La jornada sobre violencia sexual en España que ha organizado Amnistía Internacional en el madrileño espacio de MediaLab Prado se ha centrado en dos aspectos principales. En la sesión de mañana y por parte de algunos colectivos feministas se han presentado los resultados de informes relacionados con la materia y, tras la pausa para la comida, se han tratado algunos avances que desde las instituciones están llevando a cabo.

Antes del inicio de las mesas programadas para la jornada, José Aniorte Rueda, delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, ha dedicado unas palabras al respecto con las que ha incidido en que el consistorio de la capital quiere liderar ese potencial pacto de Estado contra la violencia sexual.

Rebeca Palomo Díaz, delegada del Gobierno para la violencia de género, ha aprovechado la oportunidad para avanzar que se acaba de realizar una macroencuesta por parte del Estado sobre la violencia hacia la mujer, en donde todos los encuestadores han recibido formación al respecto. “Esperemos que el primer avance de resultados pueda estar para finales de 2019, y los definitivos para principios de 2020”, ha confirmado la representante gubernamental.

Campaña de sensibilización para los hombres

Asimismo, Palomo ha anunciado que durante este octubre y noviembre se llevará a cabo una campaña de sensibilización “también dirigida a los hombres porque queremos interpelarlos directamente a ellos para evitar que cometan agresiones sexuales”, en sus propios términos. Completando su intervención y aludiendo a un tema que se trataría más adelante, también ha hecho público que está en marcha un estudio sobre la violencia sexual en mujeres con enfermedades mentales.

El primer panel de la jornada ha tenido como protagonistas a Virginia Álvarez, que ha presentado el informe de Amnistía Internacional Ya es hora de que me creas, y Virginia Gil, que ha expuesto las conclusiones que desde la plataforma Estambul Sombra presentaron a Grevio, el Grupo de Expertas en la lucha contra la violencia contra la mujer del Consejo de Europa. En el primer caso, Álvarez ha remarcado la importancia de que los profesionales tengan una formación específica sobre el asunto, una cuestión que se repetiría durante las diferentes sesiones.

Algunas de las conclusiones principales del informe de la ONG son la diferencia protocolaria de actuación entre unas comunidades autónomas y otras, la falta de asistencia integral, descoordinación en la atención sanitaria, policía no diligente en algunos casos, la no existencia de asistencia letrada gratuita especializada, que ni la magistratura ni la fiscalía opera teniendo presente el enfoque de género o que la reparación de las víctimas es nula.

No se cumple el Convenio de Estambul

Por su parte, Gil ha utilizado su turno de palabra para incidir en la falta de información en el Convenio de Estambul sobre la violencia machista que se ejerce contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o la inexistencia de un marco integrado por leyes y políticas integrales de prevención. Ha señalado que no existen centros especializados de atención para la violencia sexual abiertos las 24 horas y que la legislación en cuanto al acoso sexual y abuso está demasiado restringida al ámbito escolar.

Sin olvidar lo sucedido con las recolectoras de la fresa en Huelva, la integrante de la plataforma también ha indicado la escasez de inspecciones de trabajo en los casos en las que otras opresiones agravan a la sexual, como a la que sufren las mujeres migrantes o especialmente vulnerables. Su intervención ha finalizado tratando la mutilación genital femenina y la carencia de enfoque preventivo que de él existe en la actualidad, además de que “solo 10 comunidades autónomas incluye esta mutilación en sus leyes integrales, 4 los matrimonios forzados y 1 los crímenes de honor”, según las cifras que maneja la activista.

Migrantes, discapacitadas y jóvenes

En la segunda y última mesa de la mañana, Ángela Botero Pulgarín, en representación de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, ha utilizado un cuento para introducir al auditorio en la cosmovisión que tiene una migrante cuando es violada sexualmente. “Las mujeres migrantes se sienten cómplices al no contar los abusos sexuales que reciben”, ha declarado Botero justo antes de criticar a la delegada del Gobierno por hacer una campaña de sensibilización sin contar con las afectadas, aunque las miradas se perdían en la silla que, hacía unos instantes, Palomo había dejado vacía.

Las inscripciones a las jornadas se habían completado días antes del evento. | Foto: Guillermo Martínez

Cristina Paredero Morato, que trabaja con personas con discapacidad intelectual en la organización Plena Inclusión, ha realizado un emocionante recorrido por sus experiencias vitales. Se ha presentado como una mujer autista a la que nunca entendieron sus padres. La sala se ha estremecido cuando Paredero ha narrado el momento en el que sufrió una violación y cómo la trabajadora social a la que acudió no se lo creyó. En un acto de fortaleza, ha terminado su turno de palabra con una reflexión: “Las mujeres somos luchadoras natas porque estamos acostumbradas a vivir desde que nacemos”.

Rebeca Álvarez López, representando a la fundación Luz Casanova, ha cerrado la mesa dedicada al enfoque interseccional incidiendo en cómo las redes exponen a los jóvenes a nuevas formas de violencia. “Las relaciones de ahora se establecen desde un mundo virtual”, ha comentado esta profesional que trata a chavales con problemas en sus relaciones. Ha alarmado de este hecho ya que “el acoso escolar, en la actualidad, ahora sigue en las redes sociales”, e igual que ocurre con el acoso escolar puede ocurrir con cualquier otro tipo de violencia.

“La edad a la que empiezan a acceder los chicos a la pornografía ahora mismo está en los 8 años porque no hay educación afectivo-sexual”, ha denunciado Álvarez ante un pabellón boquiabierto por el dato. Aunque pudiera parecer que la última ola feminista es un movimiento que esté impregnando a las más jóvenes, la experta ha explicado que “cuando hablas con chicas de 15 a 22 años puedes ver que muchas no tienen problema en autodenominarse feministas cuando no son conscientes de que están viviendo situaciones de violencia machista por parte de sus parejas”.

Lo que dicen las instituciones

Después de la pausa para la comida, el panel programado se ha centrado en las actuaciones integradas y en algunos parámetros de buenas prácticas. Nerea García Llorente, abogada y activista de la Asamblea Feminista de Madrid y de Generando Red contra las violencias machistas ha propuesto indagar más tanto en la prevención como en la protección y la persecución de la violencia sexual, aunque ha remarcado que en este último aspecto no se estaba refiriendo a una persecución típicamente punitivista y penal.

Algunos de los puntos que destacan de su ponencia son: ir más allá del delito y la agresión siendo capaz de ver que esa acción está englobada en la cultura de la violación, adquirir una visión colectiva del conflicto, que las campañas de sensibilización deben ir dirigidas a los hombres para que trabajen sus actitudes y que entender que la violencia sexual tiene relación con la sociedad civil, “como los denominados puntos violeta”, ha ejemplificado la letrada.

Además, ha incidido en lo positivo que sería superar la visión estereotipada de “violador en un callejón oscuro”, en sus propios términos, ya que la mayoría de agresiones sexuales se producen por personas cercanas; y que “tiene que haber más datos porque la opacidad es un tipo de blanqueamiento” tal y como ha denunciado García.

Capacitación antes que sensibilización

Por último y en un coloquio se han tratado asuntos relacionados con la coordinación sectorial e institucional. Tras una breve intervención sobre agresiones sexuales y el papel de los medios de comunicación al respecto por parte de la periodista Amaya Larrañeta, la abogada y formadora en violencia de género de los cuerpos de seguridad del Estado Carla Vall i Duran ha dicho que “los profesionales no se tienen que sensibilizar, sino capacitarse” para enfrentar satisfactoriamente estas situaciones.

La profesional también ha incidió en que lo central por parte de los profesionales del aparato jurídico debe ser creer a la víctima, ya que “lo que demandan las mujeres es poder ser escuchadas”, ha añadido. Así ha resumido una parcela de su trabajo: “A los agentes les pregunto qué es el género o qué entienden por violencia porque lo importante está en esa diferencia entre si el policía percibe que debe actuar con proactividad o lo ve como una acción de su trabajo más”.

La policía madrileña formará a trabajadores de la noche

Marta Fernández Ulloa ha sido quien ha hablado por parte de la Policía Municipal de Madrid al ser responsable de la unidad de soporte y apoyo a la mujer. “La formación la necesitan tanto los agentes especializados como los demás debido a que todos ellos se han socializado bajo los mismos parámetros”, ha declarado Fernández intentado responder a ese mantra en tantas ocasiones repetido durante la jornadas sobre la falta de formación especializada.

Botero se levantó del asiento durante su turno de palabra para relatar un cuento enfocado en las migrantes. | Foto: Guillermo Martínez

La agente también ha incidido en los puntos violeta, ya mencionados con anterioridad, y la relación entre violencia sexual y ocio nocturno. “Hace poco tiempo presentamos un programa al que se pueden adherir todos los locales que quieran y por el que se instruye a su personal sobre el protocolo de actuación ante una situación de violencia sexual”, ha declarado Fernández justo antes de criticar que sea imprescindible denunciar para que se active el protocolo de protección para la mujer agredida.

Falta de recursos para los forenses

La forense Ruth García Martín ha enriquecido la conversación cuando ha dicho que su gremio “tiene que saber recoger las sensaciones y emociones de la víctima porque muchas veces somos de las primeras personas con las que habla, aunque —ha continuado la experta— la parte de feminismo y perspectiva de género sea insuficiente entre los profesionales del sector”.

Ejemplificando la precariedad y la falta de recursos en la que se encuentran, García ha comentado que ellas mismas se llevan a su propio frigorífico las muestras que el ginecólogo recoge de las víctimas para no romper la cadena de custodia. Además, ha denunciado que la formación en este aspecto “recae en la iniciativa y economía personal, algo incomprensible en una administración pública de calidad”, en sus propios términos.

El primer protocolo de actuación urgente

El prisma necesario del ámbito sanitario lo ha aportado Juan Carlos Diezma, integrante del grupo de trabajo que está preparando un protocolo de actuación para la asistencia de urgencia de las víctimas de violencia sexual. Según ha avanzado, todas las administraciones involucradas, tanto locales, regionales y estatales, han llegado a un consenso que próximamente se ratificará.

Entre los avances que Diezma ha presentado al auditorio se encuentra la incorporación de seis nuevos hospitales de atención para las víctimas, ya que actualmente las madrileñas tan solo podían acudir a La Paz. Además, “el protocolo aspira a desvincular la denuncia de la atención sanitaria e irá acompañado de un plan de implementación sustentado en la formación de los profesionales y la petición de los recursos económicos necesarios”, ha finalizado el trabajador de la Consejería de Sanidad.

Por último y gracias a una intervención del público, García ha explicado que en muchas ocasiones se pide una especie de prueba como la ‘credibilidad del testimonio’, algo que se basa en un análisis factorial del relato de la víctima. “Esto es un acto más de violencia institucional”, a lo que Vall ha añadido que “si creyésemos a las víctimas no existirían este tipo de pruebas judiciales”.