Aunque con algo de retraso, la campaña de recogida de frutos de rojos de Huelva acaba comenzar. El miércoles atracó en Algeciras el ferry con el primer contingente de temporeras marroquíes, casi 800 trabajadoras de las 12.300 que han sido contratadas en origen, según la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de la provincia, que recuerda que las trabajadoras marroquíes representan alrededor de un 10% de la mano de obra que suele contratarse cada temporada (un total que oscila entre los 90.000 y 115.000 contratos).

Desde que en 2007 se puso en marcha el programa GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen) de migración circular, por el que las mujeres vuelven a su país cuando acaba la campaña de la fresa, las condiciones laborales de estas trabajadoras en algunas fincas onubenses han ido llenando titulares —nacionales y extranjeros— que hablan de diferentes abusos.

Condiciones que no se ajustan a las firmadas en los contratos, jornadas extenuantes, alojamientos con malas condiciones, horas extra no pagadas, sanciones por parte de los empresarios e incluso casos de acoso y abuso sexual que, sin embargo, no han encontrado condena de los tribunales españoles hasta el momento.

El pasado verano, la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, se comprometió a "intensificar" la labor de la Inspección de Trabajo  durante la campaña del fruto rojo de 2022 y a prestar especial atención a las condiciones de las trabajadoras migrantes. Lo hizo después de recibir en el Ministerio a una delegación del colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha y a las autoras de un documentado informe con testimonios recogidos in situ sobre las precarias situaciones de las jornaleras en Huelva, realizado por el colectivo La Laboratoria. En ese informe daban cuenta de algunas carencias en la labor de la Inspección de Trabajo, al menos, ante las denuncias elevadas por el colectivo.

Fuentes del Ministerio explican a Público que las actuaciones de la Inspección empezarán en febrero, prorrogándose las visitas planificadas en el campo hasta la finalización de la campaña, a principios de verano. Para este año, Trabajo "mantendrá la intensificación de las actuaciones" de la Inspección, que ya aumentó su presencia en 2021. Estas fuentes recuerdan que más del 90% de la actividad en el sector agrario de Huelva de este departamento corresponde a la campaña del fruto rojo normalmente.

No precisan un aumento del número de inspectores, ya que el crecimiento de las plantillas es lento y requiere convocatoria de oposiciones y formación práctica, algo que ya está en marcha a nivel nacional —los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén un aumento del 16,3% del gasto en personal de la Inspección de Trabajo—.

Lo que sí detallan es que habrá más vigilancia e inspecciones que en 2021 y que los esfuerzos de los inspectores se centrarán en "actuaciones más amplias y complejas" y con más presencia física en las instalaciones de las empresas. Se prestará más atención, además, a aspectos menos burocráticos y documentales. Entre ellos, las condiciones de seguridad y salud en los puestos, las condiciones de los alojamientos proporcionados a las trabajadoras en las fincas y los tiempos de las jornadas.

Además, Trabajo considera que la implantación de los planes de igualdad y no discriminación obligatorios para empresas de más de 50 trabadores, que entra en vigor en marzo, "permitirá un aumento de las actuaciones" en este campo. También asegura que se intensificarán los trabajos en materia de acoso sexual por razón de sexo "vigilando que las empresas cumplan con la obligación de tener el protocolo de acoso". Sin embargo, recuerdan que las competencias del Ministerio son limitadas en este campo, ya que las denuncias que puedan interponerse siguen la vía penal.

Desde 2020, el departamento de Yolanda Díaz ha reforzado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el campo español, provocando incluso las quejas de patronales agrarias y empresarios del campo. En el caso de la provincia de Huelva, las estadísticas de 2021 mostraron una mayor presencia de inspecciones, expedientes y sanciones.

Según los datos facilitados por Trabajo, los expedientes en el sector agrario onubense aumentaron casi un 28% respecto a 2020, pasando de 1.226 a 1.845. Un aumento "muy considerable", inciden, teniendo en cuanta que el total de expediente abiertos por la Inspección en la provincia se ha mantenido estable, en torno a 6.600 los dos últimos años.

En total, se han sancionado 292 infracciones que afectaban a 3.557 personas trabajadoras. Las multas impuestas han superado el millón y medio de euros, a los que hay que sumar 1,4 millones en expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social. El Ministerio también señala que, gracias a la Inspección de Trabajo, se han transformado en indefinidos más de 4.100 contratos temporales irregulares.