Elena perdió a su madre el 2 de mayo de 2020. A sus 93 años, fue una de los 7.291 mayores que murieron sin recibir atención médica en las residencias de la Comunidad de Madrid. No pudieron despedirse, no pudieron estar juntas para decirse adiós. Ella es una de las hijas a las que el Gobierno de Ayuso reclama el dinero que costó el centro en el que estuvo encerrada su madre antes de morir, pero se niega a permitir que "se llenen los bolsillos" con su dolor.

Hace unas semanas, eran Ángela Armingol y María de Álvaro las que denunciaban la última ocurrencia del Ejecutivo madrileño, que "tanto daño" está provocando a las familias. Ahora, es Elena quien se ha decidido a denunciar en una conversación con Público su "terrible" vivencia.

La residencia en la que vivía su madre está cerca de su casa. Elena iba prácticamente a diario a verla, tenían una relación "especial" y "cercana". Pese a ser mayor, la madre de Elena no estaba mal de salud, pero los protocolos de la vergüenza impidieron que cuando enfermó de covid pudiera ser trasladada al hospital y murió. "Ayuso les retuvo, les secuestró y no les dio la oportunidad de que siguieran viviendo", lamenta Elena.

A su juicio, "no hay razón alguna suficiente" como para que, cuatro años después del confinamiento, la Administración reclame el cobro. "Como parece ser que no nos hizo bastante daño con quitárnoslos de esa forma tan cruel, ahora quieren que colaboremos solidariamente con los asesinatos que cometieron en su día", expresa con indignación.

Desde que todo ocurrió, Elena no ha "levantado cabeza". Piensa y repiensa qué es lo que pudo llevar al Gobierno de Ayuso a cometer semejante "barbaridad". Lo recuerda todos los días, con más presencia de la que le gustaría. "Es un dolor que no se va, es totalmente inaudito y reprochable", cuenta.

Al mes de morir su madre, recibió una carta de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, firmada por Javier Corchero Castaño −entonces jefe del Área de Servicios y Prestaciones Económicas−, en la que decía textualmente que la extinción de la prestación económica vinculada al servicio tenía "efectos a partir del día 31 de mayo de 2020 por fallecimiento de la persona beneficiaria". Es decir, el último día del mes en el que falleciera. 

El pasado 2 de abril de 2024 recibió otra misiva certificada donde le reclamaban 589,44 euros precisamente de aquel "horrible" mayo, mes en el que se produjo el fallecimiento. "Lo único que puedo decir, porque ya no me quedan palabras ni lágrimas, es que nos han dejado muertos en vida. ¿Por qué la Comunidad de Madrid reclama ese dinero ahora a las familias de los fallecidos en pandemia? Pues muy fácil, porque se va a llenar los bolsillos con nuestro dolor", expresa.

El trato fue diferente cuando murió su padre

A Elena la situación le sorprendió más si cabe cuando recordó cómo se habían desarrollado los hechos tras el fallecimiento de su padre, en octubre de 2009. "Mi padre murió en la residencia y en ningún momento nos reclamaron el importe de ese mes de octubre. Conozco también casos de amigos cuyos familiares fallecieron en la residencia poco antes de la pandemia y tampoco se les reclamó absolutamente nada. ¿Por qué entonces no y ahora resulta que sí?", se pregunta.

Hecho el daño, Elena solo espera reunir las fuerzas suficientes para seguir adelante. De momento, nada ha conseguido frenar sus ganas de exigir justicia. Por ello, lejos de quedarse de brazos cruzados, ha presentado su caso ante el Defensor del Pueblo y espera una respuesta en los próximos días. Frente a la "crueldad" y la "poca dignidad" de la Comunidad de Madrid, si bien no aspira ni tan siquiera a la reparación, al menos espera que no sigan "removiendo todo" y "agrandando la herida".