El Ministerio del Interior ha intentado deportar a algunos de los 35 saharauis que permanecían retenidos en Barajas; sin embargo, al menos un grupo de los solicitantes de asilo se negó a embarcarse en el avión y permanece en las instalaciones del aeropuerto. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, más de 40 personas, entre ellas alrededor de 20 saharauis, fueron trasladadas el domingo desde las salas de asilo a la pista de despegue.

Un grupo de saharauis, que incluía varias mujeres y dos niños de un año, expresó a los agentes de Policía presentes que no deseaban marcharse y que harían "todo lo posible" por resistirse. Debido a esto, no llegaron a bajarse del vehículo policial y fueron regresados a las salas de asilo del aeropuerto, según precisan las fuentes.

Una de las mujeres que iba a ser deportada el domingo y que finalmente se quedó en el aeropuerto es Rachida Amaador, de 32 años, tía de Husein Bachir Amadour, un activista saharaui que llegó a España en patera en 2019 y fue enviado de vuelta a Marruecos, donde actualmente cumple 12 años de prisión.

Deniegan la solicitud de protección internacional 

Según ha informado a EFE su abogada, María Vieyra, después de que su solicitud de protección internacional fuera rechazada, Amaador solicitó un reexamen de su petición, en el que, según la letrada, se presentaron "numerosas pruebas". Sin embargo, esta solicitud fue denegada de nuevo "de manera muy rápida".

Le informaron que sería deportada en un vuelo a Marrakech que partía de Madrid a las 23.50 horas, pero ante su negativa a embarcar en el avión, fue finalmente llevada de vuelta a las salas de asilo del aeropuerto, donde permanece en la actualidad.

Fuentes policiales han señalado a EFE que estas situaciones no son inusuales cuando ciudadanos que van a ser deportados deben embarcar en el avión, ya que en esos momentos intentan resistirse y el comandante de la aeronave decide, por razones de seguridad, que esas personas no viajen. Según las fuentes consultadas, esta es una manera de detener la expulsión y volver a solicitar asilo, incluso si ya se les ha denegado en ocasiones anteriores.

Un grupo de activistas saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas iniciaron el 21 de septiembre una huelga de hambre para exigir al Gobierno de España que cumpla con su "deber" de otorgar asilo político y les conceda la libertad como refugiados. La huelga también busca denunciar las condiciones de "insalubridad" en las que se ven obligados a vivir durante su reclusión. 

Se trata de presos políticos que sufren persecución en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos y que actualmente están a la espera de que Interior resuelva sus solicitudes de asilo. Desde julio, el Ejecutivo ha ido denegando de manera progresiva el estatus de asilo a varias de estas personas, a pesar de que cuentan con argumentos sólidos que demuestran que su vida estaría en grave peligro si regresan a sus lugares de origen. De hecho, su deportación a Marruecos significaría una condena de muerte para los retenidos.

La Convención sobre el Estatuto del Refugiado, a la que España está suscrita, establece en su artículo 33 que "ningún Estado podrá, mediante expulsión o devolución, poner en ningún caso a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad corran peligro".