Cuatro años después de que la pandemia de covid-19 arrasara las residencias de mayores en Madrid, las familias de las víctimas siguen buscando justicia. Su batalla, marcada por el daño, el dolor y la indignación, ha enfrentado numerosos obstáculos en su camino.

A sus seres queridos, en su mayoría mayores y vulnerables, se les negó la atención médica hospitalaria por culpa de unos protocolos que hoy son ya conocidos como los "protocolos de la vergüenza". Estas medidas discriminatorias, aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, impedían que las personas que vivían en residencias fueran derivadas a hospitales si presentaban algún tipo de deterioro cognitivo o cierto grado de dependencia.

El primer gran obstáculo para las familias fue la propia existencia de estos documentos. Aunque inicialmente el Gobierno autonómico intentó negar su aplicación, pronto se desveló que no solo que existieron, sino que fueron implementados con extrema rigurosidad en muchos centros, tal y como ha explicado tantas veces el periodista Manuel Rico en sus investigaciones.

Las familias, que al principio no podían entender el porqué de esa crueldad con sus seres, pronto descubrieron con horror que nada había sido aleatorio, sino que existía una directriz que decidía quiénes tenían derecho a recibir atención especializada y quiénes no. Este fue solo el comienzo de una lucha que, desde entonces, ha encontrado resistencias constantes en el ámbito político y judicial.

7.291 víctimas y más de 300 querellas

A lo largo de estos años, las plataformas ciudadanas, como Marea de Residencias y Verdad y Justicia, se han convertido en las principales voces de las familias afectadas. Desde el principio, han denunciado lo que consideran un abandono institucional de más de 7.000 mayores y han llevado su lucha a los tribunales.

Sin embargo, el sistema judicial también les ha puesto trabas: de las más de 300 querellas presentadas, quedando apenas 30 que han alcanzado el Tribunal Constitucional y 25 que ya han sido archivadas. La frustración entre las familias es palpable y, aunque no se rinden, han llegado a sentir que el sistema ha cerrado sus puertas a la posibilidad de dirimir responsabilidades.

Los "protocolos de la vergüenza" no solo marcaron un antes y un después en sus vidas, sino que revelaron profundas fallas en el sistema de atención a los mayores y en la gestión política de la pandemia. Entre el 18 y el 22 de marzo de 2020, la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria bajo la dirección de Carlos Mur redactó hasta cuatro versiones.

El PP busca protegerse: ha vetado más de 80 preguntas

Un dolor que se ha visto intensificado por el constante bloqueo político que han enfrentado. En la Asamblea de Madrid, el Partido Popular (PP), con el apoyo de Vox, ha impedido de manera sistemática la creación de comisiones de investigación que podrían haber arrojado luz sobre lo sucedido en las residencias. A pesar de los esfuerzos de partidos de la oposición como Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, que han presentado repetidamente estas solicitudes, el PP ha utilizado su mayoría parlamentaria para rechazar cualquier intento de esclarecer lo ocurrido.

Uno de los episodios más llamativos fue en julio de 2021, cuando el Ejecutivo de Ayuso bloqueó la creación de una comisión de investigación que pretendía analizar la gestión de las residencias durante los primeros meses de la pandemia. En ese momento, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, reconoció la gravedad de lo sucedido, pero insistió en que la Administración había hecho "todo lo posible" para salvar a los residentes. Recientemente, la presidenta ha llegado a sugerir incluso que los ancianos "se iban a morir igual".

Este patrón de bloqueo se ha repetido a lo largo de la legislatura, impidiendo esclarecer cuestiones clave, como las actas de inspección de las residencias por parte de los bomberos, de la Policía o del 112. Hasta en más de 37 ocasiones el PP ha impedido que preguntas relacionadas con las residencias fueran debatidas en la Asamblea y ha vetado más de 45 preguntas en diferentes comisiones.

Otro de los episodios que merece la pena recordar fue protagonizado por Dolors Montserrat, eurodiputada del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, quien intentó impedir que Marea de Residencias pudiera comparecer en el Parlamento Europeo. La plataforma buscaba visibilizar el sufrimiento de las familias y exigir responsabilidades a nivel internacional, pero Montserrat, en varias ocasiones, presionó personalmente para que estas peticiones no fueran admitidas a debate.

Sin embargo, la perseverancia de las familias y el apoyo de otros grupos políticos en Europa permitieron que la investigación siguiera su curso y se mantuviera viva la esperanza. Carmen López y María Jesús Valero, representantes de Marea de Residencias, pudieron comparecer finalmente.

Su lucha no es solo por la justicia para quienes murieron, sino para que nunca más se repita una tragedia similar. La creación de la Comisión Ciudadana por la Verdad ha sido uno de los pasos que han dado precisamente en este sentido, con el fin de mantener viva la memoria.

La primera denuncia colectiva

Por todo lo anterior, la presentación de la primera "macrodenuncia" ante la Fiscalía Superior de Madrid por las muertes de 111 mayores no asistidos en residencias durante la pandemia supone un avance significativo. A diferencia de las querellas anteriores, esta explora una vía completamente nueva al acusar a 29 personas de un delito continuado de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", según el artículo 511 del Código Penal.

Este enfoque permite a las organizaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia reabrir la posibilidad de que los responsables del bloqueo de derivaciones hospitalarias, incluidos altos cargos de la Comunidad de Madrid, sean juzgados no solo por las muertes, sino por haber privado a los mayores de la atención médica a la que tenían derecho. 

Es decir, que, independientemente de los resultados fatales, el simple hecho de que se les negara la atención sanitaria constituye un delito. Además, esta vez la querella se presenta con pruebas hasta ahora inéditas que documentan el conocimiento de las autoridades sobre la situación en los centros de mayores.