Mina SalamancaEl Gobierno se opondrá a la apertura de la mina de uranio, según Reuters

Una fuente del Gobierno le ha asegurado a la agencia de noticias Reuters que “el Ejecutivo opondrá a la apertura (de la mina)", aunque matizó que “esperará a que se resuelvan los procesos en marcha”. Otra fuente también implicada en el proceso cree que Berkeley está muy lejos de la realidad cuando dice que podrá comenzar pronto la construcción y la actividad de la mina.

"La autorización para construir la mina solo es posible cuando el Consejo de Seguridad Nuclear haya finalizado su informe, que está aún lejos de concluir", asegura la fuente. "En total, el proceso se alargaría al menos hasta 2021".

La minera ha agregado en un comunicado que no ha recibido una notificación oficial ni del Consejo de Seguridad Nuclear o de otro departamento gubernamental sobre sus planes de abrir la mina y que se había puesto en contacto con las autoridades españolas para aclarar la situación. Sobre este respecto, ninguno de los dos organismos ha confirmado la noticia.

Tras conocerse la noticia, las acciones de Berkeley en Australia se llegaron a desplomar el miércoles hasta un 36 por ciento y la empresa solicitó la suspensión de su cotización cuando la caída rondaba el 29 por ciento.

Berkeley pidió al regulador australiano suspender la cotización hasta que la empresa presentase un comunicado o hasta el inicio de la sesión el 19 de octubre.

Una breve cronología del proyecto

El proyecto consiguió las autorizaciones preliminares en 2013, pero desde entonces se enfrenta a la oposición de diferentes grupos locales y tampoco tiene los permisos necesarios. La Comisión Europea, de hecho, admitió a trámite a finales de ese año una denuncia de una agrupación ecologista contra el proyecto. 

En abril del año pasado un juzgado de Salamanca, tras la denuncia de un grupo de vecinos, ordenó la paralización cautelar de la tala de los centenares de encinas que las excavadoras de la minera se estaban llevado por delante para construir el proyecto.

En febrero de 2018 se sumaba Portugal a la ecuación. El país vecino, cuya frontera se sitúa a menos de 40 kilómetros de los terrenos donde se pretendía levantar la mina, reclamaba a España “una evaluación de impacto ambiental transfronteriza” que tuviera en cuenta también las repercusiones del proyecto para el territorio luso.

El Consejo de Seguridad Nuclear pidió, hace un mes, información adicional a los promotores. El informe sobre el asunto, publicado en la web del CSN y fechado en julio, recuerda que el Gobierno pidió a este organismo que justificara la necesidad de disponer de un almacenamiento definitivo de residuos radiactivos en una mina, tal y como había pedido la empresa Berkeley Minera España.

En un informe presentado a inversores australianos, Berkeley aseguró que la mina podría generar importantes flujos de tesorería gracias a la recuperación de la demanda global del uranio, especialmente, la impulsada desde China.