El hachazo a las renovables del PP provoca el vertido de 250.000 toneladas de lodo en Madrid

MADRID.- La reforma del sector eléctrico abanderada por el Ministro de Industria José Manuel Soria en 2013 dejaba en una situación crítica a las empresas renovables. El Real Decreto-Ley 2/2013 acababa con el sistema de primas que incentivaban la producción de energía verde pasando a operar sobre un criterio llamado de “rentabilidad razonable”. Las renovables pasaban a recibir únicamente un complemento del 7’5% por los costes de inversión realizados que se retrotrae a la totalidad de la vida útil de las instalaciones.

Esta medida evitaba al Gobierno abonar las ayudas pendientes puesto que, con el nuevo cálculo, la mayoría de empresas ya habían recibido sobradamente ese complemento por los costes de inversión realizados en las plantas. A esta modificación legal hay que sumar la creación de un nuevo impuesto que grava en un 7% la energía eléctrica vendida y producida por renovables.

Las renovables cifran en 3.000 millones las pérdidas

Esto ha obligado a las empresas del sector a refinanciarse con las entidades bancarias o a declarar inviable su actividad basada en energía renovable. Según los informes presentados por el ministerio al Tribunal Supremo justificando el recorte a las renovables establecen en un total de 3.000 millones las pérdidas para las empresas.

Es el caso de la UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Sacyr y Ferrovial encargada de la explotación del secado térmico de lodos de las EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) Sur y Butarque en la región de Madrid. Las alarmas saltaban en mayo de 2014 al evidenciarse el vertido de lodos sin tratar en diferentes localidades de Madrid y Castilla – La Mancha (San Martín de la Vega, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Pinto, Arganda, Loeches, Campo Real, Getafe, Aranjuez y Chinchón en la provincia de Madrid). Las plantas de secado térmico fueron concebidas para reducir el impacto de CO2 de la capital utilizando los lodos para producir energía y para su uso agrícola una vez liberados de patógenos y metales pasados.

Bajo un total secretismo por parte de la anterior corporación municipal, las empresas habían solicitado al Ayuntamiento la finalización del contrato aludiendo la inviabilidad de su gestión, produciéndose además un ERTE que afectó a la mitad de la plantilla. Estos hechos no salieron a la luz cuando los grupos de la oposición en el consistorio (PSOE, IU – Los Verdes y UPyD) mostraron su preocupación acerca de cómo iba a afectar la reforma eléctrica sobre las instalaciones de renovables de la capital.

El responsable del PP en la comisión de medio ambiente únicamente se refirió al impacto de 85 millones que tendría para las instalaciones energéticas municipales, ocultando que en ese momento el vertido de lodos sin tratamiento llevaba produciéndose durante tres y cinco meses.

250.000 toneladas de lodo se han vertido al campo sin  proceso de secado térmico

Desde hace dos años las plantas Sur y Butarque se encuentran en parada técnica y 250.000 toneladas (datos del mes de noviembre) se han vertido al campo sin pasar por el proceso de secado térmico.

Aunque el procedimiento se encuentra dentro de la legalidad y goza de acuerdo con los propietarios de los terrenos, el impacto medioambiental es evidente. Para Chema Dávila, responsable del PSOE en la comisión de medio ambiente, es una práctica “totalmente antiecológica” que deriva en “malos olores, plagas de insectos y la contaminación del suelo y de acuíferos por la presencia de unas partículas llamadas lixiviados. Además, si los acuíferos se contaminan no es algo estático, si se desplazan y pasan por un río subterráneo hace que la contaminación se extienda a otros lugares. A esto hay que sumar el riesgo de volver a los niveles de CO2 anteriores a la construcción de las plantas de secado térmico”.

Pese a que el concejal socialista formulara la cuestión nada más llegar Ahora Madrid al gobierno, no ha sido hasta cuatro meses después cuando hemos conocido la postura de la nueva corporación para solucionar la crisis de los lodos. “El problema es que cada día que pasa sin poner fin a esta práctica el volumen de lodos va en aumento, necesitamos que las plantas vuelvan a funcionar cuanto antes”, sostiene Dávila. A esto se suma que las instalaciones, que costaron 56 millones, fueron financiadas con dinero de la Unión Europea, con un aporte de 10 millones: “Cuando la UE nos dio la ayuda se planteaba que era necesario de hacer un tratamiento con el tema de los lodos para evitar la peligrosidad que tiene echarlos directamente al terreno sin ningún tipo de tratamiento. Con lo cual es realmente grave porque estamos jugando con fondos que no son puramente nuestros y que se han dado desde Europa”, defiende el concejal socialista.

En un primer momento, Ahora Madrid ya ha expresado su intención de poner fin a la concesión administrativa a 25 años que la corporación tiene con la UTE de Sacyr y Ferrovial. Las EDAR pasarían a ser gestionadas por la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid Canal de Isabel II. Aunque todavía se encuentran en negociaciones, es la empresa pública quien deberá abonar al consistorio los costes de operación y mantenimiento de las plantas de secado térmico de lodos propiedad del Ayuntamiento de Madrid. Esta obligación se deriva del Convenio de Encomienda de Gestión que Canal de Isabel II tiene con el Ayuntamiento por el que la empresa “se compromete a sufragar íntegramente el coste de dicho tratamiento que deberá ser ingresado mensualmente al Ayuntamiento”.

Otro de los temas que se encuentra sobre la mesa es el cierre de la planta de Butarque manteniendo la Sur ubicada en Getafe. Para José Antonio Díaz, coordinador general del área de Ahora Madrid, la reducción del volumen de toneladas que genera la capital no hace necesario mantener las dos instalaciones abiertas: “En 2001el volumen de lodos estaba en 400.000 toneladas, en la actualidad generamos 240.000 y la planta Sur por si sola goza de una capacidad de 290.000 toneladas”. Aunque muestra flexibilidad en la solución al conflicto, para Chema Dávila la situación ideal sería mantener las dos plantas abiertas: “consideramos que tienen que estar abiertas las dos plantas por si pudiera aparecer una avería. Hay un volumen de lodos suficiente para mantener ambas abiertas, otra cosa es que económicamente puede ser más o menos rentable. Pero nosotros no estamos por la labor a priori, porque el hecho de tener que despedir a gente hace que no sea la opción más adecuada”.

El fin del contrato con Sacyr y Ferrovial no le saldrá gratis al Ayuntamiento, este deberá pagar a la UTE la amortización correspondiente a los 10 años que restaban para finalizar el contrato de explotación de las plantas. José Antonio Díaz (Ahora Madrid) muestra su disconformidad con este tipo de contratos a largo plazo heredados del anterior gobierno “que precisamente no era de izquierdas”. “En 25 años pueden pasar muchas cosas y no habían previsto que pudiera haber modificaciones en el mercado eléctrico. La idea de construir estas plantas no era mala pero si no querían asumir riesgos lo suyo hubiera sido una explotación mixta con estas empresas, pero claro a 25 años la incertidumbre y los riesgos son muchos”, añade el coordinador.

En lo que respecta al futuro contrato con Canal de Isabel II, el convenio establece que cuando finalice el periodo de amortización de la planta, el Ayuntamiento entregaría a la empresa la instalación para que ésta la operara, “pero a la Sur aun la quedan 10 años para ser amortizada y nuestra intención es explotarla y pasarle los costes al Canal”, afirma José Antonio Díaz. Desde el equipo de gobierno esperan que la planta Sur vuelva a estar en funcionamiento a lo largo de este año.