La cobertura del Ingreso Mínimo Vital (IMV), como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, sigue siendo insuficiente. El último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) señala que, todavía, tres de cada cuatro solicitudes que llegan al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, son denegadas.

De hecho, en el año 2022 Inclusión no fue capaz de ejecutar el total del presupuesto del IMV y devolvió al Estado 453 millones de euros, que habrían servido para sacar de la pobreza hasta 250.000 personas. Pese a que, en el último año se han aumentado el ritmo de concesiones y favorecido la incorporación de nuevos perceptores, aún no son suficientes para que esta prestación alcance los 2.300.000 previstos.

El IMV se aprobó en 2020, en un contexto de alta necesidad y como consecuencia de la pandemia, con la expectativa de reducir el número de hogares en riesgo de exclusión. Pero únicamente el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha podido beneficiar: 611.029 hogares con 755.752 son menores.

A juicio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos podrían responder a la ineficiencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la gestión de estas ayudas. En este sentido, apunta como causas del desperdicio de tiempo de los ciudadanos en la preparación de la solicitud la falta de apoyo de personal que conozca los requisitos y el proceso, o la imposibilidad de conseguir cita presencial en las oficinas del INSS.

"Reclamamos un impulso aún mayor (...) Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside, sin embargo, desde el Ministerio no se ha establecido ninguna coordinación, algo que hubiera ayudado de manera clara a su implantación", insisten desde la asociación.

El colapso de la atención ciudadana ha sido, precisamente, una de las razones que ha conducido a los sindicatos CSIF y CCOO a organizar "la primera huelga de la historia en la Seguridad Social". La convocatoria, confirmada este jueves, prevé paros cada viernes de aquí al 7 de septiembre.

Diferencias por CCAA

A nivel territorial, la cobertura del IVM, según el informe, continúa siendo notablemente desigual en el territorio nacional. Hay comunidades autónomas que tienen una baja cobertura sobre las personas bajo el umbral de la pobreza como Balears (11,4%), Canarias (12,3%) o Catalunya (14,5%), mientras que Ceuta y Melilla (43,2% y 40,3% respectivamente), La Rioja (32,7%) y Aragón (28,3%) se sitúan en cabeza.

En resumen, aunque en el año 2022 se haya superado por primera vez la inversión en Rentas Mínimas que en 2020 hicieron las autonomías (llegando a una inversión del IMV de 2.512,82 millones de euros), la burocracia ha generado un cuello de botella que impide que la ayuda logre ser esa "vacuna contra la pobreza" que pretendía, según el estudio de la ADGSS.