Intercambio de sillones en las comisiones de cuatro universidades públicas de Madrid para repartir a dedo 50 millones

Las mismas caras en diferentes comisiones de varias universidades públicas para adjudicar fondos europeos. Vicerrectores que participan en calidad de presidentes en unas asambleas y como vocales en otras. Seis personas que ocupan el 66% de los puestos encargados de designar quienes reciben ayudas para el profesorado, según documentación oficial a la que ha tenido acceso Público.

La Universidad Complutense (UCM), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), la Universidad Politécnica (UPM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han realizado un reparto de ayudas de fondos europeos de más de 50 millones con comisiones formadas por varios de sus vicerrectores, que intercambiaron puestos en ellas. Todo ello a pesar de que la norma ministerial para el reparto de estas ayudas establecía que se crearan comisiones "en función del número de ayudas y de ramas o áreas de conocimientos" y que se formaran con "investigadores de prestigio" y mayoritariamente por "miembros externos” a la universidad. 

Las otras dos universidades públicas madrileñas -la Universidad Autónoma (UAM) y la Universidad Carlos III (UC3M)- se ciñeron a la orden ministerial y han optado por una composición distinta. Público ha consultado a las cuatro universidades implicadas pero no ha obtenido respuesta.

En los cuatro centros donde se ha producido este intercambio de sillones aparece Asunción Gómez Pérez, vicerrectora en la Universidad Politécnica, como parte de subcomisiones para atribuir 50,2 millones de euros en ayudas al profesorado y jóvenes doctores. Hasta en tres consta Visitación López, vicerrectora en la Universidad Rey Juan Carlos, y en tres también Javier de la Mata de la Mata, vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Alcalá. Y así sucede con otros tres profesores presentes en más de un comité de selección. Diferentes universidades y mismos rostros.

"Lo han amañado para aparentar una evaluación externa cuando cada universidad ha realizado la evaluación de manera totalmente interna utilizando estas comisiones como pantalla", declara a Público personal universitario conocedor del proceso, que prefiere mantener el anonimato para evitar represalias.

Las ayudas "para la recualificación, la movilidad internacional y la atracción de talento" fueron anunciadas por el Ministerio de Universidades en abril del 2021 y las bases para su reparto fueron publicadas en la Orden UNI/551/2021 del 26 de mayo. Estos fondos, conocidos como "Next Generation UE", aportan a las arcas de las universidades públicas un total de 351 millones de euros.

Estas cuatro universidades mencionadas reciben un total de 351 ayudas, que se pueden dividir en tres modalidades: la ayuda Margarita Salas, pensada para jóvenes doctores; la ayuda para la recualificación, para profesores contratados; y la ayuda María Zambrano, dedicada a la atracción de talento extranjero, un déficit que sufre la universidad pública española. 

El reparto del dinero, a invertir en tres cursos, fue de la siguiente manera: a la Universidad de Alcalá le correspondieron 6,8 millones de euros; a la Universidad Complutense, 25,6 millones; a la Politécnica, 10,6; y a la Rey Juan Carlos, 7,2 millones de euros.

La forma de organizar estas comisiones

La Orden del Ministerio de Universidades asegura que para el reparto de ayudas cada universidad deberá formar comisiones "en función del número de ayudas, rama o áreas de conocimiento". Aunque se dejaba a cada centro la libertad para decidir el número de comisiones, la norma ministerial sí marcaba que se crearan "en función del número de ayudas y de ramas o áreas de conocimientos". Pero estas universidades formaron una única comisión para todas las ayudas. 

De las 24 plazas en las comisiones, seis personas se repiten y ocupan dos tercios de los asientos

Además, la orden ministerial exige que estos grupos los formen "investigadores de prestigio", aunque estas universidades se han apañado con varios vicerrectores. De las 24 plazas, seis personas se repiten y cubren 16 plazas. Es decir, que seis personas llenan dos tercios de las plazas de los comités. 

Las personas involucradas son Asunción de María Gómez Pérez, vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM (aparece en las cuatro comisiones); Visitación López-Miranda González, vicerrectora de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos (aparece en tres de las cuatro comisiones); Javier de la Mata de la Mata, vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad de Alcalá (aparece en tres de las cuatro); Jesús Alberto Messia de la Cerda Ballesteros, vicerrector de Profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos (dos de cuatro); Sebastián Sánchez Prieto, vicerrector de Personal Docente e Investigador en la Universidad de Alcalá (dos de cuatro); y Margarita San Andrés Moya, vicerrectora de Investigación y Transferencia en la Universidad Complutense (dos de cuatro). 

Conflicto de intereses aparente

Otra de las condiciones para montar estas comisiones es que haya, mayoritariamente, "miembros externos" de la universidad que convoca la comisión. Con esta condición, el Ministerio de Universidades pretendía esquivar el conflicto de intereses o el amaño de las ayudas, pero no se contempló la posibilidad de que varias personas intercambiasen posiciones en sus comisiones, algo que terminó ocurriendo. 

Estas cuatro universidades cumplen el requisito y en todas hay mayoría de miembros externos, aunque estos seis vicerrectores ocupan el 66% de las plazas de las comisiones. Aun así, la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Rey Juan Carlos juegan al límite de las posibilidades y ocupan el 42% (tres de siete miembros) y el 40% (dos de cinco) de las comisiones con miembros propios. 

El conflicto de intereses queda definido en el artículo seis de la orden HFP/1030/2021 del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En ese apartado, se definen el conflicto de intereses aparente, el potencial y el real. En cuanto al conflicto de intereses aparente, se produce "cuando los intereses privados de un empleado público o beneficiario son susceptibles de comprometer el ejercicio objetivo de sus funciones u obligaciones". Todos los integrantes tuvieron que presentar firmado un documento predeterminado en el que dejaban clara su ausencia de conflicto de intereses.