El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Madrid ha citado a declarar a Isabel Díaz Ayuso el próximo 29 de abril tras admitir a trámite la demanda presentada por Comisiones Obreras (CCOO) en la que reclama a la presidenta que se retracte de las declaraciones de desprestigio dirigidas contra los profesionales de los centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

El pasado diciembre, Ayuso desacreditó a este colectivo de trabajadores durante una entrevista radiofónica. Sus palabras ponían en entredicho el compromiso y la honestidad de los profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad pública en Madrid.

Ayuso negó y puso en duda la saturación de los centros de salud durante las pasadas navidades, colapsados por la aparición de la variante ómicron. "Los ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar", declaró la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

El sindicato, considerando que las declaraciones de la mandataria dañaban la reputación de los sanitarios, no dudó en interponer la demanda el pasado 16 de febrero. "Sin duda es una buena noticia y es una oportunidad para corregir esas declaraciones que no debieron producirse en ningún caso y bajo ninguna circunstancia", ha declarado Paloma López, secretaria general de CCOO de Madrid, tras conocerse la citación de Ayuso.

Madrid, la región que menos invierte en Sanidad Pública

Mientras la presidenta pone en duda la labor de los profesionales, Madrid es de las regiones que menos invierte en políticas sociales de toda España. Sin ir más lejos, se estima que la inversión por paciente en la sanidad pública madrileña es de 1.300 euros por ciudadano, muy lejos de alcanzar los más de 2.000 euros que destina, por ejemplo, el Gobierno de Euskadi.

Además, desde que comenzó la pandemia por la covid-19, Ayuso ha ordenado el cierre de 37 SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) y ha rescindido el contrato de más de 6.000 sanitarios. Como consecuencia, la población de varias localidades ha quedado desatendida en los horarios en los que los centros de salud permanecen cerrados.

Y, sin embargo, a pesar de los recortes y las privatizaciones, los sanitarios han continuado cuidando y atendiendo en la medida en la que sus cada vez más limitadas capacidades les permitían. "Los profesionales no se merecen nada más que reconocimiento por el trabajo y por el labor que realizan de forma permanente", ha afirmado López.

En la demanda, Comisiones Obreras puso de relieve la concatenación de agresiones por parte de usuarios contra contra profesionales y medios materiales de los centros de salud que tuvieron lugar tras las declaraciones de la presidenta madrileña. 

"Las palabras vertidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el funcionamiento de los centros de Atención Primaria en las vísperas de Navidad, en plena expansión de la sexta ola de la covid-19 en su variante Omicron, tuvieron una inmediata reacción", explica la nota judicial que detalla, seguidamente, diferentes casos de violencia registrados por la Policía.

Así, debido a diferentes ataques verbales y contra el mobiliario, varios centros de salud como el Guayada, el Abajón y el Federica Montseny se vieron obligados a cerrar sus puertas por razones de seguridad. Otros, como el CS Rejas y el CS Fronteras han denunciado insultos y amenazas contra los trabajadores administrativos.