“Si el gobierno municipal no mueve ficha y pone las cosas en su sitio, poco movimiento va a haber, aunque nosotros mantenemos nuestra disposición total a hablar. Hasta las ocho de la mañana del lunes, que es cuando comienza la huelga, estamos dispuestos a sentarnos a negociar”, explican a Público fuentes del comité de empresa de la contrata de parques y jardines de Zaragoza, que tienen convocado a partir de este 20 de enero un paro indefinido que va a convertirse en el primer conflicto laboral de calado que PP y Cs, que gobiernan la capital aragonesa bajo la supervisión de Vox, afrontan en esta legislatura.

Las movilizaciones de los jardineros llegan cuando los ánimos ya llevan un tiempo caldeándose también entre la plantilla del autobús urbano, cuyo sindicato mayoritario, el CUT, ya advirtió hace apenas un mes que la inacción del equipo de gobierno de Jorge Azcón (PP) y Sara Fernández (Cs) ante el deterioro de los vehículos está colmando la paciencia de los trabajadores, que hace poco más de tres meses vieron cómo un conductor fallecía después de que la empresa que gestiona el servicio, la multinacional Avanza, le sugiriera que continuara circulando tras sentirse indispuesto.

La próxima negociación del convenio tras caducar el anterior el 31 de diciembre añade más factores críticos para que vuelva a darse una etapa convulsa en este servicio. De ir a la huelga, sería el segundo paro del sector del transporte contra los nuevos gobiernos municipales de la derecha tras el de Madrid en diciembre.

El embrollo de la contrata

En el conflicto de los jardineros priman los factores provocados por el equipo de Azcón y Fernández, que ha encomendado a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) que siga prestando el servicio de manera interina mientras resuelve el embrollo organizado en torno a la contrata, una decisión con la que ha reabierto heridas laborales que, en realidad, nunca habían dejado de supurar por completo.

PP y Cs adjudicaron en septiembre la contrata por 49,2 millones de euros y para cuatro años a Acciona, en una decisión que provocó estupor en medios judiciales locales, ya que se produjo pocos meses después del acuerdo por el que la multinacional de la familia Entrecanales aceptaba pagar 60 millones y dejar otros 87 en manos de un arbitraje para asegurarse de que su nombre no salía en la sentencia del saqueo de la empresa pública Plaza.

Sin embargo, tras un carrusel de recursos administrativos y de dictámenes de los abogados municipales, PP y Cs decidían dejar desierta la adjudicación y mantener eventualmente al anterior contratista, FCC, mientras buscaban una solución que, salvo enmienda, pasará por la división en lotes del servicio. No obstante, la nueva licitación no estará lista antes de que pase el próximo verano.

Tres reivindicaciones básicas

Esa decisión provocó el hartazgo de la plantilla, que rechaza de plano su división. Esa es una de las tres reivindicaciones principales del conflicto junto con la revisión salarial y la aplicación de las cláusulas sociales que la pasada legislatura incluyó el gobierno de ZeC en los pliegos de las contratas municipales, que contemplan aspectos como una mayor presencia de mujeres, programas de conciliación, planes de formación y acciones de inclusión de personas con discapacidades y que ya fueron avaladas por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACPA) del Gobierno de Aragón.

La falta de un convenio colectivo tras haber vencido el último en diciembre de 2017 se une a seis años de congelación salarial en los que el coste de la vida ha subido un 4,4% en Aragón y un 4,3% en Zaragoza, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Esa congelación salarial, además, comenzó tras la huelga con la que la plantilla logró abortar en 2014 los planes de la empresa para bajarle los sueldos una media del 21%. “Sube todo menos nuestro salario, y queremos actualizarlo después de tanto tiempo”, señalan fuentes del comité.

Tras varias sesiones en el Sama (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje) los representantes de la empresa decidieron el pasado miércoles romper las negociaciones y levantarse de la mesa, con lo que la plantilla, de 250 trabajadores, se encamina hacia la primera huelga de la legislatura.

El equipo de gobierno ha impuesto unos servicios mínimos que obligan a trabajar diariamente a 54 empleados, algo que el comité de empresa considera excesivo y que va a recurrir. Por su parte, la consejera de Movilidad y Servicios Públicos, Natalia Chueca, los calificó de “razonables” y ”ajustados a la realidad”.