Huelga general en el campoTrabajar en el campo extremeño: Salarios por debajo del SMI, atrasos e incumplimiento generalizado del convenio

Sube la temperatura en el campo extremeño en los últimos tiempos. Y no hablamos precisamente de las condiciones climatológicas a las que a partir de ahora tendrán que enfrentarse decenas de miles de jornaleros en esta época estival del año, donde las temperaturas llegan a ser extremas. En esta ocasión, el calor del verano viene acompañado del calor del conflicto que se está viviendo actualmente en el campo, entre los sindicatos mayoritarios extremeños y la patronal agraria por la no subida de los salarios a los jornaleros extremeños por parte de un alto porcentaje de propietarios, que se niegan a actualizar sus salarios conforme a la subida del SMI aprobada el pasado 21 de diciembre por el Consejo de Ministros.

Esta situación comenzó a principios de este año, tras la aprobación de la subida, cuando los empresarios y la patronal agraria se negaron a subirle el jornal a sus trabajadores. Para APAG Extremadura, uno de los sectores que conforma la patronal en la región, esto iba a ser la “puntilla para el campo extremeño” ya que supondría la “mecanización o a la contratación de trabajos a empresas de servicios para prescindir de mano de obra asalariada”.

Ante esto, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, decidieron convocar una huelga general en el campo extremeño desde el 21 al 25 de mayo, indicando que tras ocho reuniones de la Mesa Negociadora del Convenio del Campo de Extremadura daban “por rotas” las conversaciones, al constatarse la "nula voluntad de alcanzar cualquier tipo de acuerdo por parte de las Patronales Agrarias". Tres días después decidieron desconvocarla a cambio de acudir junto a la patronal al Servicio de Mediación y Arbitraje de Extremadura para desatascar el conflicto con un laudo de obligado cumplimiento que decidiera sobre la aplicación de la subida.

Conflicto abierto entre los empresarios y los jornaleros extremeños por la aplicación de la subida del salario

Un día después, los mediadores le dieron la razón a los sindicatos, resolviendo que el salario mínimo interprofesional es de aplicación en toda su extensión al convenio del campo de Extremadura y que “el valor mínimo” de la hora de trabajo es de 7,13 euros para cualquier trabajador del campo, con lo que supone un jornal diario de 46,34 euros por seis horas y media de trabajo, contradiciendo lo que pretendía la patronal que se pagara a los trabajadores: 42,62 euros el jornal y un aumento de la jornada laboral, desde las de seis horas y media hasta las ocho. Además, las empresas deberán abonar lo no pagado conforme a la aplicación del salario mínimo.

Sin embargo, parece que este laudo de obligado cumplimiento quedó en papel mojado, por lo que el pasado siete de junio saltó la noticia a los medios: entre 200 y 300 jornaleros de la finca La Adelantada en Badajoz, pertenecientes al Grupo Escobar, hartos de esta situación deciden ponerse de acuerdo para parar la producción y reclamar que se le aplicara la subida salarial. “Son cuarenta años robando. Nos deben muchas cosas: kilometraje, horas extras, horas nocturnas. No es solo esto de la paga, sino de aquí para atrás todo lo que nos deben. Extremadura tiene que cambiar, tiene que ser mejor. Así no podemos estar ¿Los extremeños somos unos cagones o qué nos pasa? Tenemos que ser valiente y pedir lo nuestro” decía un jornalero de la finca en uno de esos vídeos que se han hecho virales durante estos últimos días.

Finalmente, consiguen que la empresa les actualice los salarios a los fijos discontinuos. Sin embargo, en conversaciones con uno de los trabajadores de la finca, que prefiere mantener el anonimato, nos comenta que esa subida ha sido en realidad tramposa: “Desde que se ha aplicado la subida nos absorben los pluses de nocturnidad, toxicidad y antigüedad, de forma que seguimos cobrando lo mismo que el año pasado porque estos pluses nos los descuentan de las nóminas para complementar el salario base”.

La "ruta jornalera"

En medio de este conflicto, que dura ya más de seis meses y que no parece resolverse, es cuando entra en acción la Asociación 25 de marzo, que se define como una “asociación política, cultural e histórica de debate y análisis de la realidad extremeña y recuperación de la identidad popular” y que reclama este día como el día de Extremadura. Tomando el ejemplo de la lucha jornalera que supuso esta fecha del 36 para la región, en la que más de 60.000 jornaleros sin tierras de Extremadura ocuparon de forma pacífica más de 3.000 fincas de terratenientes, convirtiéndose así en la revolución jornalera más grande la historia contemporánea de Europa, han decidido estos días atrás iniciar un campaña, que han bautizado como “ruta jornalera”, donde han trasladado su ámbito de actuación hasta el campo extremeño, “para luchar por los derechos de los jornaleros extremeños en pleno 2019”.

Su reivindicación comenzó el pasado 10 de junio, cuando decidieron ocupar simbólicamente en Mérida la oficina de APAG Extremadura-Asaja, la patronal agraria extremeña, que cinco días antes “recomendó no abonar la subida de salario impuesto por el laudo si los sindicatos van a la huelga”, para de esta forma “señalar a los culpables de que no se esté pagando el SMI a los trabajadores del campo” según palabras de uno de los portavoces de la Asociación 25 de marzo, José Martínez. Tras llegar la Policía Nacional a la sede, abandonaron la ocupación y al día siguiente APAG-Asaja afirmó que habían denunciado ante la justicia estos hechos, calificados por su presidente, Juan Metidieri, como un “asalto” y un “atropello a la propiedad privada” y un “atentando contra la libertad, la democracia y el sentido común” por parte de personas que “no han dado ni una peonada en el campo”. Sin embargo, esta última afirmación se contradice con los hechos, ya que los dos portavoces de la acción, Martínez y Francisco José Cuellar, son jornaleros.

Desde entonces, han iniciado una movilización por los tajos de las Vegas Altas y Bajas de Extremadura, para conocer de primera mano la situación de los jornaleros y de los trabajadores de las centrales hortofrutícolas e informar, de forma altruista, a los mismos de sus derechos.

De esta forma, este medio ha acompañado a los activistas de la Asociación 25 de marzo en varias de sus rutas para escuchar los testimonios de quiénes a la misma hora que nosotros se han levantado “para cobrar en la mayoría de los casos por debajo del SMI” como denuncian desde este colectivo.

A las seis de la mañana comienza la jornada de reivindicación cada día. El punto de encuentro es Mérida, donde activistas de la asociación llegados de diferentes puntos de la región se unen para acudir a la entrada de los diferentes tajos. Cuando todavía el sol no ha salido por el horizonte, se desplazan hasta HaciendasBio, fábrica hortofrutícola situada a diez minutos en coche de la capital extremeña. Antes de las siete de la mañana el goteo de coches de trabajadores que entra en la fábrica no cesa. La mayoría de los perfiles son mujeres muy jóvenes, de apenas veinte años, que llegan desde diferentes municipios de la zona para ganarse un jornal.

Al ser preguntadas por los activistas sobre su situación laboral, reconocen cobrar por debajo del salario mínimo, incluso, una de ellas, al día siguiente contacta con la Asociación para contar su situación y la de sus compañeras. En su llamada afirma que una de sus compañeras les comentó que no le habían dado de alta, por lo que fueron a la Seguridad Social a comprobar si ellas también estaban en esa situación. Para su sorpresa, en dos semanas que llevaban trabajando solo habían cotizado dos días: “nosotras no firmamos ningún contrato al entrar. Se supone que estamos dadas de alta ya, pero no estamos cotizando”.

A pesar de las presuntas irregularidades, la empresa ha recibido el 'Premio Bankia a la mejor Pyme' 

A parte de esto, denuncia el trato que reciben por parte de su jefe, “mi jefe es una pasada. No puedes estar ni dos segundos parada. Te empieza a chillar”; y todo tipo de irregularidades: “En realidad echamos hasta doce horas diarias en muchos casos, aunque el contrato decía que era de ocho horas […] Las horas extras las pagan igual, cuando sabemos que deberían pagarlas a más […] Incluso a una de mis amigas le han dejado a deber nueve horas porque el primer día que entró en la fábrica no había luz, pero no le dejaron irse. Estuvo nueve horas de brazos cruzados”.

A pesar de estas presuntas irregularidades, y de que cobran en torno a 6,5 euros la hora según los trabajadores, la empresa ha recibido el 'Premio Bankia a la mejor Pyme' en los Premios al Éxito Empresarial de Extremadura. Además, en su web se describen como “personas comprometidas. En HaciendasBio las personas son lo primero”.

Continuando con la ruta, se desplazan hasta Villanueva de la Serena para visitar las propiedades de Manuel Rosa, uno de los grandes terratenientes de la zona, que posee las Explotaciones Agrícolas Rosa, central hortofrutícola de 11.000 m2, más de 300 hectáreas en la zona con frutales, una yeguada, bajo las siglas Yeguada Rosa C.B, que cuenta con un centenar de yeguas y ocho sementales, e incluso una gasolinera Cepsa, Jarillas SL. Hasta el interior de la fábrica no pueden acceder y uno de los administrativos de la oficina les invita amablemente a abandonarla, sin ofrecerles tan siquiera la información de la hora del bocadillo para poder hablar con los trabajadores.

Ante esta negativa, tras visitar en Valdivia la central hortofrutícola Canito, viajan hasta una de sus fincas, La Jarilla, situada en el término municipal de Villanueva de la Serena. Son las doce del mediodía, y varias cuadrillas de jornaleros se hayan en la finca recogiendo nectarinas. Aquí existe una aparente paridad, ya que, a simple vista, las cuadrillas están integradas por un número similar de hombres y mujeres. Personas de todas las edades, desde padres a hijos, unidos debajo de las sombras que ofrecen las nectarinas, buscando las mejores frutas para los esportones gigantes donde acumulan la cosecha recogida.

Aquí pueden comprobar de primera mano que tampoco están pagando el SMI, ni cumpliendo con el convenio: a 6,5 euros la hora por jornadas de hasta ocho y nueve horas diarias, en horario partido, en lugar de las seis y media que marca el convenio. Tampoco les pagan las horas extras a más valor ni están recibiendo los atrasos desde enero. Los trabajadores levantan la vista un momento de los frutales para recoger los panfletos que están repartiendo los activistas y continúan con su trabajo. En muchos casos se nota que este es el primer contacto que tienen con algo parecido al sindicalismo, y se asombran de sus derechos recogidos en el convenio.

Algunos ya conocen la labor de la Asociación, “os he visto en el Facebook” comenta uno de los trabajadores. Tienen mucho desconocimiento acerca de lo que deben cobrar y de cómo actuar ante el conflicto: “¿Y nosotros que tenemos que hacer para esto?” pregunta una de las jornaleras. Varios de ellos, le dan las gracias a la Asociación, “muchas gracias por venir hasta aquí. Es un alivio poder hablar con alguien que no sea sólo el manijero y enterarte de tus derechos”. Entonces aparece el manijero de la finca, con rojigualda en el cinturón y en la pulsera incluidas, y en un tono irónico se mofa de lo que viene en el convenio: “¿Para qué tanto dinero?”, afirma mientras revisa las lindes a pleno sol. “Yo lo que quiero es que a mi jefe le vaya muy bien, porque así me podrá ir bien a mí. Hay trabajadores que critican el coche que se ha comprado, pero yo lo veo bien. Eso es sinónimo de que le va bien” asienta.

A la ruta se suma un joven jornalero de la zona. Nos comenta que el conflicto radica también en que los pequeños propietarios, “los que poseen menos de 60 hectáreas, no se han negado a pagar el SMI. Han sido los grandes propietarios los que se han negado y encima han presionado a los pequeños para que no lo paguen. Manuel Rosa ha dicho que no quiere pagarlo y José Escobar, otro de los grandes empresarios de la zona también. Mi jefe por ejemplo sí nos está pagando, pero es un pequeño propietario”.

Antes, de ir hasta allí, visitan las propiedades de Antonio Nieto, que acaba de montar recientemente la central hortofrutícola El Canito en Valdivia. Esta empresa cuenta con esta fábrica de más de 2.000 m² de nueva creación y con más de 120 hectáreas que producen más 3 millones de kilos en frutas como la ciruela, el paraguayo, el melocotón, las nectarinas o el albaricoque. Tiene contratado a unos cuarenta trabajadores en la fábrica y a unos setenta en las cinco fincas que posee. Al llegar a la fábrica están los trabajadores en el descanso. Unos hacen un corro en la puerta, y otros están en una pequeña sala que tienen habilitada como comedor.

Los trabajadores confirman que no están recibiendo el SMI, o que no les respetan el tiempo de descanso, “tenemos media hora para el bocadillo que luego nos hacen recuperar”. Trabajan ocho horas al día. Una de las trabajadoras más mayores del lugar se dirige a la Asociación 25 de marzo: “teníais que haber venido mucho antes. Llevamos muchos años trabajando y los sindicatos no han hecho nada por nosotros”. Otro de los más jóvenes, nos comenta que acaba de entrar en la empresa: “vengo de otra donde me hicieron trabajar 15 horas una noche y decidí irme”.

Al día siguiente, continúa la ruta. Esta vez, comienza en Torrealta, central hortofrutícola situada en Guadiana del Caudillo, visitada días atrás por los activistas de la Asociación: “Hemos venido hasta aquí porque quedamos con algunos trabajadores en venir a primera hora, antes de que entraran y reunirnos con ellos en las puertas de la fábrica para animarlos a que se organicen y se movilicen por sus derechos” comenta Manuel Cañada, uno de los integrantes. Esta empresa es propiedad del que fuera Consejero de Banco Pueyo, Manuel Borrego.

Antes de que lleguen los dirigentes de la empresa, acceden al pasillo interior de la fábrica donde los trabajadores se amontonan en los descansos. Tienen miedo a salir fuera y hacer una pequeña asamblea de trabajadores en la puerta. Todos asienten con la cabeza de forma complaciente cuando son informados por los integrantes de la 25 de marzo acerca de sus derechos, pero la mayoría calla.

Según los trabajadores cobran 6 euros la hora, lejos de los 7,13 euros que marca la ley

Alguno hace el amago de dar el paso y salir fuera, pero llegan los dirigentes de la empresa y se enfrentan directamente con los activistas a voces, sacándoles supuestos asuntos de la vida privada de ellos: “que sepáis que esta gente tiene un currículo detrás” gritan hacia los empleados Manuel Borrego y algunos de los directivos de la empresa, con el objetivo de que no se hable de lo que cobran los trabajadores. Lo cierto, es que según los trabajadores cobran 6 euros la hora, lejos de los 7,13 euros que marca la ley. Los activistas lo califican de “robo hacia los trabajadores”. Borrego no niega que le esté pagando a sus empleados por debajo del SMI. Al contrario, se defiende diciendo que no puede permitirse subirles los salarios, y que la subida supone la “pérdida del negocio” al año que viene.

Según los cálculos, la empresa se ahorra presuntamente en cada trabajador al mes una media de unos 150 euros, que según el laudo debe pagarles a sus empleados, además de la retroactividad. Alrededor de 60 trabajadores hay afectados en la fábrica, lo que supone un presunto ahorro salarial al mes por parte de la empresa de casi 9000 euros, solo en esta fábrica, sin tener en cuenta si los salarios que se pagan en sus fincas están acordes con lo que marca la ley tras esta subida del SMI.

Tras este enfrentamiento verbal entre los activistas y los jefes de la explotación, se dirigen hacia dos fincas más. Una está en el término de Guadiana del Caudillo. Allí continúa la desinformación entre los trabajadores: no saben lo que marca la ley por jornal. Ellos dicen percibir 36,11 euros al día por seis horas y media de trabajo. Además, están obligados a trabajar los domingos también y les pagan lo mismo que los días de diario. Diez euros al día por trabajador es lo que se ahorra el propietario de la finca.

La ruta finaliza con la expulsión de los miembros de la Asociación 25 de marzo de una finca, la última en visitar del día, que está en Torremayor. Los activistas empiezan a hablar con los trabajadores, que afirman cobrar como en la anterior finca visitada: 36 euros limpios al día. El manijero de la finca llega y les dice a los activistas que tienen que abandonar la finca y que no pueden repartir panfletos entre los trabajadores al “ser propiedad privada”. “Yo también soy un trabajador, pero no como ellos” afirma mientras grita cabreado: “habláis mucho de dinero y salarios, pero no habláis de rendimiento”.