El juzgado madrileño que investiga a Ángel Hernández por ayudar a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal, ha dictado auto de apertura de juicio oral, que se celebrará en 2021 en un juzgado de lo Penal especializado en violencia machista, en una fecha aún por concretar. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado que tras este trámite el juicio recaerá en uno de los juzgados de lo Penal especializados en violencia de género, ya que la pena de cárcel que solicita la Fiscalía es de seis meses de prisión.

Precisamente ayer jueves el Congreso de los Diputados aprobó la proposición de ley que regulará la ayuda médica para morir, con una amplia mayoría y el voto en contra del PP, Vox y UPN. La norma pasará ahora al Senado y será aprobada definitivamente en 2021.

Ángel Hernández participó en la concentración que la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) celebró en ese momento en las puertas del Congreso para celebrar una iniciativa por la que llevan 36 años luchando. Sobre este caso la Fiscalía dio a conocer el pasado 28 de octubre que solicitará seis meses de cárcel para el procesado por un delito de cooperación al suicidio con las atenuantes de confesión y parentesco, y anunció que no se opondrá a su indulto.

María José Carrasco murió el 3 de abril de 2019 en su domicilio cuando, estando solo el matrimonio en la vivienda, y tras el deseo "constante" de la enferma de acabar con su vida, su marido vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció, según el escrito del Ministerio Público.

En el escrito de acusación, la Fiscalía relata la historia clínica de la fallecida desde que en 1989 fue diagnosticada de Esclerosis Múltiple, "una enfermedad crónica degenerativa e incurable" por la que se le concedió una gran invalidez en 1996, ya que necesitaba ayuda para todas las tareas. Su marido no obtuvo, a pesar de pedirlo, ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer como una plaza en una residencia para enfermos de ELA que le fue denegada, según el relato fiscal.

El matrimonio contactó con la asociación Derecho a Morir Dignamente dado que María José tenía la firme voluntad de acabar con su vida, expresándolo en múltiples ocasiones. La mujer compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico que fue el que le ayudó a ingerir su marido el día de su muerte, tras lo que avisó a emergencias y esperó a que llegase la Policía, contando lo ocurrido y aportando toda la documentación y vídeos.

El caso recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se inhibió en uno de Violencia sobre la Mujer (el número 5), cuya titular rechazó asumir la investigación al considerar que la fallecida expresó a su marido "de forma seria e inequívoca" su intención de poner fin a su vida. Pero la Audiencia de Madrid acordó, en junio de 2019, que la causa continuara en ese juzgado dado que aún faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia machista.

La defensa de Ángel Hernández recurrió al Supremo, que no admitió su recurso por una cuestión técnica y decretó, el pasado mes de enero, que el caso siguiera en ese juzgado.