La familia de Manuel José García Caparrós, muerto en Málaga por disparos de la policía en una manifestación de 1977 por la autonomía plena de Andalucía, está ya pendiente más de lo que se decida en el Congreso de los Diputados con el proyecto de Ley de Memoria Democrática que de lo que haga el Gobierno de su comunidad, cuyo actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, a punto de finalizar la legislatura, aún no ha accedido a recibirla. Este sábado, 4 de diciembre, se cumplen 44 años de aquel crimen y todavía no se ha aclarado nada de lo sucedido.

Aquel día, García Caparrós, trabajador de Cervezas Victoria y afiliado de CCOO, que con 18 años aún era menor de edad según la ley de la época, iba a la cola de la manifestación cuando la marcha pasaba por delante de la Diputación de Málaga. Entonces, alguien puso junto a la bandera de España que ondeaba en el edificio la blanca y verde de Andalucía que el presidente de la Corporación provincial había prohibido terminantemente mostrar. Según contaron las crónicas periodísticas de aquella movilización, en la zona se habían congregado también militantes de extrema derecha conocidos en la ciudad por sus acciones violentas. Luego vinieron los disparos, supuestamente de la policía, que acabaron con la vida del joven manifestante.

Manuel José García Caparrós fue declarado Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo en 2013, la anterior presidenta de la Junta, Susana Díaz, prometió, tras reunirse con su familia, que su caso sería el primer expediente que se abriese con la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática aprobada en 2017, pero desde la llegada al ejecutivo autonómico de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, todo se ha ralentizado y apenas se ha avanzado en la reparación de la memoria del joven asesinado. En 2019, su hermana Purificación, en nombre de la Asociación Manuel José García Caparrós, solicitó una reunión con Juan Manuel Moreno, pero hasta ahora sólo les ha recibido el viceconsejero de Cultura, la consejería de la Junta donde se ha ubicado el Comisionado para la Concordia, una nueva figura creada por el autodenominado gobierno "del cambio" para gestionar las políticas de memoria histórica.

"Aquí seguimos esperando a que alguien nos dé una solución, a que alguna vez nos digan algo y esto avance", dice a Público Purificación García Caparrós. "Juanma Moreno ha hecho oídos sordos –añade-, ni respuesta ni recibirnos ni interesarse. Nada. Tuvimos una reunión hace un año en la Junta, pero lo de siempre. Nada. La verdad es que a veces ya una no escucha lo que dicen en esas reuniones, porque llevamos 44 años esperando y no se avanza nada".

La Consejería de Cultura, a preguntas de Público sobre los avances que se han hecho desde la reunión con la familia García Caparrós, ha manifestado que tras el encuentro con el anterior viceconsejero, que califica como "cordial y constructivo", se quedó en mantener un diálogo para volver a reunirse. Pero eso, sin embargo, aún no ha ocurrido debido a que hubo un cambio en el titular de la viceconsejería, cargo que desde el pasado mes de agosto ocupa Macarena O’Neill, anterior secretaria general de Patrimonio, según ha explicado un portavoz del departamento de la Junta responsable de las políticas de memoria histórica.

Ahora, las miras de la familia están más puestas en lo que pueda decidirse en el Congreso, donde se tramita el proyecto de Ley de Memoria Democrática de ámbito estatal. Los grupos de Unidas Podemos y PSOE acordaron el pasado 17 de noviembre una enmienda que prevé ampliar hasta el año 1982 el censo de víctimas del franquismo recogido en la norma para reconocer casos de colectivos o familias con muertes que fueron consecuencia de la represión. Dentro de esos casos estaría el de García Caparrós, asesinado en 1977, dos años después del fallecimiento de Franco y uno antes de la aprobación de la Constitución.

Sin embargo, aún queda por establecer qué tipo de reparación se hará a esas víctimas durante la tramitación del proyecto de ley que se ha vuelto a estancar en el Congreso. El grupo socialista anunció la semana pasada la congelación de la tramitación con el objetivo de conseguir nuevos apoyos para que cuente con el mayor consenso posible en la Cámara. De esta forma, un proyecto que fue aprobado en julio por el Consejo de Ministros y que en octubre superó las enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox y ERC, aún tendrá que esperar un tiempo antes de ser una realidad legislativa.

Purificación García Caparrós, no obstante, recuerda que la familia ha propuesto siempre que se considerase a Manuel José como víctima del terrorismo y fuera incluido, por tanto, dentro de la normativa que ya existe para las personas que sufrieron un atentado terrorista. "Tampoco en eso nos han hecho caso –se lamenta-, porque no lo consideran que sea así. Pero lo que pasó a mi hermano fue un acto terrorista, le pese a quien le pese. Todo estaba premeditado".

Dos miembros del Gobierno central, su entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, recibieron hace un año, en las vísperas del 4 de diciembre, a las hermanas García Caparrós. En aquel encuentro, ambos dirigentes de Unidas Podemos aseguraron a la familia que la nueva ley incluirá también a víctimas como el joven asesinado en Málaga, dado que amplía el periodo contemplado más allá de la muerte del dictador Francisco Franco.

Cautela de la familia ante la nueva ley

El abogado de la familia, Luis Ocaña, muestra, sin embargo, cautela ante estos anuncios, porque, primero, se tiene que aprobar la nueva ley, advierte. "Esperemos que haya un marco de derechos más amplios para la familia. Puede suponer un avance que se recojan periodos de tiempo más amplios, pero estamos pendientes de lo que se apruebe finalmente", manifiesta el letrado a este periódico.

Según Ocaña, en Andalucía el tema se halla aún más parado, porque desde la reunión que mantuvieron con el Comisionado de la Concordia de la Junta no han recibido ninguna información, ninguna comunicación, nada que haya supuesto un avance en la reparación de la memoria de Manuel José García Caparrós, a pesar de que fue declarado Hijo Predilecto de esta comunidad autónoma a título póstumo hace ocho años. Al anunciar la creación de esta nueva figura, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, explicó que su objetivo era "ampliar y mejorar" la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, pero también precisó: "vamos a trabajar con calma y tranquilidad". El abogado de la familia lo ve de otra forma: "está todo desactivado como consecuencia del pacto de las derechas en Andalucía".

De hecho, desde su nombramiento en abril de 2020, a Francisco Javier Arroyo Navarro apenas se le conocen intervenciones públicas, medidas acordadas como Comisionado de la Concordia que hayan trascendido, salvo una, el informe que emitió el pasado mes de julio en contra de la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de retirar la placa conmemorativa de la casa natal de José María Pemán, porque, a su entender, eso suponía una "errónea aplicación de la Ley Histórica y Democrática".

Paralización de la memoria histórica en Andalucía

Nada de esto extraña a la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, que lleva toda la legislatura del gobierno de PP y Ciudadanos, a punto ya de expirar, denunciando la paralización y abandono de las políticas memorialistas en esta comunidad autónoma. En su balance de 2021, presentado este jueves, afirma la Coordinadora: "en definitiva, se consolida el desmantelamiento progresivo de las políticas memorialistas en Andalucía, acelerado con la pandemia covid, a través de una permanente inanición presupuestaria, un incumplimiento reiterado por parte del Gobierno Andaluz de la Ley de Memoria Histórica y Democrática para Andalucía y, con esto, un absoluto abandono de las víctimas y sus familias. El Gobierno andaluz va a dejar pasar toda la Legislatura sin aprobar ninguna iniciativa propia para la reparación y la dignificación de las víctimas del franquismo. Su hoja de ruta memorialista es acabar con estas políticas".

Su vicepresidente, Antonio Manuel Mateos, asegura que en Andalucía no se ha hecho nada en los últimos años para la reparación de las víctimas del franquismo, "ni siquiera un sencillo acto de recuerdo", ni a García Caparrós ni a nadie. Ese desdén, a su juicio, se plasma de forma flagrante en el incumplimiento reiterado del artículo 17 de la ley andaluza, que declara el 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, y dispone que las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y homenaje, con el objeto de reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades.

"Nos parece una auténtica anomalía, una forma de no querer reparar el daño para rescatarlos del olvido, de atentar contra la memoria. Estas víctima fueron asesinadas dos veces, primero de un tiro y después condenadas al olvido", se lamenta el portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.

A todo esto ha contribuido, además, la decisión de suprimir las oficinas de atención a las víctimas que antes había en las delegaciones provinciales del Gobierno andaluz, según Mateos. "Rompieron todo vínculo entre la Junta y las víctimas y sus familiares. ¿Cómo se van a ocupar de organizar un acto de homenaje?", reprocha el vicepresidente de la Coordinadora que tampoco ha sido recibido por el presidente de la Junta, un encuentro que ya solicitaron en el mes de mayo de 2020.

Tras la reunión que mantuvo la anterior presidenta de la Junta con las hermanas García Caparrós, el Gobierno andaluz, entonces del PSOE, solicitó al Congreso de los Diputados el expediente completo sobre la muerte del joven malagueño. En esa petición se alegaba que la información que se había proporcionado a la familia tenía tachaduras, estaba incompleta, era parcial y sólo podía haber sido consultada por una diputada que no pudo hacer fotocopias del informe. La Mesa de la Cámara rechazó, sin embargo, la petición amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, que impide revelar, hasta pasados 50 años, los expedientes en los que estén involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado.

Para que se cumpla ese plazo quedan todavía seis años, sin embargo, aunque ya no esté tan lejos ese momento, la familia García Caparrós tampoco es optimista sobre lo que pueda pasar. "Cuando se cumplan los 50 años, no aparecerán ni la mitad de los documentos sobre lo que sucedió realmente en 1977", afirma su abogado.

Mientras, las hermanas García Caparrós seguirán asistiendo a los únicos actos que se siguen organizando cada 4 de diciembre en recuerdo de Manuel José, los que convocan algunos ayuntamientos y asociaciones memorialistas. Este año van a ir al que se ha organizado en Puerto Real (Cádiz), donde su ayuntamiento ha convocado este fin de semana un certamen de pintura urbana en el marco de los actos del llamado Día Nacional de Andalucía, que tendrá lugar en la plaza que lleva el nombre de Manuel José García Caparrós. Allí, quienes quieran participar pintarán murales artísticos que deberán versar sobre la celebración del 4 de diciembre.

Manuel José García Caparrós compartió a título póstumo en 2013 la declaración de Hijo Predilecto de Andalucía con otro malagueño, el actor Antonio Banderas, y con la pintora sevillana Carmen Laffón. Desde que PP y Ciudadanos gobiernan la Junta, han recibido esta distinción, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz, José Luis García Palacios, expresidente de Caja Rural del Sur, también a título póstumo, el empresario de Macael (Almería) Francisco Martínez Cosentino, el periodista de ABC Antonio Burgos, el torero Curro Romero y el cantante Raphael.