Desmantelar carriles bici sale caro: PP, Vox y Foro Asturias se juegan perder hasta 14,5 millones de los fondos europeos

La llegada de PP y Vox a algunos de los principales ayuntamientos de España ha supuesto un cambio drástico en las políticas ambientales y de movilidad sostenible. Al menos seis grandes ciudades en manos de las derechas han anunciado que desmantelarán carriles bici: València, Elche, Gijón, Logroño, Valladolid y Palma. El problema es que buena parte de los kilómetros reservados a la movilidad en bicicleta fueron construidos gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation. Si los nuevos Ejecutivos eliminan estas infraestructuras deberán devolver hasta 14,5 millones de euros entre las seis ciudades, según el análisis realizado por Público de las ayudas aprobadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

El Ministerio de Transportes permanece atento a todo lo que ocurra: "Analizaremos caso a caso: si los Ayuntamientos no cumplen la normativa tendrán que devolver los fondos europeos que han recibido destinados a la construcción de carriles bici y acelerar la movilidad sostenible de acuerdo con los objetivos marcados por la Comisión Europea", argumentan fuentes del Gobierno.

María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, tildaba de "frivolidad" las políticas de movilidad anunciadas por los ayuntamientos de las derechas. "¿Qué les pasa a PP y Vox con los carriles bici? ¿Qué problema tiene la derecha y la extrema derecha con el uso de una movilidad sostenible y la mejora de la calidad del aire de nuestras ciudades? [...] ¿Por qué quieren malgastar el dinero y que los ciudadanos respiren un aire de peor calidad?", se preguntaba".

El montante –los 14,5 millones de euros– es la suma total de las ayudas financieras que los seis ayuntamientos han recibido en los últimos años desde Europa para adaptar sus calles al uso de bicicleta. En cada caso, las partidas van justificadas de forma diferente y abarcan planes genéricos, como el anillo ciclista de Elche, o zonas concretas, como la ampliación del carril bici del margen norte del río en València. Es por ello que el MITMA analizará cada medida ejecutada desde los municipios para determinar si los consistorios tienen que devolver las ayudas en su totalidad o de manera parcial.

Modificar la estructura de los carriles bici

Las actuaciones de los consistorios no van encaminadas a desmantelar de manera radical las vías ciclistas, sino que, en la mayoría de los casos, se modifica el proyecto inicial. En el caso de Gijón, el Consistorio ha decidido eliminar las avispas que delimitan y separan el carril bici del resto de la calzada en la zona de El Muro. De esta forma, los ciclistas circularán en vías compartidas con los coches. Lo mismo ocurre en València, donde los operarios han empezado a eliminar la separación física de los carriles de San Isidro.

La mayoría de dirigentes políticos, como es el caso de Elche, justifican estas transformaciones en la necesidad de descongestionar el tráfico, ya que, según su visión, al reservar un espacio de la calzada al tránsito de bicicletas y patinetes, los coches tienen menos sitio para circular y, por tanto, más posibilidades de generarse atascos. 

Estos argumentos, sin embargo, no eximen a los Gobiernos de tener que enfrentarse a devolver las ayudas, ya que cualquier cambio en los proyectos debe ser autorizado por el Gobierno. "Si un municipio receptor de ayudas quiere modificar un proyecto subvencionado tiene que solicitarlo y el Ministerio de Transporte debe revisarlo y aprobarlo", indican fuentes del gabinete dirigido por Raquel Sánchez.

Según confirman las mismas fuentes a Público, hasta la fecha, de las seis alcaldías que han anunciado o iniciado obras para suprimir las vías ciclistas sólo una, Logroño, ha informado oficialmente al MITMA de sus planes. El Ayuntamiento riojano informó de sus planes y, aunque recibió la negativa a desarticular parte de los carriles, siguió adelante. En respuesta a ello, el secretario de Estado de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, ha enviado una carta al Consistorio para reclamar toda la información, analizar los cambios ejecutados y, de ser necesario, abrir un expediente administrativo para solicitar la devolución de los fondos europeos. Este procedimiento marca el camino de cómo podría actuar el Ejecutivo estatal con el resto de administraciones locales que confrontan con la movilidad en bici. 

"De momento ninguno del resto los Ayuntamientos que han anunciado cambios en los carriles bici lo ha solicitado formalmente y por tanto no pueden hacerlo. Si lo han hecho [eliminar carriles bici], cuando tengamos constancia oficial de ello veremos los siguientes pasos", detallan desde el MITMA.