Joan GaspartUn juez cita como imputado a Gaspart por supuesta estafa a un príncipe saudí

Un juez ha citado como investigado al empresario hotelero Joan Gaspart, a raíz de la querella por estafa interpuesta por la sociedad Barcelona Project's, del príncipe saudí Turkin Bin Nasser, que le acusa de ocultarle deudas de unos 15 millones en el Complejo Real, que estuvo a punto de quebrar cuando gestionaba el hotel Juan Carlos I -ahora a cargo de Fairmont- y de poner al Palacio de Congresos como garantía de un préstamo de 1,6 millones sin el consentimiento de sus propietarios.

En una providencia el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona cita como investigado a Gaspart para el próximo viernes, 21 de diciembre, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara reabrir la causa, que había archivado inicialmente en abril pasado.

El juez ha citado también como investigados, en este caso el 14 de enero, a dos hijos de Gaspart, Juan y José, sobre los que también se dirigía la querella contra el empresario hotelero, que fue presidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003 y actualmente es vicepresidente para Asuntos Internacionales e Institucionales de la Real Federación Española de Fútbol.

La querella pide que se acuerde una fianza a Gaspart por un valor de 16,6 millones de euros, correspondientes a las deudas de 15 millones de euros supuestamente ocultadas ahora derivadas por la Seguridad Social, así como al importe supuestamente estafado mediante una hipoteca solicitada por 1,6 millones y apropiada indebidamente.

El príncipe saudí, representado por el abogado Javier Yagüe, del despacho de abogados Amparo Legal, se centra en su querella en la supuesta estafa llevada a cabo por la "dolosa ocultación de los impagos a la Seguridad Social por importe de más de 15 millones de euros por parte de HUSA y Banquetes Reunidos a Barcelona Project's".Para llevar a cabo esta ocultación de los impagos, Gaspar empleó, según la querella, un acuerdo de resolución de contrato donde se fijaba un precio "que en modo alguno habría sido el mismo de no haber existido el engaño omisivo".

"Es decir, los querellados ocultaron dolosamente las deudas contraídas con la Seguridad Social para, con evidente ánimo de lucrarse, pactar un precio en el acuerdo contraído con la querellada en perjuicio de esta última, acuerdo que jamás habría sido alcanzado de no haberse ocultado la existencia de dichas deudas", apunta la querella.

Según el escrito, el príncipe saudí, movido "por la confianza en la relevancia social y política de Joan Gaspart, en su calidad de ilustre empresario y dirigente de Barcelona", encargó el arrendamiento y explotación de todo el Complejo Real, que incluye el hotel Juan Carlos I y el Palacio de Congresos, durante siete años a Husa, propiedad de Gaspart y su familia.

No obstante, según la querella, Husa y la familia Gaspart, prevaliéndose de su reconocimiento social y empresarial, malbarataron por completo el complejo, buscando su propio beneficio, llegándose a apropiar de importantes sumas de dinero, e incumplieron todas sus obligaciones y las que existían frente a terceros, hasta llevar al Complejo al borde de la quiebra total". De esta forma, Barcelona Project's SA tuvo que afrontar un procedimiento de derivación de responsabilidad, en el que la Seguridad Social le exige al príncipe saudí el pago de dicha deuda.

Además, la querella relata que, aprovechando su situación, Gaspart y su familia, "en una actuación desesperada por obtener dinero" para "atenuar la catastrófica situación financiera de HUSA", solicitaron un préstamo con garantía hipotecaria por 1,6 millones de euros, en el que pusieron como garantía el Palau de Congresos "sin el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de Barcelona Project's", aprovechándose de unos poderes otorgados en el pasado.

"Y todo ello cuando dichos poderes se otorgaron en su momento para explotar correctamente el Complejo y nunca para favorecer a otras sociedades ajenas a Barcelona Project's", indica la querella, que lamenta que el dinero del préstamo acabó en las cuentas de HUSA y que ahora el querellante ha tenido que abonar la cantidad de la hipoteca para evitar la ejecución.