Irán ultima una ley que dará una vuelta de tuerca para endurecer los ya de por sí escasos derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres en este país. La nueva propuesta normativa podría restringir aún más el acceso al aborto, prohibir la esterilización y el acceso a los anticonceptivos y limitar de forma drástica los derechos humanos de la mitad de la población. 

Se trata de una norma que bajo el título de Rejuvenecimiento de la población y apoyo a la familia obstaculiza de forma casi total la capacidad de las mujeres a decidir o planificar su maternidad en aras de incrementar la población, un cambio de rumbo en las política de planificación familiar que organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) califican como "delirante". 

A lo largo de la última década, Irán ha ido virando sus medidas de planificación de la población, pasando de una planificación familiar en la que se facilitaba el acceso a métodos anticonceptivos, incluso de forma gratuita en la sanidad pública (medidas que fueron consideradas como una historia de éxito por organizaciones internacionales), hacia otra que prima en exclusiva las medidas para incrementar los nacimientos y el aumento de la población.

En marzo pasado el Parlamento iraní aprobó por primera vez este proyecto de ley. A principios de noviembre el texto fue refrendado por el Consejo de Guardianes, uno de los órganos de mayor poder dentro de la estructura del estado iraní, formado por seis expertos en jurisprudencia islámica. El texto de la ley se hará firme cuando se publique en el boletín oficial, lo que se espera que ocurra el próximo mes.

Desde HRW denuncian que como resultado de este nuevo objetivo demográfico gubernamental, se han propuesto varias leyes que discriminan a la mujer para reforzar su su papel como madre y cuidadora de hijos. 

"La ley de crecimiento demográfico socava descaradamente los derechos, la dignidad y la salud de la mitad de la población del país, negándoles el acceso a información y atención de salud reproductiva esenciales", afirmó Tara Sepehri Far, investigadora de HRW. "Los legisladores iraníes están evitando abordar los muchos problemas serios de los iraníes, incluida la incompetencia del gobierno, la corrupción y la represión, y en su lugar están atacando los derechos fundamentales de las mujeres", añadió.

Restringir el aborto, premiar la natalidad

Varios artículos de la ley propuesta limitan aún más el acceso ya restringido al aborto seguro en el país. El artículo 56 ordena al Ministerio de Salud que establezca un comité que incluya a médicos, juristas islámicos y representantes del poder judicial y del comité de salud parlamentario para redactar nuevos reglamentos para el aborto, que podrían dar lugar a nuevas restricciones. Según la ley actual, el aborto puede realizarse legalmente durante los primeros cuatro meses de embarazo si tres médicos están de acuerdo en que el embarazo amenaza la vida de la mujer o si el feto tiene discapacidades físicas o mentales graves que crearían dificultades extremas para la madre.

Además de restringir la interrupción del embarazo, la norma tiene previsto dar amplios beneficios  a las mujeres con niños, a las mujeres embarazadas y las que estén amamantando y prohíbe despedir o trasladar a una trabajadora durante el embarazo contra su voluntad. Sin embargo, la norma no prevé medidas para atajar la discriminación en la contratación que mantienen a muchas mujeres fuera del mercado laboral, denuncian desde HRW.

La norma también penalizará de forma más férrea la venta de medicamentos abortivos, los abortos ilegales, los sitios web que recopilan información sobre centros de interrupción del embarazo, y el asesoramiento médico fuera de los criterios de autorización para el aborto, y da amplias prerrogativas al Ministerio de Inteligencia y otras agencias de seguridad para activamente perseguir estos "delitos". 

HRW denuncia, además, que esta norma supondrá un férreo control de la producción cultural y de los medios de comunicación, puesto que prohibe producir material cultural que vayan contra las políticas de población del país y ordena a la agencia de radiodifusión estatal de Irán a producir programas que alienten a las mujeres a tener hijos y denuncien las decisiones de permanecer solteras, tener menos hijos o abortar.

Otro de los ámbitos contemplados en la ley es el educativo. En este sentido, la norma que está a punto de aprobarse prevé que el Ministerio de Educación y Ciencias Superiores produzca materiales educativos sobre los beneficios del incremento de la maternidad y los daños que causan los métodos anticonceptivos y el aborto. 

"La negación del acceso al aborto legal y seguro pone en riesgo la vida y la salud de mujeres y niñas. Human Rights Watch ha documentado en países de todo el mundo cómo la criminalización del aborto y la restricción del acceso a anticonceptivos conducen a prácticas más inseguras que ponen en peligro vidas y, en particular, afectan a mujeres de entornos marginados y sobrevivientes de violación y violencia doméstica y sexual", afirman desde la organización de defensa de los derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de abortos inseguros es cuatro veces mayor en países con leyes de aborto restrictivas que en países donde el aborto es legal.

"Esta nueva ley plantea un grave riesgo para la salud y la vida de las mujeres y tendrá un daño duradero", explica Sepehri Far. "Esperar lograr el crecimiento de la población restringiendo el derecho a la salud y la privacidad es una comprensión delirante de la formulación de políticas y una que solo conducirá a abusos de derechos", conclyue.