Un día después de que se aprobara en el Congreso de los Diputados la Ley de la Eutanasia, Ángel Hernández se ha enterado por Público de que ya es irreversible la decisión sentarle en el banquillo de los acusados. Este viernes la jueza ha firmado el auto de apertura de juicio oral, que recaerá en un juzgado especializado en violencia de género. "Es un castigo muy grande para mí que sea un juzgado de ese tipo el que se encargue de mi juicio", dice Hernández a este diario. "Si solo me piden seis meses de cárcel es porque ya saben que no existe maltrato. Tendrían que haber llevado el caso a un juzgado ordinario", explica.

Se le juzgará posiblemente en el primer trimestre de 2021 por un delito de cooperación al suicidio. "Estoy sopesando si me presentaré al juicio", sostiene, muy indignado Ángel Hernández. Es una decisión que medita, sin tener aún nada claro. "Es humillante para mí que me juzgue un juzgado de violencia de género. No lo voy a consentir. No ha quedado claro en la instrucción que yo maltratara de alguna forma a mi compañera; al revés: la ayudé a acabar con su sufrimiento. Es todo lo contrario", clama Hernández, un día después de que quedara aprobada la Ley de Eutanasia, que permitirá la ayuda a la muerte asistida para las personas que, como María José Carrasco, la pareja de este hombre, padezcan una enfermedad en fase terminal, con sufrimientos insoportables.

María José Carrasco murió el 3 de abril de 2019 en su domicilio cuando, tras el deseo "constante" de la enferma de acabar con su vida, su marido vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita, falleciendo diez minutos más tarde, según el escrito de acusación de la Fiscalía. En él se detalla la historia clínica de María José, que en 1989 fue diagnosticada de esclerosis múltiple, por la que se le concedió una gran invalidez en 1996, ya que necesitaba asistencia para todas las tareas.

Sin ayuda para cuidar a su pareja

Pero la gran invalidez que le concedieron a María José Carrasco no sirvió de nada. Ángel Hernández no obtuvo, a pesar de pedirlo, ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer. Incluso se le denegó una plaza en una residencia para enfermos de ELA. 

La Fiscalía solicita para Ángel Hernández seis meses de prisión y ha anunciado que no se opondría a la petición de un indulto, en caso de que resultara finalmente condenado. "No quiero indultos, eso sería reconocer que yo he delinquido. Y no lo he hecho", dice Hernández, que asegura además: "No puedo luchar contra toda una maquinaria judicial sin sensibilidad alguna. Mis únicos medios son la desobediencia, la insumisión... Me estoy planteando estas medidas porque no puedo consentir que la Justicia me aplique esta maquinaria cruel".

Ángel Hernández no se queja tanto de su situación procesal como del hecho de que sea un tribunal especializado en violencia de género el que le vaya a juzgar.  El caso recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se inhibió en el juzgado número cinco de Violencia sobre la Mujer, cuya titular rechazó asumir la investigación al considerar que la fallecida expresó a su marido "de forma seria e inequívoca" su intención de poner fin a su vida.

Sin embargo, en junio de 2019, la Audiencia Provincial de Madrid acordó que la causa continuara en ese juzgado dado que "aún faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia machista". Olatz Alberdi, abogada de Ángel Hernández, explica el recorrido: "Recurrimos al Tribunal Supremo para que la causa fuera apartada de los juzgados de violencia contra la Mujer, pero no lo admitió. Según la Audiencia Provincial de Madrid, a priori no hay datos suficientes para descartar un caso de violencia, algo absurdo y suficientemente descartado", explica Alberdi a Público.

La letrada indica que "intentaremos que la Ley de Eutanasia nos ayude", pero su cliente no se muestra convencido. "He luchado por esta ley y estoy feliz de que se haya aprobado, pero en mi caso no sé si se podrá aplicar, porque los hechos no ocurrieron en un hospital ni fueron médicos los que intervinieron. Quizá me quieran convertir en un chivo expiatorio", dice Hernández, con preocupación.