a su hemisferio para que se apruebe una ley reguladora de acuerdo con sus conclusiones. España sigue así avanzando con paso muy lento hacia un proceso regulatorio que otros países ya iniciaron hace tiempo con diferentes modelos para el uso terapéutico, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Francia, Dinamarca, República Checa, Portugal, Israel, Uruguay, Canadá y varias decenas de estados de EEUU, entre otros.

El ejemplo de Alemania puede cambiar la dinámica

Pero las distancias se pueden acrecentar aún más. Por ejemplo, con respecto a Alemania, la gran potencia de la UE, donde, tras las últimas elecciones con victoria del partido socialdemócrata SPD, se plantean ya avanzar hacia una regulación integral. Esta añadiría la legalización del uso recreativo a la ya en vigor del medicinal, en el que este país es el primero de Europa en número de pacientes tratados con un cannabis recetado por el sistema nacional de salud. Liberales y verdes, posibles socios de los socialdemócratas en el nuevo gobierno, son favorables a la regulación y aseguran que pondrán este tema en la mesa de negociación para formar ejecutivo. Desde el SPD no han dicho que no de momento y han lanzado mensajes favorables sobre la idoneidad de avanzar en una regulación más amplia.

Algunos expertos consideran que si Alemania diese ese paso y se convirtiese en el primer país europeo en regular de manera integral la marihuana, como ya lo han hecho Canadá, Uruguay y más de una decena de estados de EEUU, se podría producir un efecto de arrastre sobre otros estados comunitarios. De acuerdo con esas estimaciones, en el caso de España el PSOE podría agarrarse a la decisión de un gobierno socialdemócrata 'amigo' del calado del alemán para variar su postura prohibicionista, de la misma forma que el acuerdo de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas del pasado diciembre para sacar el cannabis de la lista de drogas peligrosas le ha servido para defender ahora una regulación del uso medicinal de la marihuana.

Pero suposiciones aparte en torno a lo que pueda suceder en el futuro, lo cierto es que ahora, al menos, la batería de propuestas de regulación integral presentadas en el Congreso ha conseguido unir un poco más al diverso y fracturado movimiento cannábico de España, que atesora una larga trayectoria de activismo por la regulación y que se visualiza en las más de 1.500 asociaciones y clubes de usuarios repartidas por todo el país, un fenómeno sin parangón en el resto del mundo.

Representantes de varias organizaciones se juntaron este lunes a las puerta del Congreso de los Diputados detrás de una pancarta con el lema "Ley de cannabis ya", acompañados por diputados de Más País, Unidas Podemos y ERC, las tres formaciones que han presentado en la Cámara propuestas de regulación integral. En un comunicado conjunto firmado por cerca de una treintena de entidades de todo el estado, piden a todos los grupos políticos, y en espacial al Gobierno de coalición, "consenso para abrir el debate" y llegar a un acuerdo amplio "para crear un marco regulatorio justo y eficaz que atienda a las realidades y necesidades ya existentes por y para el bien de toda la sociedad".

Las organizaciones firmantes del comunicado consideran que la regulación debe servir, además, para acabar con lo que consideran "política punitivas y represivas" que han traído consigo una "creciente ofensiva policial, judicial e institucional hacia todo el sector y el movimiento cannábico". Esa persecución se ha traducido, a su juicio, en numerosas intervenciones de tiendas grow y de CBD, bancos de semillas y asociaciones de usuarios, con algunos de sus más destacados y veteranos activistas condenados a prisión, como son los casos de Albert Tió, en Barcelona, y Fernanda de la Figuera, en Málaga.

El número de consumidores ha aumentado

El gran número de asociaciones de usuarios de cannabis que hay en España está relacionado también con las cifras de consumo. La propuesta de ley de Más País recoge la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad, que revela que un 37,5% de la población ha consumido cannabis en algún momento de su vida, más del doble del porcentaje que se registraba en 1995 y que en términos absolutos supondría unos 18 millones de personas. Sin embargo, en el caso del uso de la marihuana con fines medicinales las cifras son menores, ya que se estima que entre 250.000 y más de medio millón de personas, según diferentes cálculos del movimiento asociativo, la utilizan como tratamiento para paliar los efectos de sus enfermedades: cáncer, esclerosis múltiple, dolor crónico, algunos tipos de epilepsia y artritis, entre otras.

En cuanto a la opinión que tiene la sociedad española sobre la regulación también hay notables diferencias según sea el uso que se pretenda legalizar: los datos del último Barómetro del CIS en el que se preguntó por la legalización de la marihuana, publicado el pasado mes de abril, refleja que el 49,7% de la población española está a favor de que se permita su venta en determinados establecimientos y en determinadas condiciones, un porcentaje que sube hasta el 90,1% si es sólo para uso medicinal.

Aunque la regulación de la marihuana aún no ha echado a andar en España, en nuestro país hay ya 24 entidades y empresas públicas y privadas que disponen de autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) del Ministerio de Sanidad para cultivar cannabis con fines de investigación o de producción con fines médicos y científicos. Esas licencias se conceden en virtud de una ley aprobada en 1967 durante el régimen de Francisco Franco, previa a la Constitución de 1978, y toda la producción que generan debe ser exportada a otros países porque en España no está permitido todavía su uso.