El Gobierno no descarta ceder la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la Generalitat de Cataluña, pero defiende que se haga "sobre estándares de gestión aceptables" para que evitar que se demoren los plazos, como ya ocurre con las pensiones no contributivas en muchos territorios.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha recordado que el Estado resuelve los expedientes para el cobro de pensiones contributivas en trece días y que los plazos para resolver expedientes para cobrar pensiones no contributivas son "diferentes".

En este sentido, Escrivá ha resaltado que las comunidades autónomas (las encargadas de gestionar estas prestaciones) se mueven en plazos dispares y ha señalado que en Cataluña tardan de media 300 días.

Asimismo, Escrivá ha subrayado que los plazos para las pensiones no contributivas de invalidez alcanzan de media los 180 días en esta comunidad autónoma.

El ministro ha hecho hincapié en que el Ejecutivo pretende que a los ciudadanos les lleguen los servicios público "en la mejor de las condiciones" y ha defendido que, si hay una renta autonómica y una estatal, debería existir una ventanilla única.

"Tenemos que asegurarnos que el IMV se despliega en toda España en condiciones iguales", ha incidido.

De momento, el País Vasco es la única comunidad autónoma que tendrá la gestión íntegra del IMV después de que el PNV alcanzase un acuerdo político con el Ejecutivo para no presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos.