El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado una nota informativa a cerca de 200 ayuntamientos españoles para advertirles de que deberán devolver los fondos europeos Next Generation si se aventuran a desmantelar las zonas de bajas emisiones (ZBE).

A través de una carta, a la que ha tenido acceso Público, el gabinete dirigido por Raquel Sánchez previene a todos los ayuntamientos que han recibido fondos de Bruselas en el último año para planificar entornos libres de emisiones en el centro de las ciudades.

Aunque la misiva va dirigida a todos los consistorios, independientemente del color político, el mensaje es un aviso directo para los municipios en manos de PP y Vox que, tras ganar las elecciones municipales, anunciaron que desmantelarían zonas de bajas emisiones y carriles bici.

El Ministerio recalca que no sólo tendrían que devolver el dinero europeo si eliminan los espacios libres de emisiones, también se exponen a esta sanción si modifican parcialmente el proyecto urbanístico. En la nota se pone de manifiesto que la Ley General de Subvenciones establece que se deberán devolver las ayudas si se da un "incumplimiento total o parcial del objetivo (...) que fundamenta la concesión" de los fondos.

Desde Transportes informan, además, que cualquier cambio en las zonas de bajas emisiones deberá ser notificado a la Secretaría de Estado de Transportes antes de ser ejecutado, quien deberá aprobar el cambio o denegarlo. Si esto no se realiza, los alcaldes se exponen a perder las ayudas que, en algunos casos, son millonarias. 

Las ciudades deberán mantener operativos estos espacios de movilidad sostenible al menos cinco años desde su puesta en marcha para evitar sanciones. Los alcaldes de municipios con más de 50.000 habitantes, además, están obligados a disponer de zonas para restringir el tráfico contaminante y, según la Ley de Cambio Climático, deberían tener estos espacios habilitados en 2023.

Cruzada contra los carriles bici

Este mismo problema, el de tener que devolver las subvenciones europeas, amenaza también a los ayuntamientos de las derechas que han comenzado a desmantelar carriles bici financiados con fondos de la UE. Al menos seis consistorios en manos de PP, Vox y Foro han empezado a movilizar maquinaria para quitar espacio a la bicicleta. Logroño, Valladolid, Palma, Gijón, València y Elche han empezado a eliminar medianas y sustituir vías segregadas por ciclocarriles donde los ciclistas comparten espacio, de manera menos segura, con los coches.

Los seis municipios se exponen a tener que devolver hasta 14,5 millones de fondos europeos otorgados para instalar carriles bici. Según pudo confirmar Público, de este grupo de municipios, sólo uno, Logroño, notificó a la Secretaría de Estado de Transporte su intención de eliminar parcialmente un eje ciclista. El Ministerio denegó el plan e informó al nuevo alcalde riojano que se enfrentaba a la devolución de dinero europeo si proseguía sus planes. El resto de municipios no han comunicado nada al gabinete de Raquel Sánchez y en algunos casos, como Gijón o Elche, ya han comenzado las obras. 

La secretaría general de Transportes, María José Ralló, ya ha movido ficha y, en un acto público a comienzos de septiembre, dejó claro que su equipo ya está "analizando" si se están cumpliendo las normas o no. "¿Qué les pasa a PP y Vox con los carriles bici? ¿Qué problema tiene la derecha y la extrema derecha con el uso de una movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades? [...] ¿Por qué quieren malgastar el dinero y que los ciudadanos respiren un aire de peor calidad?", cargó la política socialista.