La publicación del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia ha espoleado las reclamaciones contra las inscripciones eclesiásticas en todo el territorio español. Desde que el pasado 16 de febrero el Gobierno entregara al Congreso de los Diputados el catálogo con las casi 35.000 inmatriculaciones practicadas entre 1998 y 2015, decenas de mociones municipales y parlamentarias han sido presentadas en ayuntamientos y cámaras autonómicas.

Entre los consistorios de mayor envergadura, el de Pamplona ha sido uno de los primeros en reaccionar. Un acuerdo municipal suscrito por el PSN, Bildu y Geroa Bai pondrá en marcha una investigación para determinar si el interés patrimonial del Ayuntamiento se ha visto afectado por alguna de las inscripciones episcopales.

La batalla de las inmatriculaciones en Navarra tiene ya un largo recorrido. No en vano fue aquí donde se inició hace ya casi quince años el movimiento ciudadano contra el privilegio registral de los obispos que hoy se ha extendido a casi todas las comunidades autónomas.

También el Ayuntamiento de Valencia se apresuró a pedir un informe para examinar el patrimonio inscrito por la Iglesia, cuyo número asciende en la capital a casi medio centenar de bienes. Joan Ribó precisó que en algunos de ellos "no está clara su pertenencia a la Iglesia".

Muchos otros consistorios igualmente han puesto en marcha su maquinaria administrativa, una vez que han conocido el inventario de bienes inmatriculados en su término municipal. Es el caso, por ejemplo, de Outeiro do Rei, en la provincia de Lugo, cuyo Ayuntamiento ha aprobado una moción para anular posibles inmatriculaciones "incorrectas" de la Iglesia, como "campos de la fiesta" o "caminos".

Lo llamativo en este municipio es que el alcalde pertenece al PP, lo que evidenciaría que la cuestión de las inmatriculaciones no es una reclamación de tinte partidista alentada por grupos progresistas. La iniciativa, aprobada por unanimidad a propuesta del BNG, dejó fuera finalmente la devolución de la casa rectoral, "construida con aportaciones de los vecinos", según indicó el partido nacionalista gallego.

Miranda (Burgos) también estudia reclamar alguna de las 14 inmatriculaciones registradas por la Iglesia en el municipio, según indica el equipo de Gobierno local. El grupo municipal de IU ya ha anunciado que prepara una moción para instar al Ayuntamiento a que mueva ficha.

IU ha sido una de las formaciones más activas en toda España tras la publicación del informe de inmatriculaciones elaborado por el Gobierno, que desiste de promover una solución legislativa global, tal como prometió en la investidura Pedro Sánchez, y abandona a los ayuntamientos y particulares para que litiguen en los tribunales con la Iglesia.

IU ha tomado la iniciativa en muchas capitales de provincia, particularmente en Castilla y León, donde han difundido comunicados pidiendo la nulidad de las inmatriculaciones por tratarse de inscripciones presuntamente inconstitucionales. En León, Palencia, Segovia y Salamanca, al menos, han exigido la reversión del proceso inmatriculador, que califican como "asunto de Estado".

También se han pronunciado en La Rioja, donde 266 bienes figuran en el catálogo de inmatriculaciones. En Alcalá de Henares, exigen la devolución de la plaza de los Santos Niños, inscrita por la Iglesia a su nombre en 2003.

La cascada de reclamaciones ha empujado a la coordinadora Recuperando, que agrupa a más de veinte asociaciones patrimonialistas, a diseñar un modelo de moción municipal para recabar las notas simples del registro, lo que facilitaría considerablemente la identificación de los bienes. Recuperando exige una respuesta política articulada por el Gobierno para la nulidad de las inscripciones y la protección legal de los bienes de dominio público.

Grupos católicos y movimientos laicistas

Muchas han sido las asociaciones que se han pronunciado estos días de forma crítica contra el incumplimiento electoral del Gobierno de coalición. Más de 200 grupos, comunidades y movimientos católicos integrados en Redes Cristianas han hecho público un comunicado de denuncia.  "No se puede recibir como bueno lo que justifica una apropiación fraudulenta", señala el documento. La organización hace un "llamamiento a todos los cristianos y cristianas" a rechazar este inventario porque supone una "amnistía o justificación indirecta de la apropiación inconstitucional de los bienes públicos".

También se han movilizado numerosas agrupaciones locales de Europa Laica, entre ellas las de Granada, Rivas o Córdoba. Y la Plataforma Mezquita Catedral, la que más visibilidad ha dado al movimiento patrimonialista, ha enviado una carta a la vicepresidenta Carmen Calvo para recordarle que en 2018 participó como jurista en un informe municipal que reclamó la titularidad pública del monumento omeya y promovió un recurso de inconstitucionalidad contra las inmatriculaciones.

En el Congreso de los Diputados y las cámaras autonómicas también se han sucedido las mociones parlamentarias. Izquierda Confederal, que agrupa a Adelante Andalucía, Compromís, Más Madrid, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem, ha presentado una moción en las Cortes de cuatro puntos. En su propuesta, insta al Gobierno a tramitar una "reforma de la Ley de Patrimonio Histórico", que blinde los bienes de dominio público de "raíz religiosa" aunque no estén expresamente inventariados por el Estado. Asimismo le exhorta a "explorar las medidas legislativas para declarar la nulidad por inconstitucionalidad sobrevenida de todas las inmatriculaciones".

En el País Vasco, el grupo Elkarrekin Podemos IU también ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que solicita al Gobierno autonómico la elaboración de un "listado exhaustivo" de bienes inmatriculados en Euskadi, que incluya las inscripciones eclesiásticas desde 1946. La PNL también reclama la nulidad de los asientos registrales que se hayan practicado únicamente mediante certificación diocesana y la aplicación de una reforma legislativa que proporcione una  "solución definitiva a la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa".

En las Juntas Generales de Araba, EH Bildu ha registrado una moción para recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia. Para ello, propone que en un plazo de seis meses se elabore un informe completo sobre los inmuebles registrados y se preste asesoramiento jurídico e histórico a los ayuntamientos.

El Parlamento de Navarra, por su parte, celebrará una sesión de trabajo con representantes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra, que agrupa a casi 200 ayuntamientos, para examinar el informe del Gobierno central y estudiar las medidas pertinentes para la "recuperación" de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica.

En Canarias, Sí Podemos ha pedido la comparecencia del Gobierno autonómico para que dé cuenta de las "implicaciones de las 538 inmatriculaciones que ha detectado el Ejecutivo" en el listado de bienes registrados por la Iglesia. "Los gobiernos central y autonómico deben poner a disposición de ayuntamientos y particulares el apoyo para recuperar los bienes indebidamente inmatriculados", subrayó.

En la Comunidad Valenciana, la consejera de Transparencia y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores al objeto de estudiar qué mecanismos están disponibles para revertir inmuebles supuestamente públicos. "Trabajaremos para que los bienes públicos expoliados por la Iglesia retornen a la ciudadanía valenciana", declaró.

En Galicia, el BNG exige que el Gobierno central anule las inscripciones de bienes de dominio público, muchas de las cuales, indicó, carecen de título que acredite la titularidad.

El informe del Gobierno ha despertado hasta las críticas de sus socios de coalición, cuyo grupo parlamentario ha emitido un comunicado pidiendo la recuperación de los bienes inmatriculados, tal como se acordó en el punto 5.11 del acuerdo de legislatura entre el PSOE y Unidas Podemos.